El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lleva tres meses sin resolver si el exministro Arturo Zaldívar debe ser investigado o no por vulnerar principios electorales.
Contrario a otros medios de impugnación, que en promedio se resuelven en 20 días posteriores a su recepción en el órgano jurisdiccional -según las propias cifras del TEPJF-, el asunto de Zaldívar parece haber quedado en el olvido.
En diciembre pasado, por mayoría de votos, el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que planteaba sobre qué instancia debía resolver el asunto, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o el Tribunal Electoral, fue rechazado.
Tras la decisión, la presentación de otro proyecto quedó a cargo de la ahora magistrada presidente, Mónica Soto, pero después de 11 semanas no ha circulado a sus pares un nuevo documento.
De acuerdo con las estadísticas del Tribunal Electoral, la magistrada presidenta tarda, en promedio, 21 días para resolver medios de impugnación. En el caso específico del Recurso de Revisión al Procedimiento Especial Sancionador, medio interpuesto por el ministro en retiro, Soto resuelve en 34 días.
Con base en estadísticas del Tribunal que van del 1 de enero al 21 de marzo de 2024, la Sala Superior termina procedimientos en 31 días; en el caso de la magistrada Soto, desde su llegada en 2016, resuelve por debajo de la media, es decir, en 20 días.
Si bien los magistrados no tienen plazos fatales para resolver asuntos, la tardanza en este caso impacta para conocer si el apoyo y reuniones de Zaldívar -previo a su renuncia a la Corte- con la entonces precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, resultaron infracciones electorales.
Zaldívar reveló intenciones para trabajar con Claudia Sheinbaum
El pasado 7 de noviembre, el exministro publicó en X su renuncia, al tiempo que Claudia Sheinbaum difundió una reunión entre ambos; un día después en entrevista, Zaldívar reveló sus intenciones de trabajo con la aspirante presidencial.
La asociación Movimiento Político Restaurador, relacionada con Eduardo Verástegui, presentó una queja ante el INE por supuestos actos anticipados de campaña.
Para el 21 de noviembre, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) había admitido la queja, sin embargo, el exministro Arturo Zaldívar impugnó este primer acuerdo.