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Si debate mariguana no abona a cambiar la ley, SMART no va: fundador. Con Ciro Gómez Leyva

El fundador de SMART, Juan Francisco Torres Landa, precisó que desde el pasado 4 de noviembre, ya tienen en su haber, la protección provisional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que “hay quienes señalan que este trámite, por parte de Cofepris, es un mero trámite para reconocer administrativamente lo que la Corte ya nos reconoció”.

Lo anterior, luego de que se informara que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios recibirá este lunes, la notificación de un Juez Administrativo para comenzar a otorgar los permisos a la asociación SMART para hacer uso de la mariguana de forma personal.

Asimismo, en entrevista para el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, aseveró que la Cofepirs está en un aprieto jurídico, porque tienen que cumplir con lo que la sentencia señala; sin embargo, regulatoriamente hablando, no tienen los instrumentos para meter más ruido o más reglas que la propia sentencia ya incluye en sus cuatro esquinas “y es porque la ley general de salud, que ha sido declarada inconstitucional, no le da margen de maniobra a Cofepris para hacer realmente mucho más que lo que la sentencia señala”.

Dijo que esto detonará una urgente necesidad por parte del legislativo de actuar para ajustar el marco regulatorio y cambiar la política prohibicionista por una regulatoria, en donde la autoridad de salud tenga las facultades para entrar a regular este mercado, que hasta la fecha, solamente se regula por parte de la delincuencia organizada y “ese es el gran cambio que esperamos.

“Cofepris va a tener que expedir un oficio donde diga, simple y llanamente, que podemos hacer uso de los derechos que marca la propia resolución, pero no va a poder a entrar a regular ni lugares ni usos ni muchas cosas porque la ley no se lo autoriza y hoy en día, Cofepris no tiene facultad para regular esta materia”.

Sin embargo, Juan Francisco Torres Landa, comentó que la sentencia sí da un marco regulatorio importante, ya que expone que cualquier acto de comercialización está prohibido, pero no está prohibida la donación, además de que se puede pedir la autorización de importación.

“Vamos a hacer uso de nuestro derecho de no consumir en este momento, y eso es lo que vamos a hacer, lo que queremos es que el legislativo reaccione y diga ´esta política no solamente es nociva, sino además de todo es anticonstitucional´, y por lo tanto, debemos de cambiarla.

“Nosotros hemos dicho desde el principio, que cualquier foro para discutir fuera del proceso legislativo, es un despropósito, y en ese sentido, las declaraciones del presidente nos parecieron irresponsables, porque él no puede señalar que se va a señalar en un foro fuera del legislativo y él de entrada, marcar o cargar los dados para decir que el debate debe ser en torno a su opinión personal, la verdad es que nos parecieron desafortunadas esas aseveraciones porque es como cargar los dados y además señalar que se va hacer fuera del legislativo cuando tiene que ser dentro del legislativo y con un propósito fundamental, que es, ajustar que la ley se vuelva constitucional, cosa que hoy no lo es”.

A pregunta expresa de si van a participar en estos debates o no, reiteró que su postura es “todo lo que abone a que el proceso legislativo sea más expedito y más robusto, por supuesto que sí, pero si el propósito es mandar esto fuera y que de alguna manera sea un refrito de los foros que ya se han dado, tres de ellos en el Congreso, dos de ellos ante la UNAM y nosotros organizamos uno en 2011, nos parece que es tanto como burlarse de la ciudadanía y en eso no vamos a participar.

“El gobierno lo está pateando (el bote) y lo está pateando de una forma miserable porque saben que vienen procesos electorales, que todos sabemos, hacen que el tema legislativo y la agenda se congele o se difiera y ahí nos parece que están perdiendo la enorme necesidad de figurar mundialmente como un gobierno responsable, que acata una resolución de su máximo tribunal y que vela por los mejores intereses de la población, en particular de aquella que está más desprotegida y de las zonas con la mayor violencia posible”.

amd

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