Este miércoles, el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó a imprimir las boletas electorales y toda la papelería que será utilizada para la revocación de mandato. La consulta ciudadana se realizará el próximo 10 de abril.
Todo el material que será utilizado durante la jornada de consulta será impreso en los Talleres Gráficos de México de la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
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El INE recalcó que cada una de las boletas que se utilizarán contarán con todas las medidas de seguridad que ayuden a dar certeza a este ejercicio.
Por su parte, Ariel García, director general de Talleres Gráficos de México, detalló que en las instalaciones se van a imprimir poco más de 95.5 millones de boletas, mismas que, aseguró, estarán listas en tiempo y forma.
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Para la jornada de consulta de revocación de mandato, el INE instalará un total de 57 mil casillas en todo el país, las cuales estarán integradas por 5 ciudadanos: presidente de casilla, secretario, escrutador y dos suplentes.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE aseguró que el Instituto garantizará que cada una de las más de 91 millones de mexicanas y mexicanos inscritos en la Lista Nominal cuenten con una boleta para poder participar en la consulta, en un mensaje compartido en sus redes sociales.
INE ajusta consulta a su presupuesto
Desde que inició el proceso para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, el presupuesto para llevar a cabo este ejercicio ha sido motivo de disputa entre el INE y el gobierno federal.
El INE solicitó a la Secretaría de Hacienda un incremento a su presupuesto para poder llevar a cabo la consulta, sin embargo este aumento les fue negado; en respuesta, el Instituto interpuso un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante los primeros días de febrero, la Corte resolvió que el INE está obligado a llevar a cabo la consulta ajustándose al presupuesto con el que cuenta.
"Se modifica la suspensión decretada el 10 de diciembre de 2021, solicitada por el Instituto Nacional Electoral, para que lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado, así como para que no se ejecute la resolución sobre algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General de dicho instituto”, señala el acuerdo emitido por la Corte el pasado 2 de febrero.