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SCJN presenta protocolo de acción para casos que involucren derechos de personas con discapacidad

El ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), aseguró que es un imperativo de equidad alcanzar el reconocimiento efectivo de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, a quienes tradicionalmente se les han desconocido sus derechos.

Lo anterior fue dicho por el Ministro Silva Meza durante la presentación del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad.

El Ministro Presidente señaló que el documento parte del principio de que es indispensable poner este tema en el centro de la discusión pública. “La Suprema Corte confía en que este Protocolo coadyuve a modificar una cultura jurídica que tradicionalmente ha desconocido a las personas con discapacidad y les ha negado el ejercicio de derechos por ellas mismas, entre los que se encuentran, destacadamente, los derechos a participar en la toma de decisiones que les afectan”, afirmó.

A través de un comunicado se informó que la presentación se realizó en presencia de Agustina Palacios, coordinadora del área de discapacidad del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina; Pablo Yanes Rizo, jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), consejeros de la Judicatura Federal, organizaciones de la sociedad civil y personas con discapacidad.

Este protocolo “pretende incidir en la implementación de medidas que garanticen de manera progresiva que los órganos de impartición de justicia cuenten, por una parte, con personal debidamente sensibilizado y entrenado en materia de discapacidad y, por otro, con instalaciones y servicios accesibles para todas las personas”, detalló Silva Meza.

En el Área de Murales de la SCJN, el Ministro Presidente explicó que el Protocolo cuenta con un apartado central, que aborda los principios rectores para cualquier caso que involucre a una persona con discapacidad; además de una sección que retoma sentencias y buenas prácticas en la materia, lo que proporcionará asequibles de protección de los derechos de este grupo social, desarrollados por tribunales internacionales y regionales.

Silva Meza dijo que la aplicación de las normas, principios y prácticas contenidas en el Protocolo representa una oportunidad para garantizar la vigencia de los derechos de las personas con discapacidad por parte del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Destacó que las acciones afirmativas que pueden adoptarse desde el Poder Judicial, implican actitudes proactivas dirigidas a generar consecuencias diversas y benéficas, entre ellas, facilitar a los juzgadores el conocimiento de primera mano de las necesidades y el entorno de vida de las personas con discapacidad y sus condiciones específicas.

Incluso, agregó, se puede propiciar que los impartidores de justicia busquen el apoyo de personal interdisciplinario para resolver adecuadamente litigios concretos y recordó que a diferencia de lo que sucede con otros grupos discriminados, “todas las personas, todos nosotros podemos estar en situación de discapacidad”.

Cabe señalar que se trata de un protocolo disponible al público en audio, digital y braille.

Este es el quinto Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia a personas en especial estado de vulnerabilidad que elabora la Suprema Corte, expuso el ministro Silva Meza, quien anunció que esta semana se presentará en Santiago de Chile, durante la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, un Protocolo internacional basado en estos instrumentos.

Por su parte, la doctora Agustina Palacios, coordinadora del área Discapacidad del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos “Alicia Moreau” de la Universidad Nacional de Mar del Plata, reconoció que el Protocolo recupera el concepto de discapacidad como una cuestión de derechos humanos e identifica a quienes la viven como sujetos de derechos y no como sólo objetos de políticas asistenciales.

Destacó, entre las principales aportaciones del documento, los ochos principios rectores para la actuación del sistema de justicia y la recomendación de que éstos se apliquen en todas las etapas del proceso.

En su oportunidad Pablo Yanes Rizo recordó que la CEPAL ha venido sosteniendo que el problema central de América Latina -y México no es la excepción-, es la desigualdad, por lo que la primera y fundamental obligación de los Estados es alinear la legislación, las políticas, la impartición de justicia, los presupuestos y las acciones públicas para reducir las enormes brechas de desigualdad que caracterizan a la región.

Consideró que el Protocolo contribuye a remontar la discriminación en la que viven las personas con discapacidad y cerrar las brechas de desigualdad, en una lógica de interdependencia e indivisibilidad de los derechos, de más y mejores políticas pero también de más y mejores accesos a la justicia.

jgam



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