Opinión

México militar: ¿silencio escandaloso?

Ricardo Rocha

Apenas ayer EL UNIVERSAL publicó una nota: Sedena equipará al Banco del Bienestar: AMLO. En ella se consigna que el presidente informó que además de la construcción de las 2 mil 700 unidades, la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá también a su cargo el equipamiento completo de cada sucursal. A saber, instrumentos de cómputo, cajeros automáticos y mobiliario.

La nota en sí, podría ser un hecho aislado como respuesta a una necesidad específica. No es así. Antes, el 25 de julio también EL UNIVERSAL consignó: AMLO da 13 tareas civiles a militares, englobadas en cuatro grandes áreas: construcción de obras, capacitación policiaca, apoyo a programas sociales y atención a la emergencia sanitaria generada por el Covid 19. Aunque en campaña López Obrador prometió que soldados y marinos regresarían a sus cuarteles, ha encargado al Ejército y la Marina tareas tan diversas como el combate al huachicoleo en Pemex, la vigilancia de las fronteras norte y sur a exigencia de los Estados Unidos, la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional, apoyo a programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, la distribución de fertilizantes, la vigilancia en la entrega de recursos para programas sociales, la remodelación de 32 hospitales y por supuesto sus proyectos insignia como dos tramos del Tren Maya y lo que se considera el pecado original de la 4T: la cancelación del NAIM en Texcoco para la construcción en la base miliar de Santa Lucía. Tirar a la basura el proyecto con 33 % de avance del arquitecto Foster, para pedirle al teniente Martínez que hiciera unos planos urgentes sobre las rodillas.

Pero, con todas las implicaciones que pueden tener estas inéditas injerencias de la milicia en la vida económica y social del país, la decisión mayor y más trascendental se produjo el 11 de mayo de este mismo año, cuando el presidente publicó el decreto mediante el cual asignó a las fuerzas armadas facultades extraordinarias para ejercer labores de seguridad pública -policiacas, pues- durante un periodo de al menos 5 años. En opinión de los expertos, ese decreto ha dado curso legal a la militarización del país. Más aún, la Cuarta Transformación ha rebasado todos los límites históricos para darle a los militares una participación directa en los planes de gobierno y el control de los más diversos rubros de la vida pública de México.

Todavía más. El gobierno ha convertido a las fuerzas armadas en una gran empresa que recibe recursos para construir, desarrollar, prestar servicios y contar con ingresos propios, como el mismo gobierno ha anunciado que ocurrirá con el aeropuerto de Santa Lucía.

Sobre todo este fenómeno, vale la pena asomarse al reporte titulado “Militarización en la 4T 2018-2020” editado por la Universidad Iberoamericana, en donde se establece que “Esta investigación clarifica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúa y profundiza la dinámica expansiva de transferencia de la responsabilidad pública a las fuerzas armadas; pero además impulsa nuevas vías de influencia militar en funciones que van más allá de la seguridad, desbordando más y más los parámetros del rol militar que están fijados en el marco constitucional y convencional.

El coordinador de este informe, que es el gran experto Ernesto López Portillo Vargas, me dice en entrevista que no discutir la militarización del país es un “silencio escandaloso”. Y yo estoy de acuerdo.

 

 

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