Sentencia absolutoria a dos ex funcionarios SIEDO

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó de la sentencia absolutoria a dos ex funcionarios de la desaparecida Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), a quienes se les vinculaba con la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva.

Por medio de un comunicado, la dependencia, detalló que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco da a conocer que dentro de la Causa Penal 250/2008-III, y de su acumulado 22/2011 del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dictó sentencia absolutoria en favor de los procesados Antonio Mejía Robles y Miguel Colorado González.

Señaló que se les seguía proceso por los delitos de Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud, y Contra la Salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud.

Asimismo a Miguel Colorado González también se le dictó sentencia absolutoria por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de adquirir bienes, depositar y transferir recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que representan el producto de una actividad ilícita.

Se observó que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco determinó que las acusaciones en contra los implicados carecían de valor probatorio.

Lo anterior en razón de que fueron desvirtuadas durante el proceso penal, evidenciando que los testigos colaboradores o protegidos no se condujeron con verdad y declararon sobre hechos que nos les constaban de manera directa.

Se subrayó que este órgano jurisdiccional basó su resolutivo además, en determinaciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sustentado diversos criterios jurisprudenciales en el sentido de que una prueba cuya obtención ha sido irregular, no puede ser considerada válida, ya que de lo contrario, los inculpados estarían en condición de desventaja para hacer valer su defensa.

Además en torno al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, imputado a Miguel Colorado González, la autoridad jurisdiccional concluyó que los medios de prueba allegados a los autos resultan insuficientes para acreditar el ilícito.

La dependencia agregó que se comprobó que proceden de la actividad preponderante que realizaba, conforme a los sueldos y salarios que percibió; a la compra venta de inmuebles obtenidos por herencia y otras actividades comerciales.

dga

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