Anuncia Edomex iniciativa para combatir extorsión telefónica

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, anunció que presentará una iniciativa para reformar el Código Penal y establecer formalmente como delito permitir, facilitar, tolerar e introducir equipos electrónicos, de comunicación, radiocomunicación, telefonía celular, drogas o enervantes, dinero, armas o cualquier otro objeto prohibido en los penales.

Ávila Villegas envío a la Legislatura local una iniciativa de ley para adicionar al artículo 166 BIS del Código Penal del Estado de México, sanciones de seis a 10 años de prisión a quien tolere, permita, facilite, la introducción de los artículos antes mencionados a los Centros Preventivos y de Readaptación Social.

Así como castigos de ocho a 13 años en prisión para aquellos servidores públicos que participen en esta práctica.

Además solicitará a los concesionarios de redes públicas que, con base en el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, cancelen las señales de telefonía celular dentro del perímetro de los penales o centros de internamiento, con el objetivo de combatir el delito de extorsión.

Al inaugurar la Unidad de Atención al Derechohabiente del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) en Toluca, Eruviel Ávila señaló que con esta iniciativa, el Gobierno del Estado busca desalentar el uso e ingreso de este tipo de tecnologías y de cualquier objeto prohibido al interior de los centros de readaptación social.

De acuerdo a las denuncias realizadas por este ilícito, la mayor parte de las llamadas salen de los penales del país, por lo que es necesario tipificar el delito de introducción de telefonía celular a estos sitios e incrementar la penalidad, e hizo un llamado a la población para que no haga caso a este tipo de extorsión y a denunciarlo.

Indicó que este delito es el segundo que se reporta con más frecuencia en el país, según datos del INEGI, y el Estado de México ocupó en enero de 2014, el octavo lugar entre las entidades en donde más se comete este flagelo.

Tomando en cuenta la incidencia por cada cien mil habitantes, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), por lo que es necesario no bajar la guardia y continuar combatiéndolo con el reforzamiento de la normatividad.

Por último, el gobernador, también realizó un llamado urgente a las autoridades municipales para que asuman la responsabilidad que les corresponde en temas de seguridad pública.

Aseguró que la Constitución Política obliga a los tres órdenes de gobierno a trabajar para combatir a la delincuencia, y los instó a aplicar las sanciones determinadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para cesar del cargo a aquellos elementos policiacos que no aprobaron los exámenes de control de confianza y a impulsar estrategias coordinadas con la administración estatal en esta materia, independientemente de las establecidas por el Mando Único.

jdg

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