Luego de que se diera a conocer que Inés Gómez Mont había tenido un acercamiento con las autoridades mexicanas para llegar a un acuerdo que le permitiera llevar su proceso legal fuera de la cárcel, más detalles acerca de dicha situación se han dado a conocer.
Fue en septiembre de 2021, cuando la Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer la existencia de una orden de aprehensión contra la conductora y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por supuesto lavado de dinero y delincuencia organizada. Fue entonces cuando la conductora desapareció de la vida pública y salió del país con toda su familia.
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Hasta el día de hoy se desconoce su ubicación, sin embargo, Marco Antonio Silva reveló que los abogados de la pareja, a quienes por cierto se les están pagando fuertes cantidades de dinero, parecen estar cerca de conseguir un acuerdo para colaborar con las autoridades y que a cambio les permitan seguir su proceso fuera de la cárcel.
"Sus abogados están haciendo un trabajo impecable. Están tratando de hacer una muy buena negociación para poder reducirle al máximo la condena a Inés Gómez Mont y a su marido, que pueda tener una pena de máximo cinco años, a cambio de volverse testigos protegidos y que la autoridad los ayude a que no tengan que purgar una condena de 50 años", comentó.
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De acuerdo al conductor de Todo para la Mujer, la familia de Víctor Manuel Álvarez Puga estaría corriendo con todos los gastos, pues habrían tomado la decisión de contratar a unos amigos que les cobran por hora.
"Tienen un despacho de abogados bastante fuerte, no es el que dirigía Victor Manuel Ávarez Puga, es un despacho de amigos de ellos el que está dirigiendo toda la cuestión legal de la pareja. Es un despacho bastante caro que cobra por hora aquí en México, es raro porque por lo regular cobran por caso o por proceso. En el caso de ellos les están cobran por hora", comentó.
Sobre el acuerdo al que la pareja pretende llegar dijo: "A él le espera Almoloya de Juárez y a ella un reclusorio del estado de Morelos a donde iría a parar. Ella está buscando la presunción de inocencia, que se respeten sus derechos humanos. Lo primero que está pidiendo es que a través de sus abogados se pueda minimizar la condena y ya después de esto pagar una penalización que es lo que requiere el SAT para que la puedan perdonar. Están buscando todas las herramientas para poder salir adelante".