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¿Qué hicieron científicos y funcionarios del Conacyt para ser acusados de corrupción? FGR lo explica

Alfredo Higuera aseguró que no se pretende cuestionar la calidad profesional de los involucrados

“No se trata de ninguna persecución contra la comunidad científica y académica, es simplemente un tema judicial”, aseguró Alfredo Higuera Bernal, fiscal especializado en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre la acusación contra 31 académicos, científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para el noticiero “Por la mañana” de Radio Fórmula, Higuera Bernal explicó que la FGR recibió una denuncia que señalaba la posible malversación de fondos del Conacyt, la cual “refiere la existencia de hechos con apariencia de delito”.

Ante dicha denuncia, el misterio público que tomó el caso inicialmente encontró “avisos de que pudiera haber lugar a la configuración de otros delitos, como lavado de dinero, que es una de las finalidades de la delincuencia organizada“.

De acuerdo con el fiscal, entre 2011 y 2018, el Conacyt transfirió más de 280 millones de pesos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, con lo cual se vieron beneficiados 31 académicos, científicos y exfuncionarios.

Detalló que al Foro Consultivo, por determinación de quienes dirigían el Conacyt, se le dio una connotación de organismo privado a través de la figura de asociación civil, cuando debiera ser un órgano interno para cumplir con los fines de asesoría, consultoría y opinión.

“Empiezan a asignársele recursos para fines de la operación general […] El Foro se traduce en una asociación civil, en un ente privado […] De 2011 a 2018 serían al rededor de 280 millones de pesos”, expuso.

Agregó que, a través de la asociación civil, se creó una especie de financiamiento de operación de un ente privado, con una fuente presupuestal de una partida que estaría destinada solo a impulsar investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

“En este caso (el dinero) se aplicó en pagos de salarios, servicios, de viajes, viáticos, insumos y demás, por lo que hay una asignación ilegal de recursos”, agregó.

Por otra parte, Alfredo Higuera resaltó que la FGR no está cuestionando la calidad profesional de las personas involucradas, ni se pretende atropellar a la comunidad científica.

“Este es un tema de manejo de recursos que se considera al margen de la ley”, recalcó.

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