México

Diputados conocen reforma constitucional en materia penitenciaria

México.- El Pleno de la Cámara de Diputados conoció la minuta que envió el Senado que propone reformar el Artículo 73 de la Constitución en materia de administración y gobierno interno de los centros penitenciarios.

La minuta se presentó como trámite de publicidad, por lo que se contempla que sea discutida y votada en la próxima sesión y de ser aprobada se enviaría el Ejecutivo federal para su promulgación.

Con esta reforma se prevé facultar al Congreso a expedir la ley general que establezca las bases y principios generales en materia de administración de centros penitenciarios, así como la distribución de competencias en la materia entre Federación, estados, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Para ello el Congreso tendría hasta 180 días a partir de la fecha siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para expedir la legislación general en materia de centros penitenciarios y administración en el ramo.

El dictamen reconoce la importancia de dotar de equilibrio a la seguridad y la protección de los derechos humanos de las personas en reclusión, garantizando su integridad física y mental, así como las mejores condiciones posibles en el acatamiento de la pena para que pueda cumplir con sus fines teleológicos.

Asienta que el país debe velar por la protección de los derechos humanos de las personas que se encuentran, por la comisión de un delito, privados de su libertad.

Además se deben cumplir los principios tendentes a lograr el fin de la pena, la reinserción social y los mecanismos que así lo permitan, como es la creación de un sistema de clasificación de los internos, lo que obliga a contar con infraestructura.

En la sesión de este martes se recibieron otras seis minutas del Senado, entre ellas la que propone declarar el 11 de abril de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra el Parkinson, y así emprender acciones que ayuden a combatir este padecimiento; se turnó a la Comisión de Gobernación.

Las minutas se remitieron a las comisiones respectivas para su análisis y dictaminación, con el fin de que posteriormente sean discutidas y votadas en el pleno camaral.

A la Comisión de Justicia se enviaron cuatro minutas, como la que adiciona un segundo párrafo al Artículo 222 Bis del Código Federal de Procedimientos Civiles, sobre los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad intelectual y/o mental.

Las sentencias deberán contener además un complemento con la redacción de la misma, bajo un formato de lectura fácil, y realizarse los ajustes necesarios para asegurar que las partes comprendan los términos de la resolución.

Una más adiciona un cuarto párrafo al Artículo 58 del Código Civil Federal a fin de determinar la obligación del Juez del Registro Civil para registrar en el acta de nacimiento el nombre solicitado, con estricto apego a las formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación pertenecientes a las lenguas indígenas.

Además la que modifica el Artículo 246 Fracción II y se adiciona un Artículo 248 Ter al Código Penal Federal, integrando al corredor público como uno de los fedatarios públicos que serán sancionados en caso de certificar hechos que no sean ciertos, o bien den fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos.

También se impondrá prisión de dos a seis años y de 100 a 300 días multa a quien haga declaraciones falsas ante corredor público o notario público, y se afecten bienes o derechos que sean competencia de la Federación.

El documento que reforma y adiciona el Artículo 381 del Código Penal Federal, que se devuelve para los efectos de la Fracción E del Artículo 72 Constitucional, prevé imponer de dos a siete años de prisión a quien robe cable de cobre y a consecuencia de ello se produzca la interrupción de servicios públicos y básicos.

Las modificaciones del Senado consisten en sustituir la palabra robo por la de apoderamiento, así como perfeccionar el tipo penal, ampliándolo a cuando el objeto del apoderamiento sea cable de cobre, aluminio, acero, níquel o cualquier otro medio que sirva para la prestación de un servicio público y a consecuencia de ello se produzca su interrupción.

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