En 2021 alrededor de 2 mil 780 habitantes de las comunidades de Palmas Altas, Sarabia, Ermita de los Correa, Cieneguitas y Sarabia, ubicadas en el municipio de Jerez en Zacatecas, fueron desplazados a causa de la violencia provocada por grupos del crimen organizado.
Esto se debe a que la entidad se convirtió en un territorio de disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Zacatecas tiene rutas de acceso a San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango, Nayarit, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León y Jalisco.
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Los desplazados tuvieron que abandonar sus hogares, sus cosechas y sus animales por el miedo y el terror que los criminales sembraron en las distintas comunidades, 18 en total, según comentaron a Grupo Fórmula los propios habitantes.
Francisco es uno de los desplazados de Palmas Altas, a unos 33 kilómetros al noroeste de la cabecera municipal. Los grupos del crimen organizado llegaron a su territorio en julio de 2020, relató en entrevista con Grupo Fórmula.
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Al principio se hicieron pasar por "ingenieros" que iban a arreglar caminos en Sarabia y las camionetas que llevaban, según Francisco, parecían de construcción. Por eso les creyeron.
Además, les pidieron una casa prestada para guardar maquinaria, pero los inmuebles no tenían capacidad para guardar maquinaria pesada.
“Después empezaron a verse esas mismas camionetas que aparentaban ser de construcción, pero con gente armada. ‘¡Ah, caray!’, dijimos ¿qué pasó aquí?”, expresó.
Autoridades locales, insuficientes para que desplazados puedan volver a su casa
Durante seis meses, aproximadamente, sólo veían a los hombres armados en pocas ocasiones. Sin embargo, el año pasado empezaron a agredir a los habitantes.
La víctima recuerda que los ataques contra la población se intensificaron a partir del miércoles de ceniza de 2021, el 17 de febrero.
“Le puedo decir que todo empezó de un miércoles de ceniza del año pasado que levantaron a seis personas”, agregó.
Ese suceso provocó que la mitad de los habitantes del rancho abandonara Palmas Altas por miedo y se convirtieran en desplazados, resaltó, ya que nadie podía detener a los delincuentes.
La respuesta de las autoridades fue que "todo el país estaba igual" y los policías municipales acudían a las comunidades una vez por semana, a veces una sola vez al mes; mientras que los grupos armados estaban presentes a todas horas, de día y de noche.
El gobierno federal informó, el 25 de noviembre del año pasado, cuando se anunció el Plan Zacatecas II para reforzar la seguridad a raíz del alza de la violencia en toda la entidad, que Jerez tiene solamente 52 policías municipales y estatales para proteger a 59 mil 910 habitantes.
En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que debe haber 1.8 policías por cada 1 mil ciudadanos. Por lo que en Jerez debería haber al menos 108 policías, es decir, poco más del doble.
Adicionalmente, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aseguró que en Jerez hay una coordinación de la Guardia Nacional con 127 elementos y destacó que se está construyendo otra.
El miércoles 30 de marzo, en una conferencia sobre la estrategia de seguridad, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, se desmarcó del tema e insistió en que tuvo un acercamiento con habitantes desplazados de Jerez y Valparaíso, y que su salida se dio desde hace al menos dos años, mientras que la violencia suma más de 11 años en la entidad.
"De la reunión con los propios delegados, pobladores, en su expresión a pregunta directa, '¿desde cuándo tuvo que dejar su comunidad?'. Hace dos años y medio, tres años, dos años. Lo más recientes un año. Porque luego se hace creer que sucedió pero no. Y para poder ser lo que ahora se considera desplazado, pasó mucho tiempo más, no es cuando ya salió. cuando salió es la impotencia, de que ya no se pudo, pero el arribo fue todavía antes", alegó.
"Es una herencia maldita", reiteró.
Apenas este fin de semana, el informó que acudiría a la cabecera municipal de Jerez para la fiesta por el 450 aniversario de la localidad. Ello a pesar de un paro de labores de elementos de seguridad estatal, quienes reclaman la falta de un seguro de vida.
Aun así, los habitantes tienen dudas de volver a sus hogares.
El miedo provocó que abandonaran sus comunidades
Asimismo, Francisco narró que ocurrieron balaceras y a las personas del campo les daba miedo perder la vida durante un fuego cruzado; o que los alcanzara una bala perdida. Por lo que tenían que detener sus labores y refugiarse cuando había enfrentamientos.
“El miedo hizo que nos saliéramos de aquí”, enfatizó.
Ello, a pesar de que no querían abandonar sus trabajos, sus tierras y su ganado. Los desplazados acudieron a las autoridades municipales para solicitar su apoyo y la instalación de una base militar permanente que terminara con la delincuencia o que al menos les permitiera trabajar sus tierras.
Los funcionarios públicos les dijeron que les iba a tomar tiempo; mientras, los desplazados temían que los delincuentes entraran a sus casas a robar.
“Y a la vez también nos decían que estábamos exagerando, que no era para tanto, que estábamos diciendo mentiras”, contó Francisco.
Exigen seguridad permanente para regresar a sus hogares
La falta de acciones y la negativa de las autoridades locales motivó a los desplazados a viajar a la Ciudad de México para manifestarse afuera de Palacio Nacional el pasado 10 de marzo. Desde la plancha del Zócalo pidieron ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para regresar a sus comunidades.
Al día siguiente, el gobierno estatal sostuvo una reunión con representantes de las comunidades afectadas, pero los primeros acuerdos se manifestaron claramente días más tarde.
Apenas 4 días después, el gobierno municipal informó del inicio del operativo Recuperación, con el apoyo de las autoridades estatales. "Con el que se dará certeza a las familias jerezanas de las comunidades", aseguró el ayuntamiento.
Al día siguiente, el alcalde, José Humberto Salazar Contreras, compartió un mensaje de compromiso para garantizar el regreso de los habitantes desplazados y de búsqueda de recuperación de paz.
"Se analizará la situación de cada una de ellas para brindarles el acompañamiento y el apoyo necesario para su regreso", insistió.
Sin embargo, en dicho mensaje, Salazar Contreras enfatizó en dos ocasiones que estas acciones se enmarcarían en los festejos de la mayor celebración de su localidad, la Semana Santa.
"Con el fin de priorizar la tranquilidad, resguardo y seguridad de las familias de las comunidades de la sierra, informamos que no se llevarán a cabo las actividades de quema de Judas y de Sábado de Gloria. (...) Se implementarán una serie de medidas para que la máxima fiesta de nuestro pueblo mágico se desarrolle en un ambiente de seguridad y paz social", sostuvo en el breve mensaje de minuto y medio.
Una semana después de la protesta en la CDMX, el gobierno federal, con apoyo del estatal y municipal, instaló una base militar en Palmas Altas, sumada a otras tres en las localidades de Ermita de los Correa, Villa Hermosa y Guadalupe Victoria. Mientras que para el 22 de marzo, el alcalde de Jerez, informó del nombramiento Marco Vargas Duarte, hasta entonces a cargo de la seguridad municipal, quien desde entonces asumió como responsable de la encomienda en favor de las comunidades de la sierra jerezana.
En esas condiciones, una semana y media después de la manifestación con impacto nacional, algunos desplazados regresaron a visitar sus casas en comunidades como Palmas Altas o Cienguitas, pero no saben si volver definitivamente porque temen que la presencia de las fuerzas de seguridad sea temporal y los grupos armados regresen en cualquier momento.
Lo mismo ocurrió apenas este fin de semana, cuando el gobierno estatal realizó su tercer recorrido por las comunidades serranas de Jerez. Según un comunicado, el gobierno estatal destacó la instalación de la base de la policía estatal preventiva en Guadalupe Victoria; sin embargo, los habitantes manifestaron que aún eso no basta para volver.
"(Funcionarios del gobierno federal y estatal) En compañía de algunos pobladores, constataron daños y carencias que se tienen a partir de su desplazamiento. En la visita, los habitantes de estas comunidades pidieron el apoyo de las autoridades federales y estatales, aunque aseguraron que regresarán en el momento en que el Gobierno del estado les indique", resaltó el comunicado.
El mensaje enfatizó en que el mandatario estatal apuesta por que regresen lo más pronto posible, pero queda claro que las condiciones aún no están dadas para ello.
Algunos desplazados llevan poco más de ocho meses fuera de su comunidad, como sucede con Francisco; otras sólo se han ido durante dos meses, entre ellas está Mónica; y algunos más no se sabe si van a volver.
Desplazados de Ermita de los Correa ya regresaron
Mónica es una profesora que vive en Ermita de los Correa, a unos 36 kilómetros en carretera de la cabecera municipal de Jerez, comunidad en la que creció, y en septiembre del año pasado fue desplazada, junto con su familia, a causa de la violencia.
Ella estuvo desplazada durante dos meses en Guadalajara, Jalisco. En su caso tampoco recibió una amenaza directa del crimen organizado. “Simplemente el pánico se sembró en la comunidad”, recordó.
Los grupos armados secuestraron a algunas personas del lugar, igual a como pasó en Palmas Altas. Nunca ocurrió un homicidio en esa comunidad, pero algunas de ellas fueron localizadas sin vida tiempo después. Aunque no recibían daños directo, las personas vieron en ello un mensaje que los intimidó.
Igualmente, algunas de esas personas armadas comenzaron a balear casas; y aunque nunca hubo heridos, causaron miedo en los habitantes. Entonces muchos de ellos se fueron sin esperar a que algo les sucediera.
Al abandonar sus hogares, sólo se llevaron lo básico: algunas mudas de ropa para los siguientes días y los documentos importantes; lo demás lo dejaron, siempre con el miedo de que se lo robaran o destruyeran su patrimonio. Como ocurrió en muchos casos, con sus casas llenas de agujeros de balas, con muros destruidos, puertas tiroteadas, cajoneras vaciadas con todo lo que había en su interior regado y pisoteado por doquier. Había incluso casas donde se llevaron algunos muebles, refrigeradores o estufas.
Mónica también tuvo que renunciar a su empleo en su localidad y ya en Guadalajara, comenzó a trabajar como demostradora para una compañía de telefonía móvil.
La instalación de una base militar de la Guardia Nacional permitió en la segunda mitad de marzo que los desplazados volvieran a su comunidad, afirmó. A pesar de que el 80 por ciento de los 965 habitantes registrados en la localidad regresó, mantienen la incertidumbre porque no saben si un día los elementos de seguridad se van a ir y los grupos criminales van a volver.
La mayoría de los desplazados sueñan con volver a sus lugares de origen, mantienen la esperanza de recuperar sus tierras y para hacerlo necesitan que el Estado mexicano garantice su seguridad. Así que una de sus demandas es que se coloque una base militares en cada comunidad porque los policías no son suficientes.
Con información de Aseneth Hernández y Aldo Gutiérrez.