Katia Icela Vázquez es la primera víctima que denunció violencia vicaria en Hidalgo tras la aprobación de la reforma que modificó el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ella tiene un año sin ver a su hija e hijo, de 6 y 10 años, respectivamente. Su padre se los llevó el 23 de noviembre del año pasado con engaños. Cuando los niños salieron de su casa, Katia recibió una notificación judicial en la que le informaron que le impusieron medidas de restricción por una denuncia que su agresor realizó en su contra por violentar a los menores, lo que fue falso.
La víctima de violencia vicaria alcanzó a sus hijos y al agresor en la puerta del fraccionamiento en el que vivía, ubicado en Pachuca. Sin embargo, no pudo evitar que el progenitor de sus hijos se los llevara porque él le habló a la policía del estado y llegaron varias patrullas. A pesar de que ella le pidió que le devolviera a los niños, él gritaba que lo estaba agrediendo y violentando.
Desde entonces no ha vuelto a verlos y tampoco puede hablar por teléfono con ninguno, ya que su padre no se los permite. Katia también contaba con órdenes de protección porque desde 2019 realizó denuncias penales contra el padre de sus hijos por violencia.
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La primera fue por intento de asesinato y violencia familiar, la presentó en un Centro de Justicia para las Mujeres de Pachuca, pero no procedió porque el personal de la dependencia consideró que se trataba de un problema de pareja. Esa no fue la única ocasión en la que se negaron a aceptarle una denuncia, varias veces se negaron a hacerlo y hasta ahora no ha logrado acceder a la justicia.
La violencia vicaria antecede al feminicidio
La violencia vicaria es un tipo de violencia contra las mujeres que sus agresores ejercen sobre sus hijas e hijos con la finalidad de lastimarlas a ellas y tiene el agravante de que se deshumaniza a las infancias, de acuerdo con Sonia Vaccaro, quien acuño el término y es psicóloga clínica y forense experta en violencia de género.
Este tipo de violencia de género es posible porque las instituciones encargadas de la procuración de justicia no aplican la perspectiva de género y tampoco consideran la violencia estructural contra las mujeres.
El Frente Nacional Contra Violencia Vicaria documentó 2 mil 231 casos de madres que fueron víctimas de este tipo de violencia. De estas, el 80 por ciento indicó que fueron separadas de sus hijos e hijas de una forma inesperada con previas amenazas, sin tener contacto con los menores, según una encuesta que difundió en mayo pasado.
Además, el Frente encontró que la violencia inicia previo a la separación de pareja. Distintas organizaciones, como el Frente Nacional de Mujeres (FNM), han señalado que la violencia vicaria suele anteceder al feminicidio y antes de llegar a este tipo de violencia, las víctimas suelen vivir violencia económica, sexual, física, psicológica y familiar.
Todas las víctimas declararon haber sufrido violencia psicológica, física, patrimonial y económica, reveló la encuesta. En 2020, Itzel intentó volver a denunciar a su agresor en el Centro de Justicia por violencia psicológica, pero nuevamente no procedió. Su agresor también la denunció por violencia familiar. Así que decidió separarse.
El progenitor de sus hijos, junto con su abogado, accedió y la convencieron de retirar las denuncias que había presentado en su contra y él, supuestamente, quitaría la que realizó contra Itzel. No obstante, sólo la engañaron y su agresor continuó con el proceso penal en su contra.
Después de que Itzel retiró las denuncias, el progenitor de sus hijos la empezó a amenazar para que regresara con él. Le dec??a que si se divorciaban le iba a quitar a sus hijos.
“Fue una lucha de un año de no salir a la calle, ya no trabajar porque pues porque yo tenía mucho miedo de que mis hijos mis hijos fueran sustraídos”, comentó en entrevista con Grupo Fórmula.
El proceso de divorcio avanzó y su agresor la contactó antes de la primera audiencia para pedirle que regresara con él porque era el amor de su vida, pero Itzel no aceptó. Así que él volvió a denunciarla por violencia familiar, le dieron una órden de restricción y cumplió sus amenazas: le quitó a sus hijos que en ese entonces tenían 5 y 9 años.
El sistema de justicia está hecho para hombres y lo usan contra las víctimas
El agresor de Itzel se llevó a sus hijos a la Ciudad de México y a pesar de que presentó una denuncia por sustracción en Pachuca, la jueza que llevó su caso se declaró incompetente para ayudarle a recuperar a sus hijos. Cuando se enteró que estaban en la casa de su abuela fue a buscarlos, pero no se los entregaron.
Mientras que su agresor realizó otra denuncia en su contra por robo y abuso de confianza. Itzel no trabajaba por miedo, así que no tenía dinero para cubrir sus gastos y pagar los abogados.
Lo que la orilló a vender algunos de los muebles y ropa que tenía, los anunciaba por redes sociales. Su agresor se dio cuenta y utilizó sus anuncios como datos de prueba, no conforme con eso empezó a ejercer violencia digital en su contra.
Igualmente llevó a los hijos de Itzel al Ministerio Público para que declararan mentiras y la acusaran de violencia familiar. Los manipuló para que dijeran que los dejaba días sin comer, que dormían en el jardín e incluso la acusaron de tortura. Aunque los médicos legistas y psicólogos que aplicaron exámenes a los menores concluyeron que ese daño nunca existió.
Asimismo, inició un proceso penal para quitarle la guardia y custodia a Itzel. Para ello, realizó la denuncia en la CDMX y el juez determinó que tendría que pagar una pensión de 8 mil 500 pesos y no le dieron régimen de convivencias. A pesar de que ella manifestó que no tenía trabajo.
En el 88 por ciento de los casos de violencia vicaria los agresores iniciaron procesos penales contra las víctimas; en el 62 por ciento de los casos los agresores han simulado actos jurídicos o falsificación de documentos para lograr la autorización legal de autoridades que favorezca la retención u ocultamiento de los menores; mientras que en el 57 por ciento de los casos fueron denunciadas por violencia familiar con el propósito de que los menores quedaran al cuidado del agresor o de algún familiar.
De los agresores, 9 de cada 10 cuentan con formas de bloquear los procesos legales de la víctima y recursos que favorecen los fallos a su favor, según la encuesta del FCVV.
Todas las víctimas han sufrido violencia institucional y no confían en autoridades
Las víctimas de violencia vicaria también son víctimas de violencia institucional y en su mayoría no se sienten protegidas por las autoridades e instancias a las que han acudido a denunciar la sustracción de sus hijas e hijos, así como otras violencias que sufrieron por parte de sus agresores.
Sumado a que las instituciones de procuración de justicia alentan los procesos y bloquean el seguimiento a los juicios, según la encuesta del FNCVV.
El 48 por ciento de las víctimas enfrenta procesos penales y civiles. Itzel tiene 2 hijos mayores y su agresor los acosa de su casa a su trabajo, por lo que no sólo teme por su integridad y por la de sus hijos pequeños, también por los más grandes.
La víctima de violencia vicaria aseguró que el sistema judicial es “machista” porque a pesar de que ha visibilizado la violencia de la que ha sido víctima y de que ha intentado abrir varios procesos penales contra su agresor, empezando por la sustracción de sus hijos menores, no le han hecho caso.
“Las leyes nada más son hacia los hombres a pesar de tantos procesos que yo tengo abiertos con todos los antecedentes no, no nos voltean a ver y yo me tengo que quedar nada más viendo como se giran oficios con mentiras, que soy una mala madre, que soy violenta, que yo tengo dinero y que pues él es un hombre indefenso”, expresa.
Itzel descubrió que su agresor sí trabaja y es dueño de varias empresas en la Ciudad de México, tiene alto poder adquisitivo y sólo la demandó para que le diera pensión con el objetivo de dejarla más vulnerable.
Los abogados se aprovechan de las víctimas, son cómplices del agresor o de la violencia institucional
La mayoría de las víctimas de violencia vicaria tienen que cambiar por lo menos 4 veces de abogados, de acuerdo con lo que ha documentado el Frente Nacional de Mujeres. ¿La razón? Los licenciados se vuelven cómplices de sus agresores al dejarse comprar o de la violencia institucional al no ayudarlas y prometerles que lo van a hacer con tal de que les paguen.
A Itzel un abogado le aconsejó que no pagara la pensión porque no le iba a pasar nada. Lo que provocó que se juntaran los pagos y le giraran una orden de aprehensión.
“Me dice: ‘no te preocupes, tú tienes para pagar, no pagues’. Un mal asesoramiento deja que se junten las pensiones por tres meses y la otra parte lo aprovecha y me giran una orden de aprehensión”, relató.
Itzel tuvo que buscar otro abogado que le ayudó a evitar que se ejecutara la orden de aprehensión. Al mismo tiempo le llegó una demanda del banco porque dejó de pagar la hipoteca de su casa y mientras luchaba por recuperar a sus hijos, perdió su patrimonio.
La familia de los agresores y la sociedad también son cómplices
Los familiares de los agresores suelen ser cómplices de la violencia vicaria que ejercen contra las madres de sus hijos, debido a que en muchas ocasiones encargan a los menores con las abuelas, hermanas, tías. Incluso con sus nuevas parejas.
En el caso de Itzel, sus hijos se encuentran en la casa de su abuela paterna mientras su padre viaja a otros estados. Lo mismo sucede con la sociedad porque el personal de las instituciones escolares impide que las víctimas los vean a petición de su agresor.
En este sentido, el Frente Contra Violencia Vicaria encontró que en el 46 por ciento de los casos de violencia vicaria que documentó dichas instituciones impidieron que las madres convivieran con sus hijos e hijas y les negaron información.
El reconocimiento de la violencia vicaria no es suficiente para acceder a la justicia
Itzel fue la primera mujer de la entidad en denunciar que es víctima de violencia vicaria después de que fue reconocida en el Código Penal de la entidad como un tipo de violencia familiar y en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado.
Sin embargo, no ha logrado acceder a la justicia y su proceso no ha avanzado porque fue reconocida como un tipo de violencia familiar en lugar como un tipo de violencia contra las mujeres.
Distintas organizaciones conformadas por víctimas de violencia vicaria han señalado la importancia de que se reconozca como violencia contra las mujeres porque sólo de esa forma se puede garantizar un acceso efectivo a la justicia.
En el caso de Hidalgo, la iniciativa fue presentada por el diputado Ángel Tenoriopara que la entidad estuviera “a la vanguardia legislativa”, destaca Itzel. Ella también es integrante del Frente Nacional de las Mujeres de la entidad, ella junto con sus compañeras le pidieron realizar mesas de diálogo para revisar la iniciativa y que se ajustara a lo que las víctimas de violencia vicaria necesitan.
Lamentablemente nunca las recibió y la iniciativa con la que se reformó el Código Penal y la Ley de Acceso se aprobó “al vapor”.
“Es una ley sin dientes que no castiga, que no es un delito, a todas nos ha retrasado mucho. Por ejemplo, hay casos aquí en Tulancingo en los cuales han ido a balacear a algunas compañeras a sus casas, afortunadamente sólo es para asustarlas”, añade.
Itzel está a la espera de que la iniciativa que fue presentada en el Congreso de la Ciudad de México para reconocer la violencia vicaria sea aprobada. Esta incluye reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como modificaciones al Código Penal que incluyen la definición del tipo penal con las respectivas sanciones hacia los agresores y a los servidores públicos que hagan caso omiso al atender las denuncias y por último, cambios en el Código Civil para que los progenitores pierdan la patria potestad en caso de que cometan violencia vicaria.
La víctima de violencia vicara considera que así será más sencillo recuperar a sus hijos. La iniciativa fue presentada por la diputada Ana Francis Bayghen y la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, estimó el pasado 21 de noviembre que se va a aprobar la próxima semana.
Las víctimas que integran el Frente Nacional de Mujeres consideran que esa es la iniciativa modelo que se debe aprobar en todas las entidades y se debe homologar en los estados en los que la violencia vicaria fue reconocida como violencia familiar. Y es que también es necesario que se sancione a quienes sean cómplices de los agresores, ya sean servidores públicos, abogados o familiares.
Esta información forma parte de la investigación especial Sobrevivir juntas a la violencia contra las mujeres realizado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (#25N).