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Juez federal rechaza demanda colectiva de familiares de las víctimas de colapso en la Línea 12

Los afectados deberán acudir al Tribunal de Justicia Administrativa o a la Controlaría General de la Ciudad de México.

El juez Segundo de Distrito en Materia Civil de la CDMX, Benito Zurita, desechó la demanda colectiva interpuesta  por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), misma que buscaba que se repararan los daños, así como una indemnización de poco más de seis millones de pesos para cada una de las familias de las 26 víctimas afectadas por el derrumbe de la Línea 12 del Metro, ocurrido la noche del 3 de mayo.

El juzgador determinó improcedente la demanda colectiva interpuesta por ONRE, argumentando que fue tramitada por la vía jurídica incorrecta.

De acuerdo con Benito Zurita, al tratarse de una “actividad administrativa irregular del Estado por la prestación de un servicio público deficiente, resulta aplicable la legislación local y no la federal”, por lo que los instó a acudir con las instancias capitalinas adecuadas.

En el resolutivo se lee que “resultan fundadas las manifestaciones del Sistema de Transporte Colectivo, relativas a la improcedencia de la vía, puesto que al ser parte de la Administración Pública de la Ciudad de México, la reparación del daño a las víctimas del siniestro suscitado en sus instalaciones el pasado 3 de mayo de este año, deberá ser analizado al tenor de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal”.

En el texto también se agrega que “probablemente, dicho suceso desafortunado se produjo por la actividad irregular de dicho ente público”.

De acuerdo con el juez, la legislación local debe ser la que aplique y no la federal en la acción colectiva de ONRE ante una probable actividad administrativa irregular del Estado por la prestación de un servicio público deficiente.

Así que los familiares de las víctimas afectadas por el derrumbe de la Línea 12 tendrán que presentarse ante el Sistema o a la Controlaría General de la Ciudad de México. Como última instancia podrán acudir al Tribunal de Justicia Administrativa.

En el acuerdo publicado el jueves 8 de julio se puede leer que “al no encontrarse regulada la materia administrativa entre aquellas sobre las cuales puedan ejercitarse la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, es evidente que las substanciación del presente procedimiento en la vía y forma propuesta por la actora es improcedente”.

Con información de MVS Y Grupo Fórmula.

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