El juez segundo de distrito en procesos penales federales con sede en el Estado de México giró una orden de aprehensión en contra del exfiscal de Guerrero cuando se dio la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Iñaki Blanco Cabrera, señalado por delincuencia organizada en relación con el caso.
También se giraron órdenes de aprehensión contra 6 exfuncionarios más del gobierno de Guerrero.
De acuerdo con Juan Antonio Jiménez, la orden también se giraron sendas órdenes contra Leonardo Octavio Vázquez, entonces secretario de Seguridad Pública de Guerrero por el mismo delito; así como contra la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Lambertina Galeana, investigada por obstrucción en la administración de justicia y desaparición forzada.
Las órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa también se giraron contra Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbide, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del Tribunal respectivamente, también acusados por haber borrado la información.
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También cuentan con órdenes de aprehensión el exjefe de la policía de Cocula César Nava González por delincuencia organizada y desaparición forzada y Francisco Salgado Valladares, subdirector de la policía de Iguala, por delincuencia organizada.
Estas órdenes forman parte de las 84 solicitudes que hizo el pasado 19 de agosto la Fiscalía General de la República por el caso Ayotzinapa.
La acusación contra el exfiscal y el secretario de Seguridad se dio con base en la declaración de un testigo protegido que señaló que ambos funcionarios recibieron recursos de parte de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Mientras que a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero se le señala por la pérdida o posible ocultamiento de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala de la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014.
De acuerdo con El Sur de Acapulco la importancia de estos videos para la indagatoria es que en ellos se registró el momento en que policías locales interceptaron uno de los autobuses donde se transportaban normalistas de Ayotzinapa la noche en que se dio su desaparición.
El medio refiere que el Tribunal informó entonces que los videos se habían entregado en julio de 2015 a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada por parte de dos funcionarios de ese órgano, por instrucciones de la presidenta; sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sostuvo en uno de sus informes que se presumía que esos videos habían sido destruidos.
Este lunes se cumplen 8 años del caso Ayotzinapa por la desaparición de 43 normalistas en Iguala, caso que el gobierno de la 4T se comprometió a resolver; sin embargo, hasta ahora no ha mostrado conclusiones definitivas sobre el crimen.