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México

Se perfila impunidad en masacre de Tlatlaya: defensores

Luego de que el Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictara sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares que participaron en la masacre de Tlatlaya y que el séptimo de los acusados fue condenado solamente a un año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó, defensores de derechos humanos vaticinaron que este caso se perfila a quedar sin castigo.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el cual acompaña a una de las víctimas, la sentencia a favor de los militares involucrados sólo pudo ser conocida recientemente por la víctima Clara Gómez González, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso debido a la opacidad que subsiste en el caso.

La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense -dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente.

Esta determinación, ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad.
En este sentido, destacan las omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR).

Señaló que como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos, la PGR ha fragmentado la investigación integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos.

Cabe recordar que el 2 de julio de 2015 el Centro Prodh solicitó, en ejercicio de la coadyuvancia a la PGR, que se desahogaran diversas pruebas para investigar la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”; entre estas pruebas, la coadyuvancia solicitó que los mandos militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando.

Sin embargo, tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando militar, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas.

La absolución en el fuero militar de los involucrados y las omisiones de PGR en la investigación se suman a decisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que perpetúan la opacidad en el caso.

La CNDH negó a la víctima Clara Gómez González el acceso a la versión íntegra del expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014, argumentando que la Sedena había calificado información del expediente como reservada, en contra de la calificación sobre la publicidad del expediente hecha por el propio Ombudsman anteriormente.

Por otro lado, la Comisión tampoco ha informado de los resultados de su revisión de las órdenes militares vigentes en el país y si éstas contienen instrucciones de “abatir delincuentes”, siendo un hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las Fuerzas Armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana.

Pese a que la gravedad de este emblemático caso de violación a los derechos humanos debería tener como respuesta una actuación ejemplar de la justicia, las recientes determinaciones apuntan a que la impunidad podría prevalecer en el caso.

Por ello, es fundamental reiterar que diversos procesos continúan abiertos: en la justicia civil federal tres militares están imputados por cargos de homicidio; la PGR aún mantiene abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de abatir; y, adicionalmente, permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez González para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Frente a este panorama, los organismos de derechos humanos nuevamente advierten sobre el riesgo de que en este caso emblemático termine imponiéndose la impunidad y, en ese sentido, llamamos nuevamente a que la justicia sea exhaustiva.

Especialmente, reiteraron la exigencia de que se investigue la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a abatir delincuentes, pues de acuerdo con el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Christoph Heyns, esta debe ser indagada cabalmente dado que “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”.

En tanto, la organización Amnistía Internacional precisó mediante un comunicado que el 30 de junio de 2014, 22 personas, incluida una joven de 15 años, murieron a manos de militares dentro de una bodega en Tlatlaya.

El ejército mexicano informó que todas las muertes sucedieron en un enfrentamiento con integrantes de la delincuencia organizada; sin embargo, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la Cámara de Diputados concluyeron que la mayoría de las personas no murieron durante un enfrentamiento como lo señaló la Secretaria de Defensa Nacional, sino que fueron ejecutadas extrajudicialmente cuando no representaban una amenaza para las fuerzas armadas.

A más de un año de los hechos, y frente a la revelación de un documento militar que puso en duda la versión oficial, al indicar que la masacre de 22 personas podría ser resultado de una orden de “abatir delincuentes”, existe el riesgo de que en este caso termine imponiéndose la impunidad.

Por ello, “exigimos al gobierno mexicano verdad, justicia y reparación para las víctimas de este caso, que incluya medidas concretas para que casos como éste, no se repitan”.

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