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México

Propone senador se incluya a líderes nacionales, estatales y municipales de partidos en Ley 3de3

Con el fin de que el combate a la corrupción sea verdaderamente eficaz, el senador José María Martínez propuso que en el marco de la iniciativa ciudadana conocida como “Ley 3de3”, se incluya a los líderes nacionales, estatales y municipales de los partidos políticos como sujetos obligados de presentar su declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses; que uno de los requisitos para ser candidato a un puesto de elección popular sean estas declaraciones; y que los servidores públicos renuncien al “secreto bancario”.

En un comunicado se informó que mediante la presentación de un Punto de Acuerdo ante el Pleno del Senado, publicado en la Gaceta del Senado número 124 del 14 de abril, José María Martínez planteó que las comisiones encargadas de elaborar el dictamen de la iniciativa ciudadana para crear la Ley General de Responsabilidades Administrativas, deberían incluir algunos contenidos para que la declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses de los servidores públicos tengan alcances que logren una traducción real económica en el combate a la corrupción.

En el documento, propone que las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, a las que fue turnada la iniciativa ciudadana–, incluyan al menos cinco puntos esenciales, entre los que destacan: que los sujetos obligados renuncien al “secreto bancario”; que uno de los requisitos para ser candidato a un cargo de elección popular sea la declaración “3de3”; y que en la declaración de los sujetos obligados se informe sobre la situación patrimonial de los últimos 10 años.

El senador lamentó además que tanto el Presidente de la República, como el titular de la Secretaría de la Función Pública hayan señalado que la corrupción era cultural, pues no se puede estar de acuerdo con esa afirmación cuando son parte del cerrado “Caso Higa”.

En este sentido, dijo que para evitar casos como éstos, los empresarios que hacen negocios con el gobierno también deben estar obligados a presentar su “3de3”.

De esta manera, el legislador jalisciense enumeró en el Punto de Acuerdo las siguientes consideraciones:

1.- Que la declaración de conflicto de intereses abarque las relaciones personales de amistad, enemistad y familiares, tanto de consanguineidad y afinidad hasta un cuarto grado.

2.- Que en el contenido de la declaración patrimonial y de conflicto de intereses se mencionen las inversiones, activos, donaciones, herencias, préstamos, domicilios, contratos de arrendamiento, conflictos judiciales civiles y mercantiles así como los hechos que los motivaron en los últimos diez años.

3.- Que se considere como sujetos obligados para la presentación de las declaraciones de conflicto de intereses, patrimonial y fiscal, tanto a los dirigentes partidistas a nivel nacional, estatal y municipal, así como a todos los candidatos a elección popular para su registro.

4.- Que todos los sujetos obligados renuncien a su derecho de secreto bancario.

5.- Que todos los sujetos obligados firmen una solicitud para que todos los registros públicos de la propiedad de las 32 entidades federativas remitan a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la relación de todos los bienes inmuebles registrados a nombre de ellos y de sus familiares.

6.- Que todas las personas físicas y jurídicas que participen en un proceso de licitación o adjudicación pública tengan la obligación de presentar las declaraciones de conflicto de intereses, patrimonial y fiscal.

Asimismo, el senador Martínez Martínez puntualizó que urge legislar para que todas las personas físicas y jurídicas que participan en procesos de licitación o adjudicación pública, ya sea a nivel federal, estatal o municipal, también tengan la obligación de presentar las tres declaraciones.

José María Martínez consideró que incluir estos aspectos en el análisis de la iniciativa “Ley 3de3”, “permitirá tener un servicio público ejemplar, digno del reconocimiento de los ciudadanos, pues seguramente veríamos reflejados los beneficios de estas reformas en más y mejores bienes y servicios para los ciudadanos”.

Finalmente, explicó que “si los mexicanos queremos combatir verdaderamente al flagelo de la corrupción, no sólo debemos limitarnos a una propuesta rabona, sino hacer un verdadero plan de prevención contra la corrupción y evitar que el Sistema Nacional Anticorrupción en ciernes, termine siendo una Secretaría de la Función Pública”, ya que se trata de implementar un verdadero combate a la corrupción y no sólo aumentar los requisitos para ingresar al servicio público, recordó.

joa



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