Alrededor de 3 mil habitantes de 18 comunidades de Jerez, municipio de Zacatecas, fueron desplazados a causa de la violencia y el terror que generaron los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Sinaloa hace casi 11 meses y su retorno podría demorar 1 año o más. Esta información forma parte de la investigación especial Los "fantasmas" de Jerez: Las casas y vidas que arrebató el narco.
Hasta mayo pasado, sólo habían regresado poco más de 80 personas, lo que equivale al 2.6 por ciento del total de las víctimas; pues no contaban con las condiciones para volver, principalmente de seguridad, de acuerdo con uno de los desplazados.
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Ello, a pesar de que el gobierno de Zacatecas anunció que a finales de abril que iniciaría la segunda fase del Proyecto Integral de Atención a Víctimas del Desplazamiento Forzado.
Antes, las autoridades hicieron varios recorridos por las comunidades de Jerez para evaluar el estado de las viviendas, los espacios públicos y determinar si faltaba algún servicio, como luz o agua potable.
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La segunda etapa del proyecto consiste en realizar tareas de saneamiento, de acuerdo con la secretaria de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales.
La funcionaria explicó a Grupo Fórmula que todas las dependencias gubernamentales se iban a involucrar porque iban a reparar y reconstruir las viviendas de los desplazados; a arreglar caminos; realizar labores de limpieza y rehabilitar los espacios públicos de todas las comunidades.
¿Cómo han atendido a los desplazados?
Un mes después del anuncio, Francisco, una de los desplazados cuyo nombre se cambió para este texto por su seguridad, dijo a Grupo Fórmula que las autoridades no habían cumplido con su compromiso porque les informaron que sólo iban a apoyarlos con la colocación de vidrios nuevos, chapas y a pintar paredes que fueron ‘grafiteadas’ por los cárteles.
El desplazado denunció que algunas comunidades aún no contaban con el servicio de agua potable. Entre ellas están Cieneguitas, Sarabia, Ordoñez y San Antonio.
Asimismo, comentó que el servicio de alumbrado público tampoco se había instalado por completo. En Palmas Altas, por ejemplo, sólo pusieron 8 lámparas de las 15 que faltaban para alumbrar la comunidad.
No obstante, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, realizó una Mesa de Construcción de Paz en dicha comunidad el pasado 27 de mayo. Ahí se reunió con algunos desplazados y se comprometió a ayudarlos.
“Le hicimos varios planteamientos y peticiones. Parece que está con todo, de que nos apoyen a resarcir todas las pérdidas, los daños. En algunas va a ser al 50 por ciento, como en maquinaria, y en otras cosas sí va a ser ayuda”, expuso una de las víctimas de desplazamiento a Grupo Fórmula.
Tras la visita de Monreal, Francisco aseguró que hubo mayor compromiso por parte de las autoridades estatales con los desplazados porque el gobernador envió maquinaria para continuar con la fase de saneamiento.
“De hecho yo también le pedí el desazolve de tanques y lagunas. Ya se dejaron ir con toda la maquinaria”, expresó.
¿Qué acciones han implementado hasta ahora?
Gabriela Pinedo detalló, en entrevista con Grupo Fórmula, que en el diagnóstico evaluaron las condiciones en las que se encontraban los pozos y si había la infraestructura para abastecer de agua a las comunidades. Lo mismo sucede con el servicio de luz eléctrica.
“La Secretaría de Obras Públicas ha ido resolviendo deficiencias que se fueron encontrando, había mangueras rotas, o los propios motores y mecanismos ya no funcionaban y han estado cambiando las piezas; han estado rehabilitando para que el abasto se restablezca lo más pronto posible”, agregó.
Al mismo tiempo se realiza un proceso de limpieza en lugares públicos y en las viviendas de los desplazados, agregó la secretaria. Debido a que fueron “vandalizadas” por los grupos criminales, tiraron su ropa, destruyeron sus muebles y sus pertenencias.
“Hubo una situación de vandalismo y de deterioro porque es un problema que surge hace más de 2 años y el propio tiempo hizo estragos en las viviendas de las familias”, apuntó.
Aunado a ello, están cambiando las chapas de las casas de los desplazados que ya regresaron a las comunidades y rehabilitando la infraestructura.
El gobierno de Zacatecas cuenta con el apoyo de la subdelegación de la Secretaría de Bienestar y de la Secretaría General de Gobierno.
Darán subsidios a los campesinos desplazados para adquirir herramientas
Por otra parte, el gobierno estatal entregará subsidios de entre 20 y 50 por ciento para que los campesinos desplazados puedan adquirir herramienta y maquinaria para trabajar sus tierras.
“Esto quiere decir que el estado estará subsidiando una parte para que quien lo requiera no tenga que desembolsar el costo solo, sino que se le generen las condiciones para que se pueda adquirir”, explicó Pinedo Morales.
Lo mismo sucedió con los “productos biológicos” que dieron a los dueños de tierras para resolver un problema de plagas que hubo en los cultivos de durazno.
La secretaria agregó que el gobierno cubrió 50 por ciento del costo y la adquisición fue variada, según la cantidad de hectáreas que tenía cada campesino.
“Quiero resaltar que la gente está dispuesta a hacer su aporte porque lo que quieren es regresar a su vida productiva entonces hemos estado tratando de generar el mayor apoyo posible para que vuelvan a producir como producían antes”, declaró.
De 1 mil hectáreas que proyectaron, han intervenido 600 e incrementarán en los próximos días. En este momento las autoridades están interviniendo los cultivos de durazno porque es la temporada; sin embargo, van a continuar con otros programas de acuerdo con las necesidades.
Desplazados podrían regresar a sus vidas “normales” en 1 año o más
Gabriela Pinedo detalló, en entrevista con Grupo Fórmula, que tienen que “sentarse” con la Secretaría de Finanzas para determinar si cuentan con el presupuesto necesario para llevar a cabo el Proyecto Integral de Atención a Víctimas del Desplazamiento Forzado.
Aunque van a esperar a que los campesinos desplazados les envíen todas las solicitudes sobre los subsidios que van a requerir, puesto que han recibido pocas.
“Si no fuera en este ejercicio, el próximo año podríamos estar pidiendo que se presupuestara lo que fuera faltando”, resaltó.
El Proyecto Integral fue diseñado a largo plazo, según la secretaria, “es imposible” restablecer las condiciones en las que vivían los desplazados de un día para otro, cuando la “devastación” de las comunidades empezó hace 2 años y en algunas hace 3 años.
“El compromiso es establecerlas y que vuelvan a tener las condiciones de vida que tenían en el momento que tuvieron que abandonar abruptamente sus comunidades. Por lo que estaremos trabajando el tiempo que sea necesario para buscar que estas condiciones se vuelvan a dar”, resaltó.
Sedena y SSP tienen que definir si colocarán bases permanentes de seguridad o no
Una de las demandas principales de los desplazados es que el gobierno coloque bases militares permanentes en todas las comunidades. Sin embargo, Gabriela Pinedo mencionó que la estrategia de seguridad está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los elementos de la Sedena se encuentran resguardando la zona por órdenes del gobierno federal. Así que a la institución le corresponde decidir si se quedarán de forma permanente o provisional.
“No sabemos si la Sedena esté contemplado quedarse de forma permanente ahí. Sí ha sido una solicitud reiterada de los habitantes de diferentes comunidades, misma que les han podido plantear a ellos, a los de la Sedena, pero la verdad es que con esto no se si haya posibilidades”, puntualizó.
Las únicas comunidades que tienen bases militares son: Palmas Altas, Ermita de los Correa, Guadalupe Victoria y Villa Hermosa. El gobierno estatal anunció que las colocaría con el objetivo de que las víctimas de desplazamiento volvieran a sus hogares, pero no ha sucedido en todos los casos.
Las primeras 2 comunidades de Jerez son las únicas que tienen vigilancia las 24 horas; en la tercera se instaló una base de la Policía Estatal, pero no cuentan con un inmueble fijo y sólo realizan recorridos diarios, de acuerdo con el recorrido que Grupo Fórmula realizó en marzo pasado.
Mientras que en la última comunidad, el gobierno encabezado por David Monreal informó que instalaría una base de la Policía Estatal Preventiva.
Los desplazados de Palmas Altas quieren que la base militar se reubique y construya desde cero, en lugar de ocupar un inmueble prestado por la comunidad. Por ello, donaron un terreno para erigir un cuartel.
Buscan incrementar el número de policías estatales
La secretaria estatal aclaró que la SSP establecerá métodos para que haya presencia permanente en las comunidades de los desplazados; así como para aumentar el número de policías estatales.
El gobierno federal informó, el 25 de noviembre del año pasado, cuando se anunció el Plan Zacatecas II para reforzar la seguridad a raíz del aumento de la violencia en toda la entidad, que Jerez tiene solamente 52 policías municipales y estatales para proteger a 59 mil 910 habitantes.
Por lo que en el municipio debería haber al menos 108 policías, es decir, poco más del doble. De acuerdo con la la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tendría que contar con 1.8 policías por cada 1 mil ciudadanos.
A lo que se añade que nadie quiere ser policía en Zacatecas por las malas condiciones laborales, los salarios bajos y la violencia contra los agentes. Hasta el 9 de junio, 25 elementos fueron asesinados en la entidad, según cifras de Causa en Común.
Por último, Pinedo Morales sostuvo que la SSP dará más información sobre la estrategia de seguridad para las 18 comunidades de desplazados cuando tenga lista la estrategia.