Noticias

Analiza SCJN, prohibición de psicotrópicos no incluye medicamentos preescritos

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo directo en revisión 2716/2016, en el que se cuestionó la inconstitucionalidad del artículo 51, fracción X, de la Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, que prevé como requisito una prohibición de consumo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes y otras de naturaleza análoga.

Durante la sesión de este miércoles la parte quejosa presentó el argumento, el cual estuvo orientado a que no reconoce que existen casos en que está permitido el uso de esas sustancias en tratamientos médicos, entre otros.

A través de un comunicado el órgano informó que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo artículo 40, establece obligaciones a cargo de los integrantes e la totalidad de instituciones de seguridad pública, entre las que destacan la prevista en su fracción XXIV, que determina que aquellos deben abstenerse de consumir dentro o fuera del servicio, u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las instituciones.

La SCJN estableció dicha excepción que encuentra fundamento en la necesidad de garantizar que los miembros de las instituciones policías de los tres niveles de gobierno puedan continuar ejerciendo la función pública, respetando su derecho a recibir tratamiento médico que resulte adecuado a sus necesidades.

La Segunda Sala determinó que es claro que el artículo 51, en su fracción señalada, de la Ley Orgánica de la SSPDF, prevé como requisito de permanencia en las instituciones de seguridad pública de la Ciudad de México, una prohibición de consumo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes y otras de naturaleza análoga, debe entenderse que la prohibición únicamente refiere a que las sustancias cuyo uso no está legalmente permitido, y excluye el consumo de medicamentos controlados.

Por tanto, la Sala determinó que debe revocar la sentencia recurrida al ser distinta a la realizada por el Tribunal Colegiado de Circuito que la emitió, así como conceder el amparo para efecto que la autoridad emita una resolución en que declare la nulidad de la resolución administrativa impugnada y, en consecuencia, condene a la autoridad el pago de la indemnización y ordene la anotación de que el miembro de seguridad pública fue destituido de manera injustificada tanto en su expediente personal, como en el Registro Nacional de Seguridad Pública.

tls

Telefórmula en vivo

Artículos Relacionados

Back to top button