‘Te arrebatan la tranquilidad, te arrebatan la vida’: así se vive después de un intento de feminicidio, según el testimonio de Carolina Ramírez Suárez, coordinadora de Las Sobrevivientes, una colectiva que agrupa y acompaña a mujeres víctimas de violencia machista en el país. Con el miedo, dice, de que te ‘rematen’.
Y ante el temor, llega la lucha por la justicia y la seguridad. Una batalla, sí, porque en ocasiones acceder a derechos elementales en México es más difícil de lo que uno pudiera siquiera imaginar. Así sucede, por ejemplo, con mecanismos como las órdenes de protección, que son un conjunto de acciones que las autoridades deben realizar para proteger a mujeres que sufren o están en riesgo de vivir violencia.
“Siempre es esto del rondín que nadie hace (...), te habla la policía y te dice ‘mire, yo voy a estar a cargo de los rondines que le voy a dar, pero como no tengo tiempo, pues ni voy a ir, mejor usted me habla si necesita algo; cuando llamas, pues nadie te contesta”, dice Carolina sobre lo que ha sucedido con compañeras de la colectiva.
Tanto Carolina, quien sobrevivió a una tentativa de feminicidio en 2014 en la Ciudad de M??xico y desde entonces acompaña a otras víctimas en el país, como especialistas en Derecho advierten una falla profunda en el sistema de justicia mexicano que impide a las mujeres acceder a derechos fundamentales como la protección a través de ciertas medidas del Estado.
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Entrevistadas por Grupo Fórmula Digital, las abogadas Ana Karen Flores y Leslie Idalia Jiménez señalan dos problemas principales: la revictimización -que deriva en sentimientos de miedo, desconfianza y frustración en las mujeres- y una actuación deficiente por parte de Ministerios Públicos y jueces al atender casos de violencia de género.
“El tema es que las autoridades ministeriales principalmente, que son las primeras que reciben estas noticias o a las que se les puede solicitar, alegan una serie de excusas institucionales para no llevarlas a cabo, lo cual hemos visto, en reiteradas ocasiones, que desafortunadamente casos que pudieron prevenirse culminan en violencia feminicida”, alerta Leslie Idalia Jiménez, coordinadora de proyectos en la organización Impunidad Cero.
“Es un sistema que realmente está hecho para que no accedas a la justicia”, advierte Carolina, quien aún tiene secuelas de movilidad a ocho años del ataque que sufrió. Su agresor fue sentenciado a ocho años de cárcel -y 15 mil pesos de reparación del daño-, pero por el delito de homicidio en tentativa, debido a que el juez desestimó una condena por feminicidio en tentativa, lo que redujo significativamente la pena.
Miles de órdenes de protección, ¿un 'escudo' ante el feminicidio?
De acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), en 2021 se emitieron un total de 45 mil 228 órdenes de protección a nivel nacional. Los estados que más órdenes entregaron fueron Morelos, Jalisco, Quintana Roo, Zacatecas y Tabasco, mientras que en el otro extremo con menos se encuentran Sonora, Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Estado de México.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla un catálogo de alrededor de 30 acciones -administrativas o de naturaleza jurisdiccional- que van desde la protección policial, la entrega de armas por parte del agresor, la suspensión de visitas familiares con hijas o hijos, el acceso gratuito e inmediato a la anticoncepción de emergencia, hasta la prohibición al acusado de salir del país o del ámbito territorial que fije la autoridad, entre otras medidas.
Si bien el principal objetivo de las órdenes de protección es evitar que la violencia escale hasta un posible feminicidio, los datos del Banavim contrastan en ciertos puntos del país. Es el caso, por ejemplo, de Quintana Roo, pues a pesar de que se ubica entre los estados que más órdenes entregaron en 2021, también es la entidad con la tasa más alta de víctimas de feminicidio por cada 100 mil mujeres en ese mismo año.
Así lo revela un cruce de información elaborado por Grupo Fórmula Digital, el cual se realizó comparando las tasas -por 100 mil mujeres- de órdenes de protección emitidas y de víctimas de feminicidio en los 32 estados del país. Los datos se obtuvieron a partir del Banavim, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Consejo Nacional de Población (Conapo).
En el otro extremo se encuentra Sonora, entidad que, según el Banavim, en 2021 no entregó ni una sola orden de protección -lo mismo que Michoacán, Veracruz y Oaxaca-, pero sí se ubicó como el segundo estado con la mayor tasa de víctimas de feminicidio, con 2.81 casos por cada 100 mil mujeres, lo que casi duplica la media nacional de 1.54 casos.
Otro de los hallazgos significativos es lo que sucede con estados como Jalisco y Veracruz. Pese a que tienen poblaciones de mujeres muy similares -que rondan los 4.5 millones-, Jalisco entregó en 2021 un total de 18 mil 565 órdenes de protección, mientras que Veracruz no emitió ni una sola en el mismo año, de acuerdo con los datos del Banavim.
Al respecto de dicha disparidad entre estados del país, la abogada feminista Ana Karen Flores cuestiona la ausencia de un banco de datos actualizado que dé cuenta no sólo de cuántas órdenes de protección se otorgan, sino -aun más importante- de qué tipo son, quién las da y qué derechos de las mujeres protegen.
En entrevista con Grupo Fórmula, la especialista en derecho familiar considera que, en el caso de las entidades con altos números de órdenes emitidas, sería fundamental poder conocer y dar seguimiento a la eficacia de estas medidas.
“A nivel estatal, tendríamos que ver cuál es la eficacia, qué tipo de órdenes están otorgando, puede tratarse de una orden -por decirlo así- baja; por ejemplo, la prohibición de que se acerque a la víctima o que el agresor entregue un arma; (ver) si realmente de esa cantidad se están siguiendo esas órdenes y cuál es ese resultado favorable, que la víctima diga ‘esta orden me ayudó y me protegió'", explica Flores.
Entrevistada por separado, la abogada Leslie Idalia Jiménez, especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincide en la necesidad de evaluar qué tipo de medidas de protección se están dando a las mujeres: “si son aquellas nada más de ‘deja de hacer actos de molestia’, ‘no te comuniques con ella’, pero no están otorgando un acompañamiento policiaco o custodia a las víctimas”.
Los desafíos de enfrentar el feminicidio
Las expertas en Derecho advierten desafíos latentes en el seguimiento a las órdenes de protección, así como los recursos y el presupuesto para ejecutarlas luego de que son concedidas por una autoridad, a fin de que no se queden en “papel” o en las leyes.
También señalan pendientes en la atención de la violencia más allá de lo legal, es decir, desde el lado humano, lo que involucra aspectos como el acompañamiento social y emocional a las víctimas, la socialización de cómo hacer una denuncia -y todo lo que implica- y el acabar con los estereotipos sobre las víctimas al momento de comunicar los actos de violencia.
"Más allá de un marco legal, es verlo como personas, porque al final un operador del sistema de justicia penal público, un policía, un perito, es una persona que cumple un horario laboral, pero después se va a su casa y tiene una familia y ve la televisión y las noticias, entonces todos estos reforzamientos de estereotipos no se luchan desde un marco legal, se lucha desde un entendimiento de las autoridades de 'vamos a dar capacitación', pero una capacitación que es una formación humana para un trato hacia víctimas que acuden a denunciar", considera la abogada Leslie Idalia Jiménez.
La experta señala que si bien cada estado tiene una dinámica distinta de la violencia -determinada por factores sociales y de densidad poblacional-, un elevado número de órdenes de protección podría reflejar una predisposición de las autoridades por atender estadísticas, "datos duros", y no se trabaja en otros aspectos como evitar la repetición de los hechos.
“Esta práctica de 'estoy dando más, pero en realidad qué estoy dando'; y eso se refleja también mucho en aspectos como, por ejemplo, aumentar sanciones: las autoridades piensan que aumentando sanciones se va a terminar la violencia, pero realmente qué tipo de sanciones están previendo o incorporando los delitos”, apunta.
"Lo mismo va también con las medidas y con el seguimiento; porque tengo una persona que está teniendo una medida u orden de protección, pero después de que terminan estas órdenes o medidas, ¿qué estoy haciendo yo, la autoridad, como para que no haya una no repetición del hecho de violencia, que es una reparación del daño?", dice.
Por otra parte, la abogada Ana Karen Flores alerta también por un incremento de las violencias y lo explica así: “El aumento de órdenes de protección, si bien puede ser que se está garantizando el derecho a la justicia, también está indicando que la violencia se está incrementando; si bien un tipo de violencia, por ejemplo, la física no se está manifestando, pero sí hay otro tipo (de violencia) que hay que detectar”.
'Oro' para sanar las heridas
Kintsugi es una técnica japonesa que consiste en reparar piezas de cerámica rotas con barniz que lleva oro. Eventualmente, esta práctica se convirtió en una filosofía de vida que ahora adoptaron Las Sobrevivientes. "Una tentativa te quiebra, nosotras quedamos rotas", reflexiona Carolina Ramírez.
El 'oro' para sus heridas son ellas mismas: su red de apoyo para buscar justicia, el acompañamiento, la comprensión y la escucha.
"Eso nos hace que vayamos poco a poco reconstruyendo. Esas heridas ahí van a estar, no se van a quitar, y a lo mejor te van a ayudar a seguir adelante de otra manera, pero nunca vuelves a ser la misma", dice.
Fue justamente a través de la solidaridad de muchas mujeres y organizaciones feministas, que Carolina alcanzó justicia tras una tentativa de feminicidio: "aunque sea esa (justicia) a medias, aunque sea esa de pedacitos", señala.
Ella recuerda a sus amigas dándole hospedaje en la CDMX y apoyo económico. En esos procesos tan largos, desgastantes y victimizantes, narra, a veces hay que decidir si comer o pagar un camión para llegar a los juzgados.
Desde entonces, Carolina replica esas acciones con Las Sobrevivientes: hacen actividades de autocuidado o de preparación para las audiencias, buscan y gestionan apoyo jurídico en instituciones y realizan tomas simbólicas y campañas para difundir su lucha y la exigencia de justicia.
En la mayoría de los casos, las redes de acompañamiento se construyen desde la comunidad, es decir, entre las propias víctimas -directas o indirectas- o la sociedad civil a través de diversas organizaciones.
Del otro lado, organismos gubernamentales como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) también están en búsqueda de estrategias y políticas públicas para atender la violencia contra las mujeres.
Al respecto, Nadine Gasman, presidenta del Inmujeres, señala como uno de los principales desafíos trabajar en una cultura de la prevención de la violencia. "Realmente cambiar los patrones socioculturales de tal manera que las relaciones no sean estas relaciones asimétricas y de poder que son las que que perpetúan la violencia contra las mujeres", indica en entrevista.
También destaca la importancia de la denuncia y la respuesta, es decir, de garantizar el acceso a la justicia a través de investigaciones con perspectiva de género; así como de la consolidación de una red de servicios para las víctimas.
"Una de las cosas que hemos trabajado en este gobierno es crear, o sea, consolidar una red de servicios que van desde las unidades locales de atención, los centros de justicia para las mujeres y también el apoyo a los refugios y los albergues para las mujeres que están en peligro inminente.
"Esto que estaba muy disperso se ha ido consolidando para hacerse una red que se está desarrollando con apoyo federal, pero también de los estados y municipios", explica la funcionaria.
"Decirles que cuando ellas sufran violencia, lo más importante es acercarse a algún tipo de servicio, ya sea público o de la sociedad civil, para buscar apoyo y acompañamiento", expresa Gasman.
Esta información forma parte de la investigación especial Sobrevivir juntas a la violencia contra las mujeres realizado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (#25N).