Mexicana de Aviación comenzó la reserva de vuelos con miras a iniciar operaciones el próximo 2 de diciembre, sin embargo, los pagos de los boletos no se efecturarán sino hasta el 15 de noviembre, ¿por qué sucede esto? Aquí te explicamos.
Aunque la aerolínea, que ahora controlará el Ejército mexicano, ya comenzó a ofertar sus opciones de vuelos a 20 destinos nacionales, aún no puede cobrar por estos servicios debido a que todavía no cuenta con la concesión para prestar el servicio público de transporte aéreo nacional e internacional que otorga la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
De igual forma, requiere de un Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC) que otorga la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
En diversos ejercicios de reserva de vuelos realizada por Grupo Fórmula desde el pasado 2 de octubre, se pudo constatar que al generar la confirmación de la reserva de vuelos, la aerolínea advertía que las tarifas así como la emisión de los pasjes de abordar estaban sujetos a la aprobación gubernamental.
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Por lo que una vez que se tuviera la autorización, los usuarios serían notificados vía electrónica sobre los pagos de los servicios aéreos a partir del 15 de noviembre, fecha en la que la aerolínea estima obtenga los permisos de las autoridades aeronáuticas y del transporte.
Alertan por competencia desleal
La incursión de Mexicana de Aviación y del Ejército mexicano como actor del sector aéreo pone un nuevo foco de atención para los demás competidores de la industria en el país, pues podría desencadenar diversos impactos que pondrían en riesgo la competencia, alertaron expertos consultados por Grupo Fórmula.
El pasado 20 de abril, el Congreso de la Unión aprobó reformas a las leyes generales de Aviación Civil y Aeropuertos con lo que dio carta libre para que cualquier institución del Estado pueda participar en la administración de complejos aeroportuarios así como de líneas aéreas.
Aunque su implementación se encuentra bajo análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinará si el proceso legislativo que avaló las normas se dio conforme a derecho, su eventual aplicación ha prendido las alertas de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quien ya enumeró una serie de riesgos que implicaría la participación activa del gobierno en la administración de aeropuertos y aerolíneas al mismo tiempo.
Actualmente, el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y su Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V, son dueños del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como de la recién instituida Mexicana de Aviación.