Este miércoles comenzó el proceso de exhumación masiva de 262 cuerpos pertenecientes a personas fallecidas sin identificar que fueron inhumadas en el panteón de Coyula, en el municipio de Tonalá, entre el año 2017 y 2018, cuerpos que no cuentan con un archivo básico para su identificación.
El Gobierno de Jalisco aclaró que sólo intervendría personal ministerial y forense en las exhumaciones, por lo que le fue negado el acceso a las familiares de personas desaparecidas que estaban en el sitio. Por ello, Guadalupe Aguilar, titular del colectivo de búsqueda Fundej, acusó que se violentaron sus derechos de estar presentes en las exhumaciones, los cuales están establecidos en la Ley General de Víctimas y que hubo desdén por parte de las autoridades estatales.
Denunció la manipulación de cifras de cuerpos a exhumar, al señalar que son más de 300 cadáveres inhumados y no 262 como se ha dicho por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF):
“Nosotras firmamos de testigos en el Comité de Inhumación que presidía la maestra Consuelo (del Rosario González), era la titular de la Procuraduría Social en ese año y era la encargada del Comité de Inhumación y los colectivos de Fundej y Por Amor a Ellxs firmamos de testigos que se inhumaron más de 300 cuerpos”.
Algunos de estos cuerpos fueron resguardados en los llamados tráileres de la muerte, vehículos que circularon por varios puntos de la ciudad en 2018 debido a la saturación del IJCF.
Al respecto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) inició un acta de investigación y emitió medidas cautelares a autoridades de búsqueda del estado para que las exhumaciones se realicen con la debida diligencia, competencia y conforme a las normas y garantizar la ubicación, recuperación e identificación de cuerpos o restos humanos inhumados en el sitio.
También pidieron respetar el derecho de familiares de personas desaparecidas para estar presentes en las exhumaciones y ser informados de los procesos correspondientes.