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Propuesta de reforma a la Industria Eléctrica de AMLO va contra acuerdos internacionales: expertos

Kenneth Smith advirtió que los países y empresas privadas podrían denunciar a México por afectar sus inversiones

Ayer, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, envió al Congreso una iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que limitaría la generación privada de energías renovables para priorizar a la empresa eléctrica del Estado.

Sin embargo, Kenneth Smith, ex jefe negociador del Tratado México Estados Unidos y Canadá, aseguró que la iniciativa de reforma del mandatario mexicano haría más caros los precios de la electricidad.

“Puede ser un balazo en el pie, que causaría un efecto dominó y haría más caros los precios de la electricidad”, declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva para el noticiero “Por la mañana” de Radio Fórmula.

También explicó que la propuesta de López Obrador es preocupante, porque no respeta la apertura comercial, ni cumple con las reglas de los compromisos firmados por México en tratados internacionales, concretamente con el T-MEC.

“En términos específicos del T-MEC representa un problema, porque la Reforma Energética está consolidada en el T-MEC, así como lo está en el acuerdo Transpacífico y en el nuevo acuerdo con la Unión Europea, que aún no entra en vigor.

“Sí representa un problema potencial importante, porque lo que plasma el tratado, es que, si bien los recursos energéticos pertenecen a la Nación, se tiene que respetar un nivel mínimo de apertura y trato que se le da a los socios comerciales”, dijo.

De llevarse a cabo la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, destacó, se echarían para atrás una parte importante de la Reforma Energética, “los cambios constitucionales que se dieron desde 2014”.

Además, señaló que se puede acusar a México de que “está cambiando las condiciones, a través de las cuales invirtieron empresas del sector privado de nuestros socios comerciales, y que podría ser equivalente a una expropiación indirecta”.

Es decir, los países involucrados en el T-MEC y las empresas privadas podrían demandar al Estado Mexicano por la afectación de sus inversiones.

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