México

Juzgado ordena a gobierno de Morelos restituir dignidad a discriminados por preferencias sexuales

El juez Carlos Alfredo Soto Morales, titular del Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, concedió un amparo para efectos en favor de personas que se inconformaron contra la Constitución y Código Familiar del Estado de Morelos.

Lo novedoso de esta resolución es la condena que impone el juzgador federal al estado de Morelos a publicar en el periódico oficial la parte considerativa de la sentencia.

A través de un comunicado se informó que, los quejosos se inconformaron con dicho código por definir el matrimonio y el concubinato como la unión entre un hombre y una mujer, por lo que se condenó al Gobierno y Congreso de la Entidad a la publicación de la sentencia, por las siguientes consideraciones:

La difusión al público de la sentencia implica el reconocimiento del inconstitucional actuar del Congreso del Estado de Morelos; además de que la publicidad del fallo puede considerarse una medida suficiente para satisfacer, en la medida de lo posible, la dignidad de los agraviados, que fueron discriminados y estigmatizados por sus preferencias sexuales.

Otra razón de peso para ordenar la publicación de la resolución radica en el hecho de que desde el 19 de junio de 2015 se publicó la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte, la cual declara la inconstitucionalidad de cualquier ley que defina al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Sin embargo, el Congreso del Estado de Morelos no ha reformado su legislación, permitiendo que subsista el mensaje discriminador y estigmatizador en perjuicio de los quejosos.

Además, la ONU ha señalado que la satisfacción de las víctimas a la violación de sus derechos humanos puede comprender, entre otras medidas: La revelación pública y completa de la verdad; una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; y, una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades.

El juzgador determinó que las sentencias de amparo no siempre son de simple anulación, sino que, en casos excepcionales, el juzgador puede tomar medidas adicionales para restaurar los derechos humanos violados.

La reparación integral a la violación de derechos humanos comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición; cada una de éstas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud de la violación a sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho que le dio origen a tal violación.

En el análisis de la demanda de amparo 76/2016, el juez determinó que los preceptos impugnados son discriminatorios y estigmatizan a las parejas del mismo sexo, impidiéndoles acceder a los beneficios inherentes a estas formas de convivencia, en la Carta Magna y en tratados internacionales, así como en precedentes establecidos por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país.

En su resolución quedó establecido que las normas analizadas vedan todas las prerrogativas al limitar la figura del matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer sin que exista justificación constitucional para ello.

Subraya también que la restricción señalada no es un simple descuido del legislador, sino un legado de perjuicios homofóbicos y discriminación histórica que ha sufrido la comunidad gay.

Lo anterior se evidencia del informe rendido por el Congreso morelense que pretende justificar que el matrimonio heterosexual obedece a razones históricas, describiendo la evolución de dicha figura desde las comunidades antiguas de Grecia y Roma, incluso desde su punto de vista etimológico, al señalar que mater, significa madre, o que “en el griego antiguo se designaba al matrimonio con la palabra himeneo, donde la palabra himen constituye la raíz semántica y significa membrana, es decir, existe una clara alusión al cuerpo femenino”.

Sobre este particular, la autoridad jurisdiccional señaló que resulta evidente que las tradiciones, por antiguas que sean, no pueden justificar la violación de la dignidad de alguna persona o de un colectivo de individuos.

Adicionalmente se puntualiza que el legislador del Estado de Morelos al incluir la frase “procreación de hijos”, vulnera los principios de igualdad, ya que la procreación no está directamente ligada a la figura del matrimonio, pues para tener hijos no es requisito indispensable estar casado o vivir bajo un régimen legal tutelado por el Estado. Inclusive, precisa, para ser padre o madre no se debe recurrir a la concepción natural, ya que la filiación puede provenir de otras vías, tales como la adopción.

En la sentencia, el juez Soto Morales refiere que los artículos 120 de la Constitución, 65 y 68 del Código Familiar, todos del estado de Morelos, proyectan un mensaje discriminatorio que estigmatiza a los quejosos, lo cual sucede día con día, y seguirá sucediendo hasta en tanto el Poder Legislativo del Estado reforme tales normas, a efecto de silenciar el mensaje homófobo que han impreso al restringir el matrimonio y el concubinato a la unión legal entre un hombre y una mujer.

jgam

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