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México

Denuncian familias de desaparecidos NL descuido en búsqueda de restos humanos

Luego de que el pasado 28 de febrero el procurador de Justicia de Nuevo León, Adrián de la Garza, informara de la localización de cuatro mil fragmentos de restos humanos, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en esa entidad denunciaron irregularidades en la investigación y demandaron se finquen responsabilidades.

Mediante un comunicado, la organización recordó que durante tres años, han empujado al Estado mexicano para que haga lo que es su responsabilidad, pero en casos como el de Nuevo León el gobierno de Rodrigo Medina se ha negado a aceptar públicamente la tragedia humanitaria que se vive en torno a las desapariciones.

Incluso, menciona, hasta la fecha no se cuenta con información pública sobre el número de personas desaparecidas en el estado.

Ante los cuestionados operativos realizados en Coahuila, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y los hallazgos anunciados por el Procurador de Nuevo León “las familias que nos encontramos agrupadas en FUNDENL y FUNDE Jalisco manifestamos nuestra preocupación ante dichas declaraciones del procurador.

Y es que declaró que los restos fueron localizados “en los mismos lugares que ya habíamos abandonado porque no había nada a la vista” lo que demuestra el poco profesionalismo en la búsqueda y aseguramiento de los restos humanos, mismos que hemos denunciado con anterioridad.

Por ello exigieron al gobernador de Nuevo León que inicie una investigación para fincar responsabilidades ante la falta de ética y profesionalismo por parte de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León.

Que se realice un informe público sobre los lugares, los protocolos seguidos y las instituciones que participaron en los operativos de Nuevo León, así como las fechas en que fueron realizados e informar del lugar, específico, donde han sido depositados los restos, fragmentos y cuerpos sin identificar.

Que todas las acciones de búsqueda, en especial la de restos humanos, sean supervisadas por organizaciones independientes especializadas en la materia y el estado proporcione un lugar específico para restos no identificados que cumpla con los protocolos internacionales que faciliten la preservación de evidencias.

Que garantice el derecho a la verdad con acciones encaminadas al esclarecimiento de los hechos y el procesamiento judicial de los responsables incluidos los servidores públicos que participaron por acción u omisión.

“Finalmente mantenemos nuestra postura de denunciar la gravedad de estas omisiones, informando a las organizaciones civiles de derechos humanos que nos acompañan y a las instancias internacionales de Derechos Humanos”, puntualizó.

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