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Mensaje del embajador Juan Manuel Gómez Robledo ante ONU

Mensaje del embajador Juan Manuel Gómez Robledo durante la sustentación del informe de México sobre el cumplimiento de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CED)
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Ginebra, Suiza, 2 de febrero de 2015

Mensaje del embajador Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, durante la sustentación del informe de México sobre el cumplimiento de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CED)

Señor Presidente:

Con convicción y responsabilidad, acudimos a sustentar el informe que México rindió ante el Comité contra la Desaparición Forzada, conforme a las obligaciones que hemos asumido en virtud de la Convención.

Todos saben el papel que desempeño México en la promoción de este instrumento internacional, a fin de contar con la norma universal que genere los cambios internos que requiere la prevención y sanción de la más abominable violación a los derechos humanos.

Estamos seguros que este diálogo del que derivarán sus recomendaciones nos permitirá fortalecer las medidas que México ha adoptado desde la entrada en vigor de la Convención en 2010 y comprometer nuevas acciones.

La Delegación incluye representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, a nivel federal, un comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero también funcionarios de los Estados, y de manera destacada, el Gobernador del Estado de Coahuila y Coordinador de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Señor Presidente, distinguidos miembros del Comité:

México reconoce sin la menor ambigüedad que, a pesar de los importantes avances que existen en el país en materia de derechos humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar. Nuestra presencia hoy ante ustedes deriva de la obligación de rendir cuentas acerca del estado que guarda el cumplimiento de la Convención.

Pero esta sustentación ocurre en una circunstancia particularmente dolorosa que ha generado urbi et orbi indignación y repudio, pero también determinación y contundencia para satisfacer el derecho a la verdad y a la justicia. En ese cometido están comprometidos gobierno y sociedad.

La desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa pone de manifiesto, una vez más, que debemos seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción, para hacer frente al crimen organizado y la violencia que lo acompaña, y así fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y justicia.

Cuando se juzgue y sancione a todos los responsables de estos actos de barbarie y se acredite plenamente el paradero de los desaparecidos, podremos, Estado y sociedad pasar del dolor a la recomposición del tejido social. Y consolidar el México en paz, el México incluyente que haga realidad el estado de derecho que todos anhelamos.

Con profundo respeto a los familiares de algunos de los estudiantes desaparecidos aquí presentes y a las organizaciones que los representan, expresamos nuestra solidaridad para con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y todas las víctimas del delito en México.

Señor Presidente:

Las acciones emprendidas por el Gobierno Federal, las brigadas de búsqueda en vida de los normalistas desaparecidos que han realizado las instituciones de seguridad pública en compañía de los familiares, así como el trabajo científico que se ha compartido con los peritos independientes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), han permitido que la PGR construya una investigación criminal sin precedentes en la historia reciente de México.

Sin embargo, conscientes de la necesidad de hacer aún más transparente la acción del Estado, los representantes de las víctimas de los sucesos de Iguala y el Gobierno Federal solicitamos el 13 de octubre de 2014 la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 18 de noviembre firmamos un acuerdo para tal fin y el 21 la dotamos de los recursos financieros que requiere para el desahogo de su mandato. El 16 de enero de 2015, finalmente, la Comisión designó a un grupo de expertos independientes que deberá iniciar su labor en los próximos días. Quiero subrayar que el mandato de estos expertos trasciende la verificación de todas y cada una de las actuaciones del Estado en cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana: El Grupo de expertos podrá también hacer recomendaciones que atiendan, en un sentido más amplio, problemas de carácter estructural.

México se mantiene abierto a recibir cooperación de otras instituciones internacionales y de los gobiernos de los países que nos lo han ofrecido, entre los que se encuentran, a manera de ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. (tales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de La Cruz Roja y la Unión Europea).

Bienvenidas sean, pues, la mirada externa y la crítica constructiva. Pero es claro que la labor de vigilancia que ejerce cualquier organización internacional de derechos humanos, si quiere tener el efecto útil que se propone, debería privilegiar el diálogo en torno a una agenda compartida que evite incurrir solo en la descalificación.

Con este espíritu, nos ponemos a la disposición de las organizaciones que han acompañado esta sustentación para reunirnos mañana por la tarde aquí en Ginebra, y desde luego en México, y evaluar juntos el camino a seguir.

Señor Presidente:

A la luz de estos acontecimientos, se ha reforzado la urgencia de contar con un sistema de prevención integral que considere los contextos de la criminalidad en diferentes zonas. Asimismo, se ha reforzado la importancia de redoblar nuestros esfuerzos para transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la investigación ministerial, pericial y policial de la desaparición de personas para el cabal cumplimiento de los derechos humanos en México.

México ha vivido un proceso de transformación que se ha dado en etapas sucesivas, en el contexto de la consolidación de la democracia. Las reformas constitucionales sobre el sistema de justicia penal, amparo y derechos humanos y la forma vanguardista en que estas reformas han sido interpretadas por el Poder Judicial se traducen, sin lugar a dudas, en la mayor ampliación de derechos de las personas en un siglo.

De forma más reciente, el Presidente de la República anunció el 27 de noviembre de 2014, 10 medidas para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de derecho en México, en las que se comprometió a diseñar un conjunto de acciones que incluyan la elaboración de una iniciativa de reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las Leyes Generales en materia de prevención de la Tortura y Desaparición Forzada, la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y uno de Información Genética y fortalecer los protocolos y procedimientos para que, en casos de desaparición forzada, las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales.

Con estos cambios se modificará el esquema de coordinación para generar uno cooperativo en donde, bajo reglas definidas pero también flexibles, las autoridades locales puedan conocer de delitos federales y las autoridades federales de delitos locales, evitando la rigidez actual del sistema de competencias penales.

Con lo anterior, se pretende generar una coordinación eficiente entre los tres órdenes de gobierno, a fin de que puedan actuar simultáneamente sobre la misma materia. Este tipo de facultades deben quedar explícitas en la legislación nacional, en donde se precise el alcance de las atribuciones y responsabilidades de cada uno.

Estas iniciativas fueron objeto de discusión por parte de servidores públicos, académicos y de la sociedad civil, en distintos foros organizados por el Senado de la República, apenas el pasado 20, 21 y 22 de enero, con la intención de estar en posibilidades de aprobar un dictamen en el próximo mes de febrero que incorpore las visiones de los diferentes sectores.

Por lo que se refiere a la atención de víctimas de violaciones a los derechos humanos y de delitos en nuestro país, preciso que por mandato de la Ley General de Víctimas se creó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), el cual se instaló el 15 de enero de 2014 y está integrado por la máxima representación de los titulares de los Poderes Federales de la Unión, de los tres órdenes de gobierno, así como de organismos públicos de derechos humanos.

Cabe destacar que el reconocimiento de la calidad de víctima tiene como efecto acceder a la reparación integral que incluye las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. En lo relativo a la compensación las víctimas tienen acceso a los recursos de un Fondo creado especialmente para tal efecto. Estoy seguro que el Comité querrá dialogar con el representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aquí presente.

Señor Presidente,

Un análisis objetivo de la situación de los derechos humanos en México, además de reconocer los retos considerables, sobre todo a nivel local, obliga a tener en mente la evolución en la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos. Para ir más allá de la crítica, vale la pena recordar de dónde venimos y, sin triunfalismos, apreciar lo que la sociedad y las instituciones públicas en México hemos avanzado a lo largo de poco más de tres décadas.

Es con ese ánimo que México acude ante este Comité no sólo para recibir sus recomendaciones, sino para contribuir como uno de los 44 Estados parte a la construcción del nuevo régimen internacional que establece la Convención. Se trata de una etapa crucial en la que México alentará siempre al Comité a actuar con sentido de responsabilidad, de diálogo y cooperación con aquellos Estados que voluntariamente decidimos asumir las obligaciones derivadas de la Convención.



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