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Odebrecht y Lozoya: 3 claves para entender el mayor escándalo de corrupción en México

El caso involucra a expresidentes, legisladores y gobernadores.

Claves para entender el mayor escándalo de corrupción en México. Créditos: Archivo
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El caso Odebrecht es uno de los mayores escándalos de corrupción en México, pues involucra a tres expresidentes, así como a diputados y gobernadores acusados de recibir millonarios sobornos a cambio de la entrega de contratos a la constructora brasileña.

Entre los involucrados destaca el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien luego de ser detenido en España en febrero de 2020 se comprometió con la Fiscalía General de la República (FGR) a revelar los nombres y la operación de la red de sobornos a cambio de obtener beneficios en su proceso. Te damos tres claves para entender el caso.

1.- ¿De qué se le acusa a Lozoya?

 Lo primero que hay que saber es que Emilio Lozoya fue director de Pemex entre 2012 y 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y fue detenido en 2020 para responder por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y cohecho por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

En el primero de ellos, Lozoya es acusado por la FGR de recibir 10.5 millones de dólares por parte de la constructora Odebrecht a cambio de para contratos de obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz y para sobornar a legisladores para que aprobaran la Reforma Energética en 2013.

El otro juicio que enfrenta es por la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), dirigida por el empresario Alonso Ancira Elizondo.

De acuerdo con la FGR, Lozoya Austin, como director de Pemex pagó 485 millones de dólares por instalaciones que ya estaban en el abandono al momento de su adquisición, provocando un daño patrimonial estimado en más de 4 mil millones de pesos.

2.- ¿Quienes son los involucrados?

El 17 de julio de 2020, el exfuncionario fue extraditado, con lo que cerró un acuerdo con la Fiscalía para afrontar sus procesos judiciales fuera de la cárcel, a cambio de revelar la trama de corrupción en la que estarían involucrados al menos 70 miembros de la élite política mexicana.

Entre los implicados de esta red de corrupción destacan el expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda Luis Videgaray, así como los exmandatarios Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari por la entrega irregular de contratos a Odebrecht. 

Según Lozoya, Calderón habría admitido un contrato irregular con la empresa Etileno XXI, propiedad de una filial de Odebrecht el cual obligaba a Pemex a venderle etano con un “inexplicable” descuento que ponía en desventaja a la paraestatal. 

Por su parte, Salinas de Gortari habría presionado a  Pemex a pagar una indemnización millonaria irregular a uno de sus hijos, por la cancelación del contrato de una plataforma petrolera que tuvo una explosión por falta de mantenimiento.

Además, los nombres de varios ex legisladores y ex gobernadores salieron a relucir, entre ellos Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quienes acusó de diversos sobornos.

3.- El trato que no evitó la prisión

Debido al acuerdo, Lozoya no tuvo que pisar la prisión y le fue colocado un brazalete electrónico hasta que el pasado 3 de noviembre un juez le ordenó al exfuncionario permanecer sujeto a prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte, debido al alto riesgo de fuga.

Lo anterior, luego de que el pasado 9 de octubre, la periodista de El Financiero Lourdes Mendoza difundió unas fotografías en las que aparecía Emilio Lozoya, en el Hunan, un lujoso restaurante en Lomas Virreyes lo que causó revuelo y despertó las críticas de la población. 

El caso dio un nuevo giro este sábado cuando un tribunal federal ordenó liberar a Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados y colocarle un brazalete con localizador como medida cautelar tras permanecer tres meses en prisión preventiva justificada en el reclusorio Norte.

Sin embargo, la medida de prisión preventiva sigue vigente por la investigación en el caso Odebrecht, en el que la Fiscalía pidió una pena de 39 años de prisión y el pago de siete millones de dólares como reparación del daño.