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México

Amnistía Internacional hizo nueve diagnósticos y recomendaciones a México

De visita en México el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, declaró que los derechos humanos es una prioridad para México calificando como “situación crítica” en la que actualmente se encuentra el respeto a las garantías individuales en el país.

El titular de Amnistía Internacional se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto y le entregó el siguiente memorándum en el que Amnistía Internacional enlista sus principales preocupaciones y recomendaciones en materia de derechos humanos:

LOS RETOS DE MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
MEMORÁNDUM DE AMNISTÍA INTERNACIONAL PARA EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA
NIETO

Con motivo de la visita del Secretario General de Amnistía Internacional a México, la organización insta al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a colocar a los derechos humanos en el centro de sus esfuerzos para mejorar la vida de la gente.
Un combate efectivo contra los persistentes patrones de graves violaciones a derechos humanos y la impunidad es esencial para poner fin a las continuas amenazas al bienestar de muchos sectores de la población y para permitirles disfrutar plenamente de sus derechos.
En marzo de 2014, el gobierno anunciará formalmente cuáles recomendaciones adoptará de las 176 realizadas en 2013 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La adopción de aquellas recomendaciones coherentes con los estándares internacionales de derechos humanos, seguida de su rápida implementación con acciones concretas que garanticen efectos duraderos, representará una prueba de qué tan seriamente considera el gobierno sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Amnistía Internacional valora el apoyo permanente de México en el fortalecimiento de mecanismos regionales e internacionales e iniciativas de derechos humanos, como el apoyo y ratificación del Tratado sobre Comercio de Armas. Sin embargo, ahora el gobierno debe mostrar el mismo compromiso para asegurar avances reales
a nivel nacional.

México aún enfrenta serios retos en relación al Estado de derecho y al respeto a los derechos humanos. La alarmante situación de inseguridad en muchos lugares del país y las consecuencias del combate al crimen organizado y a los cárteles de la droga por parte de las fuerzas armadas, iniciado en la administración anterior, han aumentado la inseguridad y la violencia en muchas regiones, dejando a muchas
comunidades desprotegidas y en riesgo. Los reportes sobre abusos de derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias continúan y la impunidad en todos los crímenes sigue siendo la norma. Las y los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas y revelan los abusos, enfrentan cada vez mayores ataques.

Las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus posibilidades de obtener reparación son escasas. El sistema de justicia continúa
defraudando a las víctimas, a quienes se acusa de los delitos y a la sociedad en general. Éstos son sólo algunos de los problemas de derechos humanos que las personas deben enfrentar en sus vidas diarias, y hasta ahora el gobierno no ha respondido a esta crítica situación.

Por otro lado, el gobierno ha hecho mucho a nivel nacional e internacional en lo que se refiere a las reformas políticas y económicas que ha tenido como prioridad desde el inicio de la administración. Sin embargo, han brillado por su ausencia los
compromisos públicos y las acciones decisivas en derechos humanos. Esto supone que aparentemente al interior del gobierno los derechos humanos no necesitan ser un tema prioritario, particularmente en la agenda del presidente. En consecuencia, los derechos humanos se han relegado a funciones administrativas de rango medio de la Secretaría de Gobernación y de otras instituciones con autoridad y capacidades limitadas para impulsar cambios sustanciales.

La experiencia de Amnistía Internacional en el mundo señala que cuando un gobierno realmente quiere cambiar la cultura prevaleciente de abusos de derechos humanos e impunidad, debe demostrar que está preparado para hacer de ésta una verdadera prioridad política, no una mera postura retórica sobre compromisos internacionales de derechos humanos; debe dejar en claro que los funcionarios públicos no pueden ignorar los derechos humanos o reducirlos a un tema secundario.

Además, para mostrar que la impunidad dejará de ser tolerada, debe
demostrar en la práctica que cualquiera que esté implicado directa o
indirectamente en abusos de derechos humanos será llevado ante la justicia y que las víctimas tendrán acceso a la verdad y a la reparación. Amnistía Internacional exhorta al presidente y a su gabinete a mostrar fuerte determinación y compromiso para abordar la situación crítica de derechos humanos en el país.

En este contexto, Amnistía Internacional querría presentar algunas de sus preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en México y formular una serie de recomendaciones al Presidente Peña Nieto y a su administración:

Reformas de derechos humanos

La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos es
potencialmente el cambio más importante en el marco jurídico mexicano en décadas. Proporciona un mecanismo vital para cumplir con estándares
internacionales de derechos humanos en el derecho nacional, pero aún el gobierno y la legislatura no han implementado dicha legislación ni han enviado un mensaje claro que indique que los estándares internacionales de derechos humanos se aplicarán en la práctica.

El gobierno debe establecer una agenda legislativa, en consulta con la
sociedad civil, para incorporar plenamente la reforma constitucional en materia de derechos humanos en la legislación interna en los tres órdenes de gobierno.

Seguridad pública y derechos humanos

No sorprende que el estado de Michoacán sea el ejemplo más visible de la persistente crisis de seguridad pública. El estado, que ha sido testigo del inicio del funesto combate al crimen organizado por parte de las fuerzas militares, ha sufrido años de violencia e inseguridad a manos de bandas criminales, así como de la policía y las fuerzas de seguridad, algunas de las cuales actúan en colusión con dichas bandas. Los grupos de autodefensa parecen ser una respuesta a esta negligencia y abuso, pero ellos mismos ahora ponen a prueba la voluntad del Estado para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad y derechos humanos.

El desafío para la presente administración es reconstruir el tejido social y forjar instituciones en las que pueda confiar la población y que no cometan violaciones de derechos humanos. Una cosa es afirmar que los derechos humanos se respetan en el marco de la política de seguridad pública, y otra es asegurar que realmente hay
mecanismos creíbles de rendición de cuentas capaces de detectar y mantener estos estándares, incluyendo la prevención y la sanción de cualquier abuso cometido por grupos de autodefensa. Hasta el momento, no hay evidencia de que el gobierno esté preparado para garantizar que sea así y que se ponga un alto a las prácticas relacionadas con el gobierno anterior. En otros estados, como Veracruz, Tamaulipas,
Coahuila, Chihuahua y Guerrero, donde la violencia, la inseguridad y las violaciones a derechos humanos son una amenaza diaria para la población local, reciben poca atención de parte de las autoridades responsables o de los medios de comunicación.

El gobierno debe asegurarse de que todas las fuerzas policiales y de
seguridad, así como grupos de autodefensa, respeten las normas
internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y la
prohibición de otras violaciones de derechos humanos; El presidente debe aprovechar toda oportunidad para enviar un fuerte mensaje público estableciendo que los abusos no serán tolerados.
Debe
instruir que todas las alegaciones de falta de cumplimiento con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza o sobre otros derechos humanos sean investigadas de manera inmediata, exhaustiva e imparcial, que los perpetradores sean llevados ante la justicia y que las víctimas reciban reparaciones completas.

Desapariciones, tortura y malos tratos

A un año de que el gobierno hiciera pública la existencia de más de 26.000 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas durante la administración pasada, las autoridades aún deben publicar una lista depurada con los casos de aquellas personas que todavía son víctimas de privación de la libertad por parte de bandas criminales o de desapariciones forzadas en las que funcionarios públicos
están implicados. La prometida base de datos, a escala nacional, de personas desaparecidas sigue sin operar. La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR) aún debe publicar los resultados de sus actividades o demostrar que es capaz de intervenir efectivamente en favor de los familiares de las personas desaparecidas, quienes han
solicitado su ayuda dada la omisión o complicidad de otras autoridades.

La nueva Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aún debe dejar claro cómo mejorará la atención a las víctimas y cómo asegurará el respeto a sus derechos. Ha habido poco avance en la localización de víctimas de desaparición y en la rendición de cuentas por parte de los responsables.

Cuando Enrique Peña Nieto, como candidato presidencial, dijo a Amnistía Internacional que asumía “el pleno compromiso de implementar políticas y acciones que erradiquen cualquier acto de tortura”, la organización tuvo la esperanza de que éste fuera el primer paso en reconocer formalmente la magnitud del uso de la tortura y de los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad y de la policía en todos los niveles en México. Sin embargo, la tortura y los malos tratos
abundan. La mayoría de las medidas preventivas parecen estar más bien diseñadas para sub-registrar los niveles de tortura y malos tratos y para asegurar que los perpetradores evadan la justicia. En consecuencia, el sistema de justicia penal sigue recurriendo a la tortura como medio principal de investigación.

Garantizar mecanismos federales y estatales rápidos y efectivos para la búsqueda de desaparecidos, tomando medidas para promover la
coordinación entre autoridades estatales y federales y entre las autoridades de diferentes estados;

Resguardar y analizar rápidamente toda evidencia relevante, incluyendo
evidencia física y registros de teléfonos celulares, e identificar y entrevistar posibles testigos oculares;

Tomar medidas para asegurarse que las familias de los desaparecidos no
pierdan acceso a los servicios sociales y considerar el establecimiento de nuevas iniciativas para proteger el acceso de las familias a vivienda, salud y educación mientras el paradero de sus familiares permanecen desconocidos;

La base de datos de personas desaparecidas debe incluir información
genética de los familiares de las víctimas y toda información relevante de evidencia física, testimonio de testigos oculares y otras evidencias. La recolección y el registro de datos debe seguir un protocolo estandarizado.

De acuerdo con las mejores prácticas internacionales, asegurar que los
procesos de exhumación e identificación de cuerpos no identificados sean confiables y oportunos;

Establecer una base de datos nacional de restos humanos sin identificar que incluya información genética y toda característica que contribuya a su identificación.

Sistema de justicia penal

El sistema de justicia penal sigue siendo el nexo de muchos de los problemas de derechos humanos en México. Las detenciones arbitrarias, la fabricación de acusaciones penales y la violación del derecho al debido proceso y a un juicio justo siguen siendo rutinarias y muy pocas veces conocidas y reparadas. El arraigo, que permite la detención de los sospechosos por largos periodos para realizar
investigaciones, continúa favoreciendo los abusos y socava el control judicial. Al respecto, se han ignorado en repetidas ocasiones las recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos para abolir la figura del arraigo.

Se prevé que la reforma de justicia penal – iniciada en 2008, pero adoptada en sólo un puñado de estados de cara al plazo de 2016 – mejorará los derechos de las víctimas y de los acusados y producirá mejores decisiones judiciales. Sin embargo, en estados que han incorporado dichas reformas, como Chihuahua, las
declaraciones obtenidas bajo tortura continúan siendo admitidas, subvirtiendo las protecciones a los derechos humanos que el nuevo sistema procesal debería salvaguardar. El Código Único de Procedimientos Penales, recientemente aprobado por el Congreso para la jurisdicción penal federal y estatal, debe evitar esta situación y asegurar que la evidencia obtenida de manera ilegal, como las
declaraciones extraídas bajo tortura, no será admitida como evidencia, y que se respetarán las demás garantías del debido proceso. Debe también asegurar el fin de la impunidad para los funcionarios públicos implicados en violaciones de derechos humanos.

Asegurar la investigación y el procesamiento efectivos e imparciales de todas las denuncias de tortura y malos tratos. Actos de tortura y malos tratos deben ser procesados como tales y no como delitos menores como “abuso de autoridad”;

Asegurarse de que todo funcionario o funcionaria que omita registrar
evidencia de tortura o malos tratos sea llamada a rendir cuentas;

Revisar los procedimientos de examen médico para garantizar que cualquier persona que reporte el uso de tortura y malos tratos tenga acceso inmediato a revisión, de acuerdo con el Protocolo de Estambul de las Naciones Unidas, y asegurar que evaluaciones médicas independientes, consistentes con este estándar, se consideren como evidencia en los procesos judiciales;

Asegurar que toda reforma penal proteja efectivamente los derechos de las víctimas y de los acusados, y garantice la inadmisibilidad de evidencia obtenida de manera ilegal, y garantice la inadmisibilidad de evidencia obtenida de manera ilegal, incluyendo por medio de tortura;

El gobierno debe abolir el arraigo y garantizar que todas las detenciones se realicen conforme a la ley y se registren correctamente en una base de datos nacional accesible.

Justicia Militar

Miembros del ejército y de la marina continúan estando implicados en graves violaciones de derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, de conformidad con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que obligan al Estado Mexicano excluir los crímenes de derechos humanos de la jurisdicción militar, son un paso decisivo para el acceso a la justicia de víctimas y sus familiares. Amnistía Internacional recibe con agrado la reciente decisión del Senado para remover la reserva al artículo de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas que prohíbe la aplicación de la jurisdicción militar en casos de desaparición forzada. También reconoce que las autoridades militares están declinando competencias judiciales en algunos casos en favor del sistema de justicia civil. Sin embargo, el gobierno y la legislatura
no han cumplido con las sentencias de la CoIDH que ordenan la reforma al Código de Justicia Militar. Por lo tanto, existe una incertidumbre en materia jurisdiccional, particularmente durante la etapa inicial de las investigaciones de presuntos crímenes de derechos humanos cometidos por personal militar.

Reformar el Código de Justicia Militar para asegurar que las presuntas
violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar se
investiguen, se persigan y se sometan a juicio en el sistema de justicia civil.

Migrantes irregulares

En 2013, las autoridades migratorias detuvieron a 82.269 migrantes y deportaron a 75.704 de ellos, la gran mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador. Muchas más fueron las personas que intentaron cruzar hacia los Estados Unidos. En México, muchas personas migrantes continúan sufriendo abusos a manos de la policía y otras son víctimas de secuestros, trata, abuso sexual y homicidio por parte
de las bandas criminales que a menudo operan en colusión con las autoridades locales. Las reformas en materia migratoria que han fortalecido algunos derechos de los migrantes, particularmente el derecho a la protección y el acceso a la justicia, no se han implementado adecuadamente. La Estrategia Integral para Combatir el
Secuestro de Migrantes no ha traído ante la justicia a las bandas criminales y a los funcionarios que acechan a las personas migrantes. Las autoridades estatales ignoran en gran medida la desesperación de los migrantes irregulares, mientras que las autoridades federales consideran cada vez más los flujos migratorios como un tema de seguridad nacional, en lugar de garantizar el respeto de los derechos
humanos de los migrantes en tránsito.

Recientemente, madres de migrantes centroamericanos recorrieron el país en busca de sus seres queridos y exigiendo investigaciones al gobierno mexicano. La Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó una recomendación inaceptable sobre la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto del 2010. El fracaso de las autoridades para proteger el derecho a la vida de las
personas migrantes y establecer plenas responsabilidades por la masacre no se incluyó en dicha recomendación, la cual se centró solamente en los deficientes procedimientos forenses para la identificación de los restos. Los cuerpos de otras víctimas de masacres, muchos de ellos probablemente migrantes, aún no se han
identificado. En este sentido, Amnistía Internacional expresa su agrado por la participación de expertos internacionales y grupos de derechos humanos locales en medidas confiables de identificación de restos.

Las personas defensoras de derechos humanos que trabajan en la red de albergues extendida por todo el país frecuentemente enfrentan amenazas e intimidaciones por su labor. Algunas de ellas se han visto forzadas a abandonar sus estados ya que las autoridades no han sido capaces de garantizar su protección y de llevar a los responsables de dichas amenazas ante la justicia.

Funcionarios estatales y federales deben tomar medidas inmediatas para
proteger a migrantes de actos de violencia, incluyendo la provisión de un accionar policial efectivo en las áreas donde se sabe que los migrantes sufren extorsión y abusos físicos. Tales medidas deben incrementar el acceso de los migrantes a la protección y la justicia. Funcionarios deben abstenerse de criminalizar a personas migrantes.
 El gobierno debe asegurar la coordinación entre autoridades federales y estatales para investigar y perseguir a las bandas criminales y a los funcionarios públicos que resulten responsables por los abusos contra migrantes;

A las personas migrantes que sean arrestadas y detenidas bajo cargos
penales se les debe garantizar el debido proceso y otros derechos,
incluyendo el derecho a ser informadas de los cargos contra ellas, el
derecho a asistencia legal, el derecho a la protección consular si así lo desean y el derecho a la asistencia de un intérprete.

Las autoridades deben garantizar medidas adecuadas que atiendan las
necesidades de protección que son específicas de las mujeres migrantes, incluyendo a las mujeres migrantes en edad laboral y aquellas que sean víctimas de trata;

Las autoridades responsables de la protección de la niñez a nivel estatal y federal deben implementar de forma efectiva políticas, protocolos y programas para atender las necesidades de protección específicas de niños y niñas migrantes.

Las autoridades debe revisar los estándares y las prácticas relacionadas con las solicitudes de asilo, las visas temporarias para testigos oculares de delitos, y las visas humanitarias para asegurarse de que sean otorgadas de acuerdo a estándares internacionales y en cumplimiento con la protección del debido proceso establecido en las leyes.

Personas defensoras de derechos humanos y periodistas Las personas defensoras de derechos humanos y periodistas se enfrentan a ataques,
amenazas, intimidación, secuestro y ejecuciones en represalia por su legítima y valiosa labor. Aquéllos detrás de los ataques casi nunca son llevados ante la justicia. Amnistía Internacional celebra el establecimiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. No obstante, muchos de los más de 100 defensores y periodistas en riesgo que han solicitado su protección no han recibido una respuesta oportuna y efectiva, creando
frustración, inseguridad y desilusión. A pesar de las declaraciones positivas del gobierno sobre su funcionamiento efectivo, en realidad está muy lejos de operar plenamente, pues carece de personal calificado, recursos y apoyo político de alto nivel necesarios para asegurar que las autoridades de todos los niveles implementen
las medidas de protección. La impunidad de la que disfrutan los responsables de estos ataques debido a la ineficacia en las investigaciones, la mayoría conducidas por autoridades estatales con supuestos vínculos a estas violaciones, promueve la tolerancia a estos ataques. El Mecanismo debería ser solamente una parte de una
estrategia integral para abordar la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El gobierno federal no ha respondido convincentemente al clima de hostilidad que viven defensores y periodistas en varios estados.

Aprovechar toda oportunidad para reconocer públicamente el rol positivo que juegan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas y su derecho a realizar su trabajo. Tal reconocimiento es un paso esencial para reducir el riesgo bajo el cual trabajan estas personas.

Adoptar un enfoque integral para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que tome en cuenta las dimensiones de género, identidad cultural y otras dimensiones relacionadas con el trabajo que realizan;

Dotar de apoyo político, financiero y de recursos humanos al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas y tomar medidas efectivas para implementar el mecanismo en la práctica de modo que responda de manera oportuna y eficaz a las necesidades de seguridad de quienes estén en riesgo.

Garantizar que se lleve ante la justicia a los responsables de las amenazas y ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos;

Derechos humanos de las mujeres

A pesar de las medidas de apoyo a los derechos de las mujeres, la igualdad de género es una meta aún lejana. La violencia y la discriminación violan los derechos humanos de mujeres y niñas y comprometen severamente su salud y derechos sexuales y reproductivos.

La violencia de género sigue penetrando las vidas de mujeres y niñas en todo México. La impunidad de tal violencia, incluyendo el abuso sexual y el feminicidio, es generalizada. Las leyes federales y locales promulgadas desde 2007 para mejorar los procesos de investigación y prevención de la violencia son ampliamente
ineficaces o no se han aplicado, dejando a las mujeres y a las niñas en un riesgo constante. Además, la evaluación y la modificación de la legislación no han ocurrido y prevalecen las deficiencias en el tratamiento efectivo de los casos. Las autoridades del Poder Ejecutivo de la federación y de los estados han bloqueado de manera consistente los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos para
declarar la alerta de género, un mecanismo que se ha establecido en la legislación para asegurar la intervención y coordinación a nivel federal con el fin de tomar medidas que aborden la generalización de la violencia de género en regiones específicas. Las reformas recientes a los procedimientos no consideran las dificultades que subyacen en el reconocimiento de los altos niveles de violencia de género y la adopción de acciones por parte de las autoridades.

La reforma reciente de muchas constituciones estatales que reconocen “el derecho a la vida del feto desde la concepción” mina el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas. Este cambio ha generado ambigüedad legal en relación al derecho de las mujeres al acceso a un aborto seguro y legal en casos de
abuso sexual o de riesgo para la salud de la mujer, y ha contribuido al aumento de procesos de criminalización de mujeres respecto a abortos ilegales. El gobierno no se ha pronunciado de manera clara sobre este asunto ni ha demostrado su compromiso en proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Asegurar que las políticas de seguridad pública no tengan un impacto
negativo sobre mujeres y niñas;

Cumplir con sus obligaciones de debida diligencia para prevenir la violencia contra mujeres y niñas, incluyendo la violencia doméstica, las desapariciones, la tortura y los homicidios, especialmente el feminicidio; investigar, procesar y castigar a los perpetradores, sean estatales o no estatales; proveer reparación para las mujeres que hayan sido víctimas de violencia.

Implementar la sentencia de la Corte Inter-Americana de Derechos
Humanos en el caso Campo Algodonero, en particular la realización de
investigaciones exhaustivas que incorporen perspectiva de género, la
provisión de reparación integral para las familias y la realización de cambios en políticas y prácticas para evitar la repetición de estas violaciones en casos futuros.

Reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia e implementar la legislación para garantizar que los funcionarios públicos rindan cuentas por incumplimiento de sus obligaciones tanto para proteger a las mujeres en riesgo, como para investigar a los responsables de actos de violencia contra las mujeres;

Rechazar las medidas que socaven los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres poniendo fin a la criminalización del aborto y asegurando que las mujeres y las niñas tengan acceso a servicios de interrupción del embarazo seguros en casos de abuso sexual, incesto y cuando la salud de las mujeres y niñas se encuentre en riesgo.

Derechos de los Pueblos Indígenas

Tras 20 años del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, muchas comunidades indígenas en el país siguen sufriendo discriminación, además de acceso limitado a la justicia, a la salud, a la educación, a la vivienda y a la tierra. Hasta ahora, las medidas que ha tomado el gobierno no han sido las adecuadas para enfrentar los obstáculos estructurales más grandes que
les impiden disfrutar de estos derechos. El aumento de los proyectos extractivos y de desarrollo económico que impactan directamente las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas representa un gran desafío para el gobierno. Las autoridades deben proporcionar información imparcial y adecuada, y conducir procesos de consulta transparentes con el fin de obtener el consentimiento libre,
previo e informado de las comunidades afectadas.

Garantizar que se consulte plenamente a las comunidades indígenas
durante la formulación y la implementación de políticas para fortalecer su acceso a vivienda, cuidado de la salud, educación, agua y otros servicios básicos;

Asegurar que se consulte plenamente a las comunidades indígenas sobre el desarrollo de proyectos extractivos y otras medidas que puedan afectar sus tierras, territorios y recursos con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado;

Asegurarse que los proyectos extractivos y de desarrollo económico cumplan con las obligaciones de México bajo la Convenio de la OIT No. 169 y de acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.



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