“¿Cuánta libertad tienen realmente los ciudadanos en su calidad de electores? ¿La participación política constituye realmente una vía para hacerse escuchar e impulsar políticas? Votar y presentarse a unas elecciones, ¿son acciones efectivas, a la disposición de todos, o un mero laberinto descorazonador, diseñado para proyectar una simple apariencia de libertad e impedir todo cambio?”. Estas son preguntas que busca responder el Índice Mundial de la Libertad Electoral (IMLE) 2020 desarrollado por la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib), “que mide y clasifica la libertad electoral de 198 países”.
Creada en 2015 en Madrid, la Fundalib es un laboratorio de ideas (think tank) cuyo objeto es “promover el avance de la Libertad individual humana en todos sus aspectos y el éxito de las organizaciones y entidades que la impulsan y defienden”.
El de 2020 es la tercera edición anual del IMLE e “incluye bastante más de diez mil cifras específicas de país, con las que se construyen los cuatro subíndices que arrojan las calificaciones absolutas y el ranking correspondiente.” Está en fundalib.org/wp-content/uploads/2020/10/IMLE-2020.pdf
Roxana Nicula, la presidenta de la Fundalib anota en el prefacio que “debe devolverse tanto poder político como sea posible al individuo, no al electorado. Pero en un mundo actual en el que la gobernanza política está firmemente anclada en el proceso electoral, creemos necesario también analizar cuánta libertad provee cada sistema a sus ciudadanos, compararlos y revelar sus fortalezas y debilidades”.
Además del Índice General, el IMLE contiene cuatro subíndices: “de Desarrollo Político (IDP) que mide las precondiciones de un país para la libertad electoral; de Libertad de Sufragio Activo (ILSA) que mide el grado de libertad que disfrutan los ciudadanos de un país al participar como votantes en el proceso electoral; de Libertad de Sufragio Pasivo (ILSP) que mide el grado de libertad que disfrutan los ciudadanos de un país para ser candidatos, formar partidos políticos y ser activos en ellos, y ser votados y elegidos por la sociedad, y; de Empoderamiento del Elector (IEE) que mide el grado de poder político efectivo de los ciudadanos de un país en tanto que electores, o, en otras palabras, su fuerza para modificar las políticas públicas”.
En el Índice General, nuestro país ocupa el lugar 52 y queda dentro de los 26 países con la categoría de libertad electoral muy alta, debajo de los siete que quedan en la categoría altísima, que son Finlandia, Islandia, Irlanda, Suiza, Australia, Dinamarca y la República Checa.
En el IDP, México queda en el lugar 82, justo encima de Haití; en el ILSA está en el 36, dos lugares debajo de Suecia; en el ILSP ocupa el lugar 123, nueve posiciones debajo de Estados Unidos y; en el IEE está en el 22, arriba de Dinamarca y el Reino Unido, por ejemplo.
El ILSA corrobora el hecho de que en México la participación política de los ciudadanos depende de los partidos políticos y de los legisladores y funcionarios que de ellos emanan, que han creado una partidocracia que les impide el disfrute pleno de sus derechos políticos.
Esto es lo que debería preocuparle a AMLO, que tanto dice desear que los ciudadanos participemos en la política del país.
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