El Tribunal de Enjuiciamiento impuso a Rosalva N., exdirectora general del Instituto de Vivienda (INVI) de Baja California Sur, la sentencia de tres años de prisión por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades durante su gestión en la administración del exgobernador Carlos Mendoza Davis.
Este martes se llevó a cabo la audiencia de individualización de penas y sanciones, dónde, además de prisión, la exfuncionaria fue sentenciada a diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de más de 1.7 millones de pesos como reparación del daño.
La Fiscalía Anticorrupción del Estado logró acreditar que la exfuncionaria cometió faltas graves previstas en los artículos 53 y 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, al tramitar, autorizar y cobrar una autoliquidación en septiembre de 2021 por un monto de 1 millón 781 mil 212 pesos con 73 centavos, sin dejar el cargo y sin informar al Consejo Directivo del Instituto, del cual formaba parte.
Se trata de la primera sentencia condenatoria que logra la Fiscalía Anticorrupción en Baja California Sur en contra de un servidor público.
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La Fiscalía había solicitado la pena máxima de 8 años de prisión para Rosalva “N” sin embargo, esta resolución se convierte en un precedente para el combate a los delitos cometidos por servidores públicos
