”Operación Justicia” en la cuerda floja; hay al menos 35 casos mal integrados

Con la resolución de la SCJN, se corre el riesgo de que algunos procesos se caigan por la prescripción.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) perdió 35 casos contra excolaboradores de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, acusados de faltas administrativas, y la posibilidad de recuperar mil 794 millones de pesos de supuestos desvíos, por basar sus  procedimientos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, suspendida en julio de 2017.

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, dedicó la mayor parte de su atención durante su administración a la Operación Justicia para Chihuahua, que ahora está en la cuerda floja por integrar mal, desde su origen, 35 casos (4 de ellos de Duarte).

Ahora, por sus errores y decisiones arrebatadas -incluso en temas legales-, el mandatario estatal y su equipo están a punto de perder lo único en lo que trabajaron los últimos cuatro años.

De acuerdo con el Diario de Chihuahua, los procesos contra los “duartistas” debieron seguirse de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, “que entró en vigor en 2017 como parte del andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción y derogó la norma estatal mediante la cual se instauraron las causas contra decenas de excolaboradores de Duarte”.

En octubre de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una contradicción de tesis debido a que dos tribunales colegiados del país debatían sobre cuáles normas debían aplicarse en los procedimientos de responsabilidad administrativa.

En una votación dividida, los ministros de la Segunda Sala determinaron que la norma aplicable en casos de responsabilidades es la Ley General (de carácter nacional), dado que se había publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) desde el 18 de julio de 2016 y había entrado en vigor el 19 de julio de 2017.

Aunque la resolución de la SCJN es de octubre de 2020, la SFP notificó hasta pasadas las elecciones del 6 de junio a los “duartistas” acusados, que se habrán de reponer los procedimientos administrativos en su contra.

Ante el caso mencionado, la SFP reconoció que todos los procedimientos iniciados deberán reponerse a raíz del posicionamiento de la SCJN.

“Desahogaremos las audiencias de pruebas y alegatos, de acuerdo a lo que señala la Ley General de Responsabilidades, para luego turnarlos al Tribunal de Justicia Administrativa, que es al que le corresponde imponer la sanción correspondiente. Ya le tocará a quien encabece la SFP de la próxima administración, defender estos asuntos ante los tribunales correspondientes”, concluyó Mónica Vargas Ruiz, titular de la SFP.

Con información de El Diario de Chihuahua

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