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Tribunal BCS concede amparo acusado de homicidio tras haber sido torturado

Un Tribunal Colegiado de Circuito en la Paz, Baja California Sur, concedió un amparo a una persona acusada de participar en un delito de homicidio calificado, tras haber sido torturada y no haber tenido la oportunidad de presentar pruebas en su defensa, situaciones por las cuales también ordenó una investigación y reponer el procedimiento.

Entre los responsables, la persona sentenciada a 25 años de prisión, señaló a las autoridades de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia estatal, con residencia en Mexicali, según se indica en un boletín de prensa.

El quejoso, fue internado en un reclusorio sur del Distrito Federal Sur tras haberse cumplimentado una orden de aprehensión girada por el Juez Segundo de lo Penal en aquella localidad luego de haber sido acusado por el Ministerio Público en tal delito.

El inculpado se encontraba a disposición del Juez Séptimo de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en el DF donde le era instruida la causa penal 105/2002 por los delitos de delincuencia organizada y otros.

Fue el 15 de febrero cuando se le dictó formal prisión por el delito de homicidio calificado y el 10 de junio de 2009 se le dictó sentencia en la que se le condenó a 25 años de prisión. Posteriormente, apeló en dos ocasiones ante la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado y en sendas resoluciones se le confirmó la sentencia.

En ambos recursos demandó careo con los policías ministeriales que lo detuvieron, en virtud de que tales agentes le torturaron para obtener su confesión, de la que después se retractó, así como también pidió careo supletorio con el testigo (ex cuñado de la víctima) y admisión de otras pruebas.

Al revisar los conceptos de violación, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región advirtió violaciones al procedimiento que vulneraron los derechos fundamentales del quejoso y trascendieron al resultado del fallo.

Asimismo, se desprende de dicho precepto que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Federal y con los tratados internacionales en la materia.

Adicionalmente se violó la garantía a la no autoincriminación, dado que el inculpado no puede ser obligado a declarar, ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan, razón por la que se prohíben la incomunicación, la intimidación y la tortura, por lo que la violación al mandato constitucional le quita a la declaración el valor de prueba confesional y de testimonio de calidad.

Además, atendiendo al principio interpretativo pro homine, para efectos de la protección del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura todo tipo de noticia o aviso sobre ese ilícito que se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones.

En este contexto, cuando los órganos jurisdiccionales, como es el caso, con motivo de sus funciones, tomen conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, deben tomar medidas a efecto de que las autoridades competentes procedan a investigar al respecto.

Acorde con lo anterior, el Código Penal de Baja California, dispone que cualquier servidor público que conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato y si no lo hiciere se le impondrá de seis meses a seis años de prisión y de quince a sesenta días multa.

Sin embargo, aclara que no basta la afirmación del inculpado de que fue objeto de tortura y que su confesión se obtuvo bajo coacción, para tenerla por demostrada.

El Tribunal Colegiado expresa que en este caso, ni el juez de la causa ni la Sala del Tribunal Superior de Justicia proveyeron lo conducente para que las autoridades ministeriales dieran una explicación sobre las lesiones que presentó el inculpado.

Al estimarse fundados los conceptos de violación, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado deje insubsistente el fallo reclamado y en su lugar ordene al Juez de primera instancia la reposición del procedimiento para que realice los siguientes actos procesales:

Dar vista al Ministerio Público para que se investiguen actos probablemente constitutivos de tortura que alegó el inculpado, ahora quejoso; ordenar la práctica de dictámenes periciales conforme al Protocolo de Estambul.

Solicitar informes a las autoridades que tuvieron bajo su custodia al inculpado desde su detención ante el Ministerio Público hasta su trasladado al Centro de Readaptación Social.

Además, ordenar el desahogo de cualquier prueba que sea necesaria para el esclarecimiento de los actos de tortura alegados por el inculpado.

Deberá intensificarse la aplicación de los principios de prontitud, eficacia e imparcialidad que deben permear en la indagación; así como la exclusión del quejoso de la carga probatoria sobre los actos de tortura denunciados.

Ordenar al Juez instructor que provea lo conducente para lograr la comparecencia de un testigo para la práctica del careo procesal que deberá sostener con el quejoso.

Una vez culminado lo anterior y llegada la oportunidad de dictar sentencia, se resuelva lo que en derecho proceda, en la inteligencia de que en el supuesto de que se demuestre la tortura como medio de obtención de la confesión incriminatoria del quejoso, deberá restárseles valor probatorio.

mlga



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