Las víctimas piden una medida de reparación del daño que consiste en una compensación subsidiarias que contempla la Ley de Víctimas del Estado y que ya había sido acordada mediante una firma de convenio entre ellas, el secretario de hacienda, Omar del Valle Colosio y el secretario de gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra.
En este contrato se estipuló que el primer pago sería el mes de marzo de este año, sin embargo dicho compromiso no se cumplió y en cambio se informó a las interesadas que cambiarían este convenio por una demanda para conseguir la sentencia ejecutoria de un juez tal como lo marca el artículo 50 de la Ley de Víctimas del Estado.
“Se nos dijo que se nos iba a pagar el viernes 20 a las primeras mujeres que firmamos, pero nos damos cuenta que son mentiras, porque en ese grupo iba su servidora y ahorita acabo de ir a firmarles nuevamente la demanda, ¿qué quiere decir? que nada mas nos estaban dando atole con el dedo”
Las manifestantes temen que el recurso que ellas mismas gestionaron ante el Congreso del Estado se pierda por no ser entregado en tiempo y forma, ya que según explican este recurso debe ejercerse antes del mes de junio del presente año.
Por su parte el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, al ser cuestionado sobre el tema aseguró desconocer el caso pero que sí existía un compromiso de su gobierno lo atendería.
“No he hablado con ellas, pero en una de esas bajó a platicar con ellas, si ya está acordado lo vamos a resolver, ahora las voy a recibir, no estaba enterado de que están ahí pero ahorita me bajo a platicar con ellas” declaró el mandatario.
Las mujeres permanecieron a las afueras del palacio hasta poder abordar al gobernador quien las atendió y de acuerdo a las declaraciones de Dolores Sol, el mandatario estatal se comprometió a darles respuesta a más tardar el próximo lunes 30 de mayo.
Finalmente, las mujeres retiraron el plantón con la firme primera de que el gobernador les cumplirá y compartieron que durante la reunión existieron jaloneos entre el jurídico y el secretario de gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, y que incluso el gobernador no estaba al tanto del asunto de manera concreta.
"Pues ya nos vamos a retirar porque vamos a confiar en su palabra, en realidad se dieron muchos jaloneos, dónde incluso él (Gobernador) desconocía algunos detalles…hubo algunas situaciones entre el jurídico y el secretario de gobierno, incluso situaciones que nosotros no sabíamos, y ellos aceptaron" detalló.
Está cuestión dejo de manifestó lo que ha declarado Daniel Gómez del Proyecto Azul Cobalto, quien señaló que tanto en Sonora como en todo el país no existe una atención inmediata del estado para atender a las familias víctimas de las y los policías que mueren en el cumplimiento de su deber.
"Cuando fallecen el estado no reacciona de manera inmediata en garantizar el bienestar de las familias que dejan, este es un problema que podemos ver en todo el país, por ejemplo, en Sonora se le olvida que el uniformado no deja de ser ciudadano, que tiene una familia y tiene hijos, un estado que abandona a sus policías no puede exigirles la magnitud que se espera de ellos" manifestó Daniel Gómez.
Cabe señalar que en Sonora la Ley de Atención a Víctimas está vigente el año 2015 y que apenas el 24 de Febrero del presente año el gobernador instaló el
Sistema Estatal de Atención a Víctimas.
Durante esta instalación la activista Silvia Núñez Esquer señaló que de acuerdo a los indicadores del Observatorio Cuidando de los Derechos de las Víctimas el estado no cuenta con el Fondo estatal de ayuda, asistencia y reparación integral, una Comisión Estatal de Víctimas, un Consejo ciudadano, un registro estatal de atención a víctimas y un sirio web.