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Derechos Humanos emite recomendación por jornaleros de San Quintín

México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a diversas autoridades, al corroborar la falta de coordinación para implementar acciones puntuales y eficientes que permitan atender la situación de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California.

Lo anterior, derivado de los escritos de queja que recibió en marzo de 2015, referentes a la detención arbitraria por agentes de seguridad pública estatales, en agravio de más de 200 personas jornaleras agrícolas.

Entre ellas, había mujeres y aproximadamente 50 menores de 18 años, quienes habrían bloqueado la carretera Transpeninsular en protesta por sus inadecuadas condiciones laborales y de seguridad social, ya que sus contratantes no les pagan un salario digno.

De lo investigado, se evidenció el uso injustificado de balas de goma, bombas de humo, así como lesiones a personas y daños en viviendas por la carencia de una efectiva supervisión de la actuación de los elementos de seguridad.

Además de la falta de aplicación de protocolos conforme a los estándares de uso de la fuerza, así como de dispositivos no letales, anotó el organismo en un comunicado.

Por todo lo anterior, recomendó al Gobernador de Baja California presentar la iniciativa de ley pertinente ante el Congreso local, para que se armonice la normatividad estatal en materia de atención a víctimas con la Ley General de Víctimas.

De igual forma, lo conminó a elaborar un diagnóstico de la situación socioeconómica y laboral de las personas jornaleras agrícolas en la entidad, para iniciar un programa emergente de trabajo.

Además, deberá instruir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado para que incremente las inspecciones anuales, fortaleciendo la vinculación con autoridades federales e iniciando los procedimientos administrativos respecto de los patrones o empresas agrícolas que incumplan con sus obligaciones laborales.

Se solicitó a dicho funcionario colaborar con la CNDH en la denuncia de hechos que formule ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, por las conductas imputables a los servidores públicos de las instancias de seguridad pública involucrados en las detenciones arbitrarias y afectaciones a la integridad personal.

Además, difundir por medios impresos y/o electrónicos, entre las dependencias a su cargo, el contenido de la presente Recomendación.

Al presidente municipal de Ensenada y al gobernador de la entidad federativa se les pidió brindar atención médica y psicológica a las víctimas, así como ordenar la inscripción de los afectados en el Registro Nacional de Víctimas, proporcionándoles asistencia y asesoría para que accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Al titular de la Secretaría de Desarrollo Social se le requirió celebrar convenios en beneficio de la población jornalera agrícola en la entidad, o actualizar los existentes, así como vigilar las instancias ejecutoras del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA).

Además, supervisar el otorgamiento de apoyos para la instalación y/o mejora de albergues para el arribo, alimentación y/o educación de personas jornaleras y sus familias, y ver nuevos casos susceptibles de incorporarse a esos beneficios.

Al secretario del Trabajo y Previsión Social Federal se le recomendó formular las propuestas de modificaciones legislativas y/o administrativas, conforme a su competencia, para garantizar el derecho humano al trabajo, así como aquellas que trasciendan a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado de esa población.

Y, en coordinación con el gobierno estatal, elaborar un padrón de empresas y patrones agrícolas del estado, actualizándolo semestralmente; e impulsar un Programa de Movilidad Laboral y fortalecer las acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil y colaborar con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Ello, a fin de que todas las empresas agrícolas se incorporen de manera obligatoria a los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción Primaria de Vegetales y el Buen Uso y manejo de Agroquímicos.

Al secretario de Educación Pública se le solicitó instruir la celebración de convenios de coordinación o concertación para el beneficio educativo de la población jornalera agrícola y sus familias, sean o no residentes en ese estado, atendiendo a la diversidad étnica, lingüística y cultural de ese grupo poblacional.

Finalmente, se recomendó al director general del IMSS instruya a su delegado en Baja California, para que establezca un programa anual de visitas a empresas y patrones del giro agrícola y, en su caso, inicie los procedimientos administrativos por incumplimiento de la normatividad en materia de seguridad social.

En el marco del Día Mundial de la Justicia Social, la CNDH reconoció que aún persisten flagelos que impiden la generación y aplicación de políticas públicas adecuadas y suficientes para sacar de la pobreza a 55.3 millones de personas.

De ellas, más de la quinta parte, esto es, aproximadamente 11.4 millones de personas viven en pobreza extrema.

Notimex



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