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México

Concesionarán 300 cuencas de agua hasta por 50 años a empresas privadas

El presidente Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre el 40 por ciento de las cuencas del país y que contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación.

El mandatario anunció hace diez días la firma de diez decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país, lo que se autorizó con la aprobación de dichos decretos fue eliminar la “prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua” en esas cuencas.

Los decretos facilitan que 55 por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales, municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria.

Los decretos del Ejecutivo Federal favorecen los trasvases de agua a gran escala como los que ocurren o están diseñados en varios megaproyectos hidráulicos y son uno de los casos más evidentes de despojos de bienes comunes.

De acuerdo con información de El siglo de Torreón, en este caso, se despoja el agua de las comunidades indígenas o agrarias que han cuidado y protegido este bien común para que de pronto, mediante agresivos proyectos de “desarrollo”, se les expropie ese bien para llevarlo a grandes áreas urbanas.

La prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua en 300 cuencas del país, que concentran 55 por ciento de lagos y ríos, se levantó con los decretos de reservas de agua publicados por el gobierno federal.

Esto llevará a que el líquido sea concesionado hasta por 50 años a la industria minera, el fracking y la extracción de hidrocarburos, ya que gran parte de esas cuencas coinciden con los sitios donde se prevén esas actividades.

Esta medida favorece el uso doméstico y público urbano del recurso para que los gobiernos locales, que concesionan el servicio de agua potable lo cedan a las empresas privadas, como ya ocurre en Veracruz, Puebla, Saltillo y otros municipios y miles de núcleos agrarios están en riesgo de perder sus permisos y preparan amparos, informaron expertos de la coalición Agua para todos.

Con estos acuerdos se extinguen las concesiones sin título vigente y se estima que hay alrededor de 50 mil en esa situación, que tienen sus documentos caducos, ya que muchos núcleos agrarios tienen las dotaciones del líquido por decreto presidencial, pero esta figura cambió en la ley de Aguas Nacionales y no las renovaron.



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