En 2019, antes de la pandemia de COVID-19, casi mil millones de personas vivían con un trastorno mental, informó el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) al presentar su más reciente Informe Mundial sobre Salud Mental.
En 2020, en el primer año de la pandemia, la OMS estima que las tasas de depresión y ansiedad aumentaron 25%.
En el informe se proporcionan datos que a todos deben preocuparnos.
Por ejemplo: “En promedio, los países dedican menos del 2% de sus presupuestos de salud a la salud mental. Más del 70% del gasto en salud mental en los países de ingresos medios aún se destina a hospitales psiquiátricos. Alrededor de la mitad de la población mundial vive en países donde solo hay un psiquiatra para atender a 200 000 o más personas. Y la disponibilidad de medicamentos psicotrópicos esenciales es limitada, especialmente en los países de bajos ingresos. La mayoría de las personas con trastornos mentales diagnosticados queda completamente sin tratamiento”.
En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares 2022 elaborada por el INEGI, una de cada cuatro personas requiere atención a su salud mental y solo dos de cada 10 la recibe.
Un dato que debe preocupar a quienes vivimos en un país en donde hay mucha pobreza:
“La mala salud mental está estrechamente relacionada con la pobreza en un círculo vicioso de desventaja. Esta desventaja comienza antes del nacimiento y se acumula a lo largo de la vida. Las personas que viven en la pobreza pueden carecer de los recursos financieros para mantener estándares de vida; tienen menos educación y oportunidades de empleo; están más expuestas a entornos de vida adversos; y tienen menos posibilidades de acceder a una atención sanitaria de calidad. El estrés diario pone a las personas que viven en la pobreza en mayor riesgo de experimentar condiciones de salud mental (…) Son vulnerables a un espiral descendente de recursos perdidos y exclusión que puede empeorar la salud mental existente y aumentar el riesgo de consumir sustancias, ser padres deficientes o fracasar en la escuela. Esto refuerza el círculo vicioso de la pobreza y la mala salud mental”.
El 5 de abril pasado la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, que supuestamente sienta las bases mínimas para establecer la salud mental y la prevención de adicciones como ejes de carácter prioritario dentro de las políticas públicas de salud.
Dicha reforma ha sido rechazada por especialistas y diversos grupos como Reinserta, Fundación Reintegra y la Organización Comunitaria por la Paz, porque “generará una ‘sobrecarga’ en las tareas del cuidado de las familias, en particular de las mujeres; y arriesgará a los pacientes que no tienen redes de apoyo a terminar en situación de calle o en la cárcel (aun cuando son inimputables)” y le han pedido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que solicite a la Suprema Corte de Justicia que inicie una petición para declarar anticonstitucional este nuevo modelo.
En este como en muchos otros asuntos, el gobierno de la 4T no se molestó en consultar a expertos en la materia y utilizó su mayoría parlamentaria para imponer un modelo que, para los que saben, es inoperante.
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