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México

Envían ONG carta a Peña, Obama y Harper, piden revisar agenda social TLCAN

Más de 200 organizaciones defensoras de derechos humanos enviaron una carta abierta a los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, de Estados Unidos, Barack Obama y al primer ministro de Canadá, Stephen Harper, en la que hacen cuatro peticiones concretas relacionadas con temas de la agenda trilateral en la materia.

En la carta reconocen la importancia de la Cumbre de Líderes de América del Norte, por lo que solicitaron, en primer lugar, incorporar en sus agendas de trabajo, de esta visita, las demandas de derechos, justicia e igualdad para las poblaciones migrantes de la región México-Estados Unidos-Canadá.

Realizar un balance del impacto de éste modelo económico, que incluya la voz de los diferentes sectores de la población, a fin de identificar los retos y acciones a implementar durante los próximos años.

Replantear el modelo económico regional, de modo que responda a las necesidades de la población y no sólo a los intereses económicos de un grupo minoritario y generar acuerdos que velen por el bienestar de las personas, lo cual incluye abrir el debate no sólo a la libre movilidad de capital y servicios, sino a la libre movilidad humana.

Las organizaciones firmantes recuerdan que han pasado 20 años desde que en 1994, los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se enarboló como una acción que revolucionaria la economía regional y traería múltiples beneficios para su población.

Sin embargo, los indicadores económicos han demostrado un deterioro en las condiciones de vida de la población mexicana, aumentando la marginación y la pobreza.

Mencionan que cuenta de ello es el incremento de la población mexicana que vive en pobreza, 45.5 por ciento; el deterioro y despojo de los recursos naturales; la militarización de la seguridad pública; el incremento de la seguridad fronteriza de Estados Unidos y la falta de una reforma migratoria; la política de criminalización y persecución de la migración en México, que entre otras cosas, han traído como consecuencia la búsqueda de nuevas rutas migratorias de mayor clandestinidad y riesgos para la vida de las personas migrantes.

Así como las afectaciones ambientales de las mineras canadienses que se han instalado en nuestro país, denunciadas reiteradamente por organizaciones de la sociedad civil, que dan fe de las prioridades económicas por encima de la estabilidad social y el respeto a los derechos humanos de las y los mexicanos.

Señalan que millones de personas, connacionales y centroamericanas, transitan por México en busca de oportunidades que les permitan contar con mejores condiciones de vida, pues la promesa de una vida prospera se desdibuja en cada una de sus comunidades, donde la violencia, la pobreza, la falta de servicios educativos y de salud, de calidad, les golpea de frente.

Mientras que la militarización de la seguridad pública en México ha incrementado las violaciones a derechos humanos, tanto de la población mexicana como extranjera.

Refieren que a diario, los reportes de la prensa y las denuncias de las organizaciones de la sociedad civil nos van contando como el número de personas muertas y desaparecidas incrementa, sin que las autoridades, de todos los niveles de gobierno, hagan eco de esas denuncias.

Y mencionan lo sucedido en agosto de 2010 en Tamaulipas, donde fueron localizados los cuerpos sin vida de 72 personas migrantes, situación que evidenció no sólo el contexto de inseguridad y las violaciones reiteradas a los derechos humanos de la población migrante en el país, sino también la falta de compromiso de las autoridades.

Pasaron más de 3 años para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera una recomendación en la que si bien evidencia la cadena de negligencias y omisiones en el manejo de los cuerpos y las investigaciones, no se pronuncia sobre las violaciones al derecho a la vida e integridad de las personas que se encuentran en su territorio.

En tanto, desde que en 2008 Barack Obama fue electo presidente de Estados Unidos se estima que anualmente se deportan un promedio de 400 mil personas. Durante el año fiscal 2012, se deportaron a 409 mil 849 personas de las cuales 72 por ciento eran de nacionalidad mexicana.

Dichas deportaciones, en la mayoría de los casos, se llevan a cabo en condiciones que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas migrantes al realizarlas de noche y por puntos fronterizos con altos índices de inseguridad.

Para las 31 mil 540 mexicanas deportadas, en ese mismo periodo, la separación familiar, la pérdida de patria potestad de hijas e hijos, la imposibilidad de regresar de forma regular a Estados Unidos, la reintegración social en su país de origen, la falta de información sobre los procedimientos relacionados con el Sistema de Bienestar Infantil en EU y el acceso a la educación y a la salud en México, para sus hijas e hijos de nacionalidad estadounidense, forman parte de las consecuencias de esta acción.

Aunado a esta situación, trabajadoras y trabajadores migrantes en EU esperan una respuesta a la denuncia que han hecho sobre graves violaciones a sus derechos laborales, en el marco del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, que los gobiernos de México y EU han archivado desde 2011.

Por su parte en Canadá, las y los trabajadores migrantes han visto obstaculizado su derecho de asociación, ya sea para buscar mejores condiciones laborales y/o denunciar abusos, en el marco del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales que México sostiene con esa nación, con la complicidad de representantes del gobierno mexicano en Canadá y del personal encargado del reclutamiento y selección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En estos escenarios, puntualizan se hace indispensable que en esta Cumbre se revise la agenda social que encierra el TLCAN.

Entre las organizaciones firmantes se encuentra la Red Nacional Todos los Derechos para Todos y Todas que aglutina a casi una centena de organismo, así como JASS, Asociadas por lo Justo; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C (CEDHEM); Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Latin America Working Group; Washington Office on Latin America (WOLA), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Acción Migrante e Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana., entre otras.

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