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Procuradores de América Latina condenan persecución contra exfiscal venezolana

Puebla.- La Cumbre de Procuradores y Fiscales Generales de América Latina condenó hoy enérgicamente la destitución y persecución en contra de la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, así como el atentado en Barcelona, España.

Durante la clausura de trabajos de dicho encuentro, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, dio lectura al documento en donde también reprueban las expresiones de terrorismo en todas sus manifestaciones.

“Refrendamos el compromiso de las partes para su combate y nos solidarizamos con las víctimas del cobarde atentado acontecido en Barcelona, España”, señaló.

En la reunión de clausura llevada a cabo en el Centro Expositor ubicado en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, los procuradores dieron a conocer la participación de Luisa Ortega, vía telefónica, quien señaló que viven una situación difícil y de crisis en especial en materia de Ministerio Público, debido a que el gobierno venezonala no es demócrata.

“Asumió la independencia de los poderes públicos como una amenaza a su estabilidad y así consideran al Ministerio Público como una amenaza, lo que ocurrió el pasado 5 de agosto fue la materialización de las amenazas y asedio, ya que la institución fue asaltada y tomada militarmente por la Guardia Nacional”, dijo.

Ortega Díaz sentenció que a pesar de ser asediada y perseguida no dejará de luchar y defender la democracia, libertad y derechos humanos en Venezuela, al mismo tiempo de pedir el apoyo de todos los países en esa lucha.

“El fiscal general de la República (Venezuela) dijo públicamente que aquel que sea solidario con mi persona y apoye o trabaje conmigo es cómplice de los delitos que ellos mismos inventaron para perseguirme, a mi esposo, amigos y fiscales del Ministerio Público”, señaló

En cuanto a las conclusiones de la cumbre, el titular de la PGR afirmó que fue fructífero el debate que sostuvieron los procuradores y fiscales generales, así como los representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y Paraguay, así como los invitados especiales de España, Estados Unidos y Canadá.

Los procuradores y fiscales acordaron reconocer los beneficios de los sistemas penales acusatorios, especialmente su vocación garantista que otorga transparencia y certidumbre en el proceso, así como la necesidad de establecer mecanismos desformalizados para eficientar tareas de procuración de justicia.

El segundo punto fue rechazar de manera enérgica cualquier tipo de expresión de corrupción de todos los ámbitos; tres, intercambiar experiencias y buenas prácticas para instrumentar acciones contundentes para erradicar el delito de corrupción transnacional sin excepción alguna en la región tanto pública como la privada.

Añadió que el cuarto es promover sistemas de desformalizados de cooperación jurídica internacional en materia penal que permitan generar esquemas operativos en las actividades cotidianas, con el objeto de combatir de manera eficaz a la corrupción, delincuencia organizada transnacional y sus delitos conexos.

El quinto es establecer grupos técnicos para la coordinación en el intercambio de información en materia de corrupción y delincuencia organizada transnacional y delitos conexos, además de generar acciones concretas en materia de investigación estratégica y operativa.

Sexto, reconocer las capacidades de cada una de las partes en materia de investigación criminal. a efecto que a través de sus instituciones se ejecuten acciones encaminadas a la colaboración entre los diferentes actores que participan en el esclarecimiento de los hechos delictivos.

Dentro de las conclusiones, como séptimo punto contemplan procurar por cada una de las partes acciones de coordinación con sus diversas instituciones especializadas, con el fin de allegarse de información financiera contable y fiscal para las investigaciones de “lavado” de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como octavo punto señalaron el coadyuvar en los esfuerzos de las partes para hacer efectivo el aseguramiento de los bienes y los productos del delito de los grupos criminales internacionales dentro de la respectiva jurisdicción de cada una de ellas y a través de acciones como el decomiso, extinción de dominio y compartición de bienes.

Asimismo, consideraron como noveno punto intercambiar experiencias sobre los alcances de la legislación nacional en materia de extradición a efecto de conocer posibles alternativas simplificadas; el décimo es promover ante las instancias correspondientes la homologación de los tipos penales que impactan de manera significativa a la región.

En el onceavo punto exhortaron a los gobiernos para que conjuntamente con los ministerios públicos nacionales se revisen sus mecanismos de seguimiento y su lucha contra la corrupción para lograr la eficacia de las investigaciones en caso de soborno.

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