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México admite parcialmente recomendaciones en Derechos Humanos de ONU

El gobierno mexicano admitió parcialmente las recomendaciones emitidas a partir del Mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Derechos Humanos, postura que fue criticada duramente por las diversas organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos presentes en el seno del organismo.

Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Lía Limón subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) fueron los encargados de exponer la postura de México ante las recomendaciones emitidas y destacaron el papel de México en el fortalecimiento de los mecanismo internacionales de defensa de Derechos Humanos.

El primero en tomar la palabra fue Gómez Robledo quien aseguró que las recomandaciones se revisaron en un grupo de trabajo integrado por los tres Poderes de la Unión, los gobiernos de los estados para “poder identificar las acciones concretas” que se tomarían con la finalidad de cumplir con estas y otras recomendaciones.

Dijo que casi la mitad de las recomendaciones se realizaron a procesos que están en consolidación por lo que admitió la necesidad de acelerar la implementación de leyes pendientes y reconoció que es necesario consolidar la política de estado en materia de Derechos Humanos.

Lía Limón reforzó lo anterior y aseguró que las recomendaciones se dieron en un marco de aprobación de diversas reformas en México, las cuales también reforzarán los derechos humanos de los mexicanos.

Anunció que el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014 – 2018 que se presentará en breve planteará su vinculación con las recomendaciones internacionales.

La respuesta al Consejo de Seguridad indica que “como reflejo de su compromiso con el sistema internacional de derechos humanos y con la convicción de que el Examen Periódico Universal constituye una herramienta valiosa para promover la cooperación en esta materia, México presenta su respuesta a las recomendaciones, que es producto de una consulta amplia al interior del Poder Ejecutivo Federal, así como con los Poderes Legislativo y Judicial”.

Y asegura que se mantuvo un diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno, “en el que se intercambiaron puntos de vista sobre las preocupaciones y prioridades en torno a las
recomendaciones”.

El gobierno mexicano considera fundamental la labor de la sociedad civil organizada en la planeación y ejecución de las políticas de derechos humanos y reitera su compromiso de mantener la interlocución para el seguimiento de recomendaciones internacionales.

La respuesta de México a las recomendaciones del EPU fue aprobada por los países que integran el mecanismo.

Cabe mencionar que las recomendaciones admitidas por el gobierno mexicano incluyen la vinculación con instrumentos internacionales de derechos humanos; la armonización y fortalecimiento del marco normativo e institucional; Igualdad y no discriminación; derecho a la vida; prevención de la tortura; desaparición forzada, arraigo, sistema penal penitenciario.

Así como eliminación de violencia contra las mujeres, derechos de niños, niñas y adolescentes, trata de personas, seguridad ciudadana, sistema judicial y sistema de justicia penal, fortalecimiento del Estado de derecho, jurisdicción militar, procuración y administracion de justicia, protección a la familia y al matrimonio, libertad de religión, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, derechos de las mujeres.

Además del combate a la pobreza, derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, de las personas con discapacidad, derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y derechos de migrantes.

PERSISTEN LAS CRITICAS

Ante la postura del gobierno mexicano, organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos criticaron que México haya admitido parcialmente las recomendaciones y destacaron ante los países que integran la misión los problemas que desde su visión y trabajo siguen siendo vulnerables.

Se refirieron a la práctica de la tortura que acusaron se da de manera sistemática, la impunidad absoluta para estos casos, la falta de investigaciones y de sentencias militares ni civiles para la comisión de esta práctica. Y definieron el arraigo como una práctica facilita que se violenten los derechos humanos.

Denunciaron que la desaparición forzada ha resurgido con fuerza estremecedora en el marco del combate a la inseguridad y el crimen organizado.

Criticaron duramente que se admita de manera parcial la recomendación relacionada con las 26 mil personas desaparecidas, aun cuando el Estado fue uno de los principales promotores de esa guerra contra el crimen. Por lo que instaron al gobierno mexicano a cumplir con las recomendaciones contra la tortura y las desapariciones forzadas.

Mencionaron que se han registrado 242 agresiones en contra de defensoras de derechos humanos y pediodistas en México y que las violaciones a los derechos humanos parece una práctica sistemática y generalizada que genera violaciones escalofriantes.

Alertaron sobre la conformación de un conflicto armado de carácter no interncaional que ha dejado 100 mil asesinados, 150 mil desplazados y más de 20 mil desapariciones forzadas, además de que el sistema de procuración de justicia presenta una tasa de impunidad del 98 por ciento.

“Mexico requiere su atención ante la crisis de inseguridad que viven sus ciudadanos”, reclamaron representantes de organizaciones de la sociedad civil.

En sus respuestas, Juan Manuel Gómez Robledo y Lia Limón dijeron que el arraigo en 2013 se redujo en un 50 por ciento con relacion al 2011 y al 2012. Y sobr eel arraigo mencionó que con la reciente reforma se reduce el número de días de arraigo de 80 a 30 días.

Mencionaron que en materia de justicia militar estña en proceso de revisión el Artículo 57 del Código de Justicia Militar para poder ser reformado en compatibilidad con la Constitución y estándares internacionales.

E informaron que la Procuraduría General de Justicia Militar ha dclinado la competencia de la violacion de Derechos Humanos a favor de la justicia civil desde 2012 en poco mas de 500 casos.

Asimismo, dijeron que en lo relacionado con los derechos indígenas se trabaja con las instituciones para que garanticen las consultas a los pueblos indígenas, el desarrollo de protocolos con base en procesos de enseñanza concreta. Además de que se cuenta con un programa de excarcelación de indígenas en los casos que se identifique que se ha violado el debido proceso.

Anunciaron que hoy se publicará la Ley de Discriminación a personas con discapacidad, y mañana un protocolo contra la homofobia.

Asimismo, los funcionarios ratificaron la invitación a los mecanismos internacionales para visitar México y ratificaron que México está en apertura toral al escrutinio internacional.

Ratificaron la invitación permanente a cuaquier procedimiento mediante visitas de trabajo a México y mecionaron que el relator para la tortura visitará el país en breve.

Finalmente informaron que los mecanismos de defensa de derechos humanos y periodistas han recibido 152 solicitudes de incoporación que benefician a 220 defensores y periodistas.

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