Asociaciones de ambientalistas y ciudadanos pidieron a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) en el marco del T-MEC que investigue las anomalías en materia de regulación ambiental que ha cometido el Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con las obras del Tren Maya.
En una carta firmada por organizaciones, algunas de ellas que han promovido amparos contra la obra, como Jaguar Wildlife Center, Moce Yax Cuxtal, Red de Capacitadores Socio-ambientales, Sélvame del Tren y Grupo Gema del Mayab, así como una veintena de ciudadanos, se pide al director de Asuntos Jurídicos y Peticiones sobre Aplicación Efectiva (SEM) del T-MEC que se investigue el caso y se publique un expediente de hechos por las diversas violaciones y daño al ambiente del Tramo 5 Sur del proyecto.
La misiva se envió a Asuntos jurídicos y Unidad de Peticiones Relativas a la Aplicación de la Legislación Ambiental del Secretariado de la CCA, con sede en Quebec, Canadá.
Dicha Comisión se creó con base en el Acuerdo de Cooperación para América del Norte (ACAAN) como parte del Capítulo 24 en materia de Medio Ambiente del T-MEC, vigente en México desde julio de 2020.
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"México está dejando de aplicar su legislación ambiental al permitir impactos ambientales sobre ecosistemas frágiles y de alto valor ambiental y social de Quintana Roo, por obras y actividades del megaproyecto Tren Maya, una de las 3 obras emblemáticas de la actual administración del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador", señala la carta de 17 páginas.
¿De qué se acusa al Gobierno de México por el Tren Maya?
El documento explica que la acusación se debe a anomalías en dos procesos relacionados con la obra: el primero por el desmonte de la selva sin que hubiera estudios de impacto ambiental previos; y el segundo la posterior evaluación de dicho estudio, presentado de manera extemporánea, sin seguir lo mencionado en la legislación federal e internacional en materia ambiental.
Entre las normativas desacatadas se encuentran los artículos 1°, 4°, 6°, 14, 16, 26 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de Aguas Nacionales, así como sus respectivos reglamentos.
También se señalan violaciones con las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya a diversos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y cuatro principios de la Declaración de Río.
Igualmente se alude al llamado "decretazo", un acuerdo publicado por el gobierno federal en noviembre de 2021 por el que se pide a las autoridades realizar obras sin cumplir con la normatividad ambiental mediante "autorizaciones provisionales" no previstas en ningún cuerpo legal; igualmente dicho documento señala que las obras de infraestructura turística y las vías férreas se considerarán de seguridad nacional, lo que obstruye el acceso a la información de estos trabajos y da pie a que pueda invocarse dicho argumento para continuarlas aunque no tenga sustento, como ocurrió esta semana con el Tramo 5 Sur.
En el documento se explica que los firmantes son residentes de la zona donde se construye el Tramo 5 Sur del Tren Maya y beneficiarios de los servicios ambientales de la selva maya, el acuífero, los ríos subterráneos, los cenotes, las cavernas y las cuevas que forman parte del sistema subacuático Dos Ojos-Sac Actún, "el más extenso e importante del mundo", así como de los sistemas Pool Tunich, Sac Muul y Alux.
Por ello, se considera que hay riesgo de que la obra pone en riesgo la disponibilidad de agua en la región, lo que además no quedó establecido desde un inicio en los estudios ambientales y con la desatención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
"Aunque los trabajos de desmonte y relleno sobre la selva maya se hicieron del conocimiento de la Profepa, (...) dicha dependencia no ha ejercido sus atribuciones y obligaciones constitucionales y legales para inspeccionar, ordenar las medidas de seguridad y, en su momento, sancionar y ordenar la reparación de los daños provocados, conforme a lo que establece la normatividad ambiental; de tal suerte, que los trabajos continúan de manera impune", advierte el documento.
Incluso refieren la presentación de diversas denuncias ciudadanas desde febrero pasado por las obras del Tren Maya ante la Profepa, cuya respuesta fue que se encontraban realizando investigaciones de los hechos y que posteriormente se les notificaría su alcance, sin que se haya obtenido una respuesta hasta ahora.
En dichas zonas además habitan especies en peligro de extinción, como el jaguar y el mono araña, detalla el mensaje.
Aunque están suspendidas por orden de un juez, las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya se reanudaron la semana pasada con el argumento de que la obra es de seguridad nacional, por lo que su administración y supervisión pasó a las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana.