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México

Lo que debes saber sobre los decretos del agua

Hace unos días comenzó a circular una noticia falsa que señalaba que el día del encuentro México VS Alemania se había privatizado el agua, sin embargo, el portal Verificado se dio a la tarea de informar respecto al polémico tema que alertó a los mexicanos.

Para comenzar, aclaró que fue el 5 de junio cuando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua, que fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación; y no ocurrió durante el primer partido de México en el Mundial de Rusia 2018.

El portal antes referido consultó con organizaciones, investigadores y el gobierno federal sobre la firma de dichos decretos que no privatizan el agua, pero si permite que se otorguen concesiones.

Las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas del país (que equivalen al 55 por ciento de lagos y ríos de México), son eliminadas en los 10 decretos, por lo que ahora nada impedirá la extracción de agua en esas cuencas.

Con este cambio, deja de prohibirse el total de su aprovechamiento, y se establecen “zonas de reserva de aguas para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas”, es decir, ahora esa agua puede aprovecharse.

Sin embargo, los decretos aclaran el porcentaje del agua que puede utilizarse en cada cuenca, siempre y cuando se tenga un título de concesión.

Las zonas y ríos seleccionados son:
-Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche);
-Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz);
-Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León);
-Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca);
– San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León);
-Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla);
-Costa de Jalisco (Colima y Jalisco);
-Ameca (Nayarit y Jalisco).

Para saber cómo mantener el agua suficiente para la población durante los próximos 50 años, el gobierno federal fue asesorado por la organización de conservación ambiental WWF, que incluso menciona en su página oficial que con la firma de los decretos, “México tomó una decisión histórica con la cual protege la mitad del agua superficial del país y beneficiará a 45 millones de personas, 82 Áreas Naturales Protegidas y 64 humedales de importancia internacional o sitios Ramsar”.

Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en derechos sociales, económicos y culturales UNAM, explicó que fue legal la decisión del presidente.

“No es una decisión ilegal. Es arbitraria en un sentido simbólico de que no preguntó, no consultó a nadie y tomó una decisión muy significativa sobre un bien fundamental sobre la vida”, señaló Rodríguez.

Cabe destacar que la Ley de aguas nacionales faculta al mandatario para ese tipo de toma de decisiones, de acuerdo con el portal Verificado.

Eugenio Barrios, director del “programa agua” del Fondo Mundial para la Naturaleza México (WWF por sus siglas en inglés), también indicó que fue legal la eliminación de la veda, pues “la reserva de agua sólo se puede hacer por decreto”.

Sin embargo, organizaciones como Agua para tod@s, plantean que estos decretos abren la posibilidad de privatización del vital líquido.

“Estos decretos van a permitir a la Conagua garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadores de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, los núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbano”, explicaron.

Aseguran que la eliminación de las vedas traerá beneficios a las empresas transnacionales, quienes “requieren de concesiones con seguridad jurídica”.

Debido a que cada estado podrá solicitar los volúmenes requeridos, la organización señala que así quedarán sentadas “las bases para la privatización vía trasvases y el concesionamiento de servicios de agua y saneamiento”.

Agua para tod@s también enfatiza, que los decretos no reconocen los derechos de los pueblos indígenas, “empezando con su derecho a la consulta sobre esta misma medida. Desconocen también su derecho a la autodeterminación según sus propias formas de gobierno sobre las aguas en sus territorios”.

Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente aseguró que los decretos “no son una medida de privatización” y tampoco traerán beneficios para ningún particular, sino por el contrario, ayudarán al país a “preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy conocemos, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin”.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, aclaró que el agua no se va a concesionar, sólo se destinará al uso medio ambiental.

“Si bien tuvimos que reformar la ley actual lo hicimos con la finalidad de reglamentar el derecho humano al agua y eliminar la veda para garantizar el suficiente abasto de agua para la población durante los próximos 50 años”, explicó.
El investigador de la UNAM concluyó:

“No es una privatización, pero sí habilitar el uso de agua para usos privados. Técnicamente sólo es un cambio de régimen. Sí va a contribuir para que actores privados puedan apropiarse de bienes que antes estaban en manos del gobierno”.



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