México

Crimen contra maestro EZLN, Galeano, fue ejecución extrajudicial: Centro Frayba

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) dio a conocer el informe “La Realidad, contexto de guerra” en el que concluye que el gobierno mexicano es responsable de la ejecución extrajudicial, agresiones y hostigamiento a las bases de apoyo del Ejército Zapatistas de Liberación Nacional (BAEZLN), en particular al maestro José Luis Solis, conocido como Galeano.

Y ubicó como responsable de manera directa de las agresiones a integrantes de la CIOAC-H encabezados por Luis Hernández Cruz y José Antonio Vázquez Hernández, autoridades del ejido La Realidad e integrantes del PVEM y PAN, en complicidad con Gaudencio Jiménez Jiménez, Florinda Santiz y Manuel de Jesús Culebro Gordillo, funcionarios públicos de la administración municipal de Las Margaritas.

Asimismo, señaló a los siguientes funcionarios de gobierno involucrados en la política de contrainsurgencia: Enrique Peña Nieto, titular del gobierno federal, comandante de las Fuerzas Armadas que hostigan al EZLN e implementa proyectos sociales que generan división, dependencia y atomizan a las comunidades y pueblos en Chiapas.

A Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas y operador político de las programas federales para la acción de contrainsurgencia y protector, financiador a organizaciones como la CIOAC-H.

Señaló que luego de documentar la situación, el gobierno mexicano “es responsable de la ejecución extrajudicial, agresiones y hostigamiento a BAEZLN”.

Eeste centro de derechos humanos consideró que el gobierno de México es responsable por su intervención, con distintos grados de autoría y participación, en el concurso de acciones represivas expresada en la violencia de Estado contra las bases de apoyo.

“Por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de crímenes de lesa humanidad, que se concretan en las siguientes violaciones a los derechos humanos: ejecución extrajudicial; desplazamiento forzado; privación arbitraria de la libertad, tortura, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos y étnicos, lesiones graves a la integridad física y psicológica de los pueblos y organizaciones que luchan por su autonomía”, indicó en su informe.

Además, agregó que por faltar a su deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, además prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones, dejando una situación de impunidad estructural.

Sostuvo que en Chiapas el gobierno de México, con sus instituciones violenta el derecho a la vida, a la seguridad e integridad personal, a la Libre Determinación expresada en la Autonomía de los Pueblos, basada y cimentada en instrumentos de estricta observancia para el Estado mexicano como son: los Acuerdos de San Andrés, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de
Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas.

Así también lo referente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y los Pactos: Derechos Civiles y Políticos; y Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966 y sus respectivos protocolos adicionales.

Y precisó que “esta acción de contrainsurgencia está relacionada a los intereses del control territorial y vulnera los derechos colectivos a la tierra, el territorio, recursos naturales, autogobierno, autonomía y la libre determinación”.

Consulte el informe completo del Centro Faryba.

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