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Alfredo Castillo, extitular de la Conade, es inhabilitado 10 años por la SFP

El exfuncionario no podrá desempeñar ningún cargo en el servicio público, luego de que la SFP detectó omisiones en su declaración patrimonial

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años a Alfredo Castillo, exdirector general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de la administración de Enrique Peña Nieto.

Durante dicho periodo, Castillo no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, informó Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP.

Dicha sanción se determino luego de que la SFP detecto omisiones del exfuncionario, en las declaraciones presentadas ante la dependencia.

La medida, que le fue notificada, deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que Alfredo Castillo, quien también fuera comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.

Por lo anterior, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.

“Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial”, explicó la SFP en un comunicado.

Este procedimiento sancionador es parte de los 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual Gobierno de México, y de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.

Sandoval Ballesteros recordó que “este mecanismo es una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito, por ello, cualquier incumplimiento será sancionado, a fin de seguir reconstruyendo la confianza ciudadana en el servicio público, la cual fue erosionada por el régimen neoliberal”.

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