México

Polémica pero necesaria reforma laboral: especialista. Con Oscar M Beteta

Jorge Cervantes, integrante de la Barra de Abogados, opinó que la reforma laboral que se discute en la Cámara de Diputados contiene muchos aspectos polémicos, pero que es necesario reformar para mejorar las condiciones actuales de los trabajadores.

Mencionó que entre los puntos polémicos de la reforma laboral, se encuentra el de la subcontratación o outsourcing, que es cuando una empresa subcontrata a un tercero para que le preste algunos servicios y el antecedente es que se había viciado y que algunos patrones habían utilizado esta figura para darle vuelta a algunos de los compromisos de la Ley Federal del Trabajo y la del IMSS.

En este proyecto se encuentra reglamentado y se establece que no podrá referirse actividades sustantivas deberá justificarse su carácter especializado no podrá abarcar la totalidad de los servicios, no podrá comprender tareas iguales o similares a los que realizan los trabajadores al servicio de la empresa beneficiaria de no cumplirse con estas condiciones la empresa que recibe el beneficio de estos servicios se considerará patrón para todos los efectos y consecuencias legales incluyendo las de materia de seguridad social.

Dijo que este contrato que se celebra entre dos empresas deberá ser por escrito y constar particularidades, la empresa deberá de cerciorarse de que la empresa subcontratada cumpla con todas las disposiciones obligadas en materia de seguridad social medio ambiente y con ello garantizar a trabajadores que recibirán prestaciones.

Estimó que lo anterior es un avance muy positivo de la reforma para que pueda presentarse la reglamentación.

Adicionalmente se presumirá salvo prueba en contrario que hay dolo en la subcontratación si se realizan algunas actividades por parte del contratista que tengan simultánea relación de trabajo o de carácter mercantil o civil respecto a los mismos trabajadores o que se trate de impedir el ejercicio de los derechos individuales o colectivos.

Precisó que se establecen algunas sanciones al respecto en el capítulo correspondiente.

Con ello, los malos patrones que habían encontrado una mina de oro en esta figura jurídica ya se encuentren orientados y cumplan con las disposiciones de la propia Ley Federal del Trabajo como la del Seguro Social.

Sobre la contratación en periodo a prueba, la ley dice que será de 30 días y se podrá extender hasta 180 días cuando se trate de directivos, puestos gerenciales o cargos de dirección y administración.

Durante ese tiempo los trabajadores disfrutarán de su salario y de no acreditar los requisitos correspondientes se dará de baja sin ninguna responsabilidad pero escuchando a la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento.

Refirió que la figura de capacitación inicial que el proyecto de ley plantea que se pueda existir para que el trabajador adquiera la capacitación y conocimientos necesarios para la actividad que será contratado y será máxima de tres meses, y se podrá prorrogar exclusivamente para cargos de dirección y gerencia hasta seis meses.

De igual forma, disfrutarán del salario y si no reúnen los requisitos se dará de baja escuchando también a la Comisión Mixta de Productividad y Capacitación. En ambos casos, explicó, se requiere que sea un contrato por escrito, no son prorrogables y no pueden juntarse ambas figuras.

El especialista recordó que antes la gran mayoría de las empresas existía el escalafón ciego el cual, por el simple hecho de transcurrir el tiempo de laborar para una empresa, el trabajador automáticamente ascendía, con la nueva ley el acento se pone en el trabajador que se haya preparado para que con base en su productividad pueda obtener mejor preparación y alcanzar el puesto.

En relación a salarios caídos que se limitan a un año, y el tiempo límite para la resolución de conflictos en la Junta de Conciliación y Arbitraje, dijo que se trata de un aspecto polémico, porque actualmente los juicios tienen una duración de entre dos y cinco años.

“La falta de celeridad a los juicios laborales ha llevado a la quiebra económica a las micro y pequeñas empresas que por una condena de un juicio de esta naturaleza cierran sus fuentes de trabajo”, recordó.

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