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México

Un error aprobar dictamen de Ley Forestal sin consulta: ONG

Un grupo de organizaciones, productores y académicos del sector forestal cuestionó el dictamen aprobado de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados con el cual la propuesta de nueva ley forestal presentada por el Partido Verde Ecologista (PVEM) será puesta a votación en el Congreso, sin previa consulta al sector.

En conferencia de prensa, representantes de organizaciones civiles y de productores forestales indicaron que hace dos semanas más de cien organizaciones hicieron un llamado a los diputados para que antes de aprobar el dictamen de nueva ley forestal se convocara a un proceso de consulta con el objeto de recoger las propuestas del sector.

Indicaron que con ello se avanzaría en la generación de un marco regulatorio eficaz que en verdad atienda la problemática regulatoria que enfrentan las regiones forestales del país, no obstante, no hubo respuesta positiva por parte del PVEM.

En conferencia de prensa, Gonzalo Chapela, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), resaltó que el dictamen aprobado el pasado 21 de febrero por la Comisión “no tiene prácticamente ningún avance en comparación con la ley vigente de 2003. Por el contrario, presenta retrocesos importantes y desaprovecha múltiples propuestas para mejorar el marco jurídico del sector.”

En su oportunidad, Juan Carlos Carrillo, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) precisó que el dictamen aprobado “deja de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo forestal comunitario.

Además, dijo, invade facultades porque centraliza el poder en la Comisión Nacional Forestal (Conafor) al dejarla como responsable de coordinar las acciones de cambio climático, elaborar los reglamentos de los consejos estatales y reducir el comité mixto del Fondo Forestal Mexicano a un mero asesor, con lo cual deja a su discreción la toma de decisiones y asignación de recursos, como los del programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación.

Destacó que “se debe garantizar la consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, por ello es necesario que la iniciativa sea sometida a un amplio debate entre todos los actores involucrados. De acuerdo con los principios que rigen el derecho ambiental expedir una iniciativa de ley en estos términos supondría contravenir el principio de no regresión, lo cual está prohibido”.

Por su parte Raúl Benet, del CCMSS, señaló que el dictamen aprobado representa un retroceso en materia de participación ciudadana, “porque en lo que concierne al Consejo Nacional Forestal (Conaf), y a los Consejos Estatales, se reducen al mínimo sus funciones, hasta dejar a estas instancias en figuras decorativas, sin fuerza, a voluntad de los funcionarios”.

Añadió que este dictamen de ley forestal ha dejado de lado nuevamente la insistente demanda de las organizaciones de productores de simplificar los procesos administrativos de tramitación de permisos y autorizaciones para el manejo y aprovechamiento forestal.

Y aseguró que la “ausencia de una mejora regulatoria efectiva, ha desincentivado la producción forestal legal que ha caído más de 40 por ciento en los últimos 17 años, a pesar del permanente aumento del consumo nacional de productos forestales.

Destacó que el dictamen de ley plantea cambiar la ventanilla para la gestión de trámites de la Semarant a la Conafor, sin embargo, toda la normatividad que define los requisitos, costos, tiempos y procedimientos no se cambian y se mantienen los más de 50 trámites que tienen que realizar las comunidades y ejidos para obtener un permiso de aprovechamiento.”

Gustavo Sánchez, de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf) destacó que el dictamen omite el capítulo para un Sistema Nacional de Salvaguardas, como un instrumento de la Política Forestal a tono con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la vinculación con ordenamientos internacionales”.

Resaltó que “incluso deja de lado el mandato expreso de un acotado Sistema de Información de Salvaguardas, comprometido por México en los Acuerdos de Cancún, derivados de la COP 16 de Cambio Climático.”

En cuanto a la legalidad en el sector forestal, cuyas estimaciones van desde el 30 hasta el 70 por ciento de presencia de madera ilegal en el mercado mexicano, y mucha de esa madera es de importación, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil subrayaron que se omite la regulación de madererías y aduanas, que son donde se origina la mayor parte del tráfico ilegal.

mej



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