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Tribunal Electoral informa a Senado obstrucción de magistrados de SLP

México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral federal dio vista al Senado y a la Contraloría Interna de su homólogo potosino, respecto de la actuación de magistrados y el secretario general de Acuerdos, por obstaculizar el trabajo de Yolanda Pedroza.

A la magistrada del Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí se le impidió el acceso a la información y documentación necesaria para el adecuado ejercicio de su función, además de que fueron aseguradas sus oficinas.

El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el magistrado presidente y el secretario general de Acuerdos del órgano estatal deben permitir a la juzgadora el acceso a todos los datos relacionados con el funcionamiento de ese organismo.

Además resolvieron que se deberá eliminar cualquier impedimento o barrera que tenga por objeto impedir el adecuado ejercicio de su función como magistrada del tribunal local.

El magistrado Pedro Esteban Penagos López consideró delicado que actos de ese tipo sean perpetrados por los propios juzgadores, sobre todo cuando los órganos colegiados deben buscar el entendimiento, la cordialidad y las vías de comunicación como mecanismos de solución de las controversias entre integrantes.

“Además se advierten las actas levantadas por agentes del Ministerio Público, a petición del presidente del Tribunal Electoral local, para colocar sellos en las oficinas de la magistrada y el aseguramiento de las instalaciones para la práctica de periciales a los equipos de cómputo”, expuso.

La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa comentó a su vez que la actuación de esos servidores públicos acredita la violencia política, el acoso y la discriminación contra la magistrada Pedroza Reyes.

Señaló que se incurrió en las tres vertientes de acoso laboral: horizontal, vertical descendente y vertical ascendente, previstas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Alanis Figueroa estuvo de acuerdo con que se dé vista al Senado de la República y a la Controlaría Interna del Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí a fin de que en su carácter de órgano responsable de la designación de los magistrados, investigue y, en su caso, imponga las sanciones que corresponda.

La investigación deberá basarse en las conductas de violencia y acoso laboral contra la magistrada electoral, añadió Alanis Figueroa, quien destacó la importancia de visibilizar los casos de violencia apolítica para actuar en ellos.

El magistrado Flavio Galván Rivera indicó, en tanto, que las diferencias entre los integrantes de un cuerpo colegiado no se pueden traducir en falta de respeto, menos en atentados a la libertad, integridad física y moral.

Refirió que los Códigos de Ética son vinculantes y su desacato tiene consecuencias, con independencia de la conducta posiblemente tipificada en el Código Penal.

También habló del tema el magistrado Manuel González Oropeza, quien señaló que los tribunales estatales han sido afectados por actos de acoso, lo cual ha dado como resultado, en algunos casos, que la justicia electoral en México no se desarrolle.

“Nosotros podemos intervenir, pero hay otros más allá del género que también están haciendo o padeciendo en detrimento de un buen funcionamiento independiente, imparcial y profesional de la justicia electoral” dijo.

Estos casos concretos tienen repercusiones en otros estados; “creo que el Senado, con esa altura de miras, puede a través de una investigación proponer las mejoras al sistema de justicia electoral local”, añadió.

Para el magistrado Salvador Nava Gomar es grave este asunto, “me avergüenza y me pesa. Ojalá que el Senado de la República tome cartas en el asunto, pues qué garantía puede dar quien no honra a sus pares”, cuestionó.

El magistrado presidente Constancio Carrasco consideró que para que la tutela judicial sea efectiva en un sistema democrático, se debe juzgar con perspectiva de género.

No puede leerse el artículo 17 de la Constitución, que refiere el derecho a la tutela judicial efectiva, si se margina el desempeño de la función judicial, el principio de profesionalismo y de objetividad, agregó.

Notimex



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