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México

Condiciones en que murieron 32 trabajadores en Coatzacoalcos definirían si fue homicidio imprudencial: analista. Con Ruiz Healy

La explosión de la Planta de Clorados III en Coatzacoalcos, Veracruz, propiedad de Mexichem, abre muchas dudas, sobre qué fue lo que explotó, si se estaba realizando mantenimiento por parte de la empresa contratista ICA Flour Daniel S. mientras la planta estaba en operaciones, y si existían las condiciones de seguridad tanto para los trabajadores, como para las instalaciones, el medio ambiente y la comunidad vecina, señaló Joaquín Ortiz de Echavarría, director de Grupo Consultoría Estratégica.

En el espacio de “Eduardo Ruiz Healy en Fórmula”, destacó que si ninguna de las medidas de seguridad se cumplió, se estaría ante la violación de una norma en términos de un contrato, “entonces no estaríamos ante 32 personas que fallecieron en un accidente, sino que tendríamos 32 homicidios imprudenciales, que dependen del contrato que se firmó entre Mexichem e ICA Flour Daniel S. y eso se tendría que perseguir e investigar para esclarecer en qué condiciones murieron”.

Ortíz de Echeverría destacó que no se puede asegurar que la explosión ocurrida el pasado 20 de abril fue un accidente, pues aún se debe definir si existieron condiciones operativas y como lo establece la Ley Federal del Trabajo, estos 32 trabajadores debían estar preparados ante condiciones de riesgo para operar.

“Si se encuentra que hubo negligencia operativa, por parte del contratista y por parte de Mexichem estamos ante un delito que le costó la vida a esas 32 personas”, señaló.

Detalló que cuando hay un accidente industrial, el seguro debe resarcir el daño de acuerdo con las condiciones, sin embargo cuando existe un error humano el seguro no responde. “El costo directo de la explosión va sobre Mexichem, en este momento va sobre Petróleos Mexicanos (Pemex), pero en corresponsabilidad tiene que ser compartido, por ICA Fluor Daniel S.”.

La Procuraduría estatal, la Procuraduría General de la República (PGR), y los peritos designados, serán quienes establecerán si las 32 muertes se tipifican como homicidios imprudenciales.

“Sería muy saludable que en honor a la transparencias pudiéramos conocer los contratos en los que estaban operando, quiénes son los subcontratistas, y si las personas que fallecieron tenían el equipamiento adecuado, o mandaron a los trabajadores al matadero”, señaló Ortiz de Echavarría.

tls



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