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Familia de Gerardo Ruiz Esparza, investigada por lavado de dinero

El empresario Víctor Manuel Gómez Rodríguez y otras cuatro empresas también son investigadas por la UIF.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por lavado de dinero a la familia de Gerardo Ruiz Esparza, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien falleció el 1 de abril de 2020.

El año pasado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR abrió una carpeta de investigación contra el titular de la SCT durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo denunció.

Sin embargo, Gerardo Ruiz Esparza murió en la Ciudad de México, por lo que la Fiscalía pidió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) atraer el caso, por tratarse de un delito de su competencia.

Por lo anterior, la UIF presentó una denuncia contra María del Rocío Dosal Noriega, viuda del ex titular de la SCT, y sus hijos Gerardo y Karla Ruiz Dosal, el primero de ellos se desempeñó como secretario particular de Jesús Murillo Karam en la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Los familiares de Ruiz Esparza no son los únicos que ahora enfrentan cargos por lavado dinero ante la UIF, sino también el empresario Víctor Manuel Gómez Rodríguez, así como cuatro empresas: Bay View S. A. de C. V.; Controladora de Negocios S. A. de C. V.; Compu Draz Comercializadora S. A. de C. V., y Asesores Contables Administrativos VICMA, S. A. de C. V.

¿Por qué la UIF investiga a estas empresas?

Según informes federales, citados por el diario Reforma, dos de las cuatro empresas referidas se utilizaron como “fachada” y tienen antecedentes de haber sido utilizadas para triangular recursos desviados en la “Estafa Maestra”.

Se trata de Compu Draz Comercializadora y Asesores Contables Administrativos VICMA: la primera habría sido empleada junto con otras 15 firmas para retirar 708 millones de pesos en efectivo, mientras que la segunda fue subcontratada con base en un convenio con la Sedatu por 185 millones 839 mil 480 pesos.

Con información del diario Reforma

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