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Gobierno de México demanda a empresas fabricantes de armas de EU por tráfico ilegal

Con el litigio, el país busca que las compañías le paguen al Gobierno por los daños causados por sus prácticas negligentes

El Gobierno de México presentó una demanda contra 10 fabricantes de armas de Estados Unidos (EU), “para poner fin al masivo daño que causan al facilitar activamente el tráfico ilícito de sus armas a los cárteles y otros delincuentes” en el país.

La acción legal fue interpuesta ante una Corte Federal en Boston (Massachusetts), detalló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual resaltó que ésta no es en contra del Gobierno de Estados Unidos, al que le reconoció su esfuerzo y ánimo de tratar de frenar el tráfico ilícito de armas.

En la presentación del “Litigio contra la comercialización negligente de armas en Estados Unidos y su tráfico ilícito a México”, la SRE aclaró que la demanda no atenta contra la segunda enmienda del país norteamericano, que protege el derecho de los estadounidenses a poseer y portar armas.

“Estamos hablando de daños ocasionados en territorio mexicano, donde no rige la segunda enmienda, sino la ley mexicana, que tiene un estricto control del comercio de armas. Un civil no puede comprar armas de fuego de manera legal y regular en México, si no es con autorización de las autoridades correspondientes”, explicó.

En la presentación de la demanda, Marcelo Ebrard, titular de la SRE, detalló que desde hace dos años la cancillería se propuso iniciar una acción legal, que pudiera tener éxito y sea factible en Estados Unidos, en contra de quienes producen las armas que están íntimamente vinculadas a la violencia que México vive.

“Después de dos años de trabajo, presentamos el día de hoy una demanda, que es una demanda civil de daños”, dijo.

Ebrard dio a conocer que, con el litigio, México busca que las empresas demandadas compensen al Gobierno por los daños causados por sus prácticas negligentes; señaló que el monto de esta exigencia será determinada en el juicio.

También pretende que desarrollen e implementen estándares razonables y verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores. Así como que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas, para que se pueda prevenir que sean utilizadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia.

Además, que paguen los estudios, programas y campañas en medios y otros eventos enfocados a prevenir el tráfico ilícito de armas. Y cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daños y muertes en México.

Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, calificó a la demanda como “correcta, oportuna, valiente, justa, porque es un hecho sin precedente lo que está ocurriendo hoy en México”.

“Apenas hace unas semanas presentamos un punto de acuerdo, que fue aprobado por unanimidad, sobre el uso de armas. Y solicitábamos la acción de la Cancillería mexicana contra este mal, porque es al que se le atribuye el aumento de la violencia, el armado de los cárteles y grupos criminales que cometen, no sólo tráfico de drogas, sino secuestros, asesinatos, homicidios y muchos otros delitos alrededor del uso de armas introducidas ilegalmente”, agregó.

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