El hallazgo de 383 cuerpos y seis restos humanos en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez fue confirmado por el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno este lunes, luego de que los cadáveres fueron localizados en condiciones insalubres el jueves de la semana pasada.
El funcionario declaró ante medios de comunicación que algunos de los cadáveres incluso tendrían entre tres y cuatro años almacenados, de acuerdo con estimaciones de peritos del Servicio Médico Forense.
También que la investigación apunta a un posible esquema de fraude en el que estarían involucradas al menos seis funerarias en Ciudad Juárez, pero aún se analiza si estas empresas tenían convenios directos con el crematorio o si utilizaron intermediarios.
Las funerarias que solicitaron el servicio del crematorio Plenitud, hasta el momento identificadas son: Luz Divina, Capillas Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno.
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“Yo creo va a ser difícil a veces determinar esto porque como todos tienen tratamiento. Esto hace que los residuos orgánicos ya no sirvan, me explicaban los peritos y para determinar la data de tiempo, etcétera. Pero, según los cálculos y por la experiencia de ellos, mínimo de 4 a 3 años había cuerpos ahí”, dijo.
Agregó que, a pesar de que no se han presentado denuncias formales de familiares, esperan que con la publicación del listado de funerarias involucradas, los ciudadanos comiencen a preguntar en Fiscalía, especialmente por parte de quienes creyeron haber recibido las cenizas de sus seres queridos.
Dos agentes estatales podrían estar entre los cuerpos
Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que analizan la posibilidad de que dos elementos de la corporación se encuentren entre los 383 cuerpos localizados en el crematorio "Plenitud" de Ciudad Juárez.
Jorge Armendáriz, vocero de la SSPE, indicó que, hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de la Fiscalía General del Estado.
Pero, debido a que apenas concluyó el proceso de individualización de los cuerpos, es necesario que las autoridades forenses determinen la identificación de las personas para vincular los restos con los registros de defunción.
Mientras avanza la investigación, dijo que la SSPE se mantiene en comunicación con las autoridades y que están en disposición de brindar apoyo a las familias de los agentes en caso de que se confirme la relación, así como se les brindarán los servicios funerarios y acompañamiento legal.
Dos órdenes de aprehensión
Jáuregui Moreno dijo que como parte del avance en el caso, fueron ejecutadas dos órdenes de aprehensión, una de ellas contra el propietario del establecimiento, José Luis Arellano Cuarón y otra contra un trabajador del lugar, Facundo Martínez Robledo.
Ambos enfrentarán cargos por los delitos de inhumación indebida de cadáveres, según lo previsto en el Código Penal y también por delitos contemplados en la Ley General de Salud, relacionados con el uso y disposición de restos humanos.
El fiscal refirió que en el caso de la inhumación indebida de cadáveres, las penas que contempla la ley van de 2 a 3 años de prisión y, en el caso de la Ley General de Salud, de resultar responsables podrían enfrentar penas que van de 6 a 16 años.
El hallazgo apunta a un esquema sistemático de fraude: funerarias que subcontrataban el servicio, cobraban por él y permitían que los restos terminaran abandonados.
FGE también irá por COESPRIS
Cabe resaltar que la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), el órgano responsable de las inspecciones sanitarias, fue quien autorizó.
Aunque el viernes de la semana pasada, Luis Carlos Tarín Villamar, titular estatal de COESPRIS, dijo que el lugar contaba con los permisos necesarios para operar, así como la última revisión que habían realizado fue en febrero de este año.
Este mismo funcionario también declaró que el establecimiento sólo recibiría sanciones administrativas y, en dado caso, económicas, debido a la serie de irregularidades con las que estaba operando, ya que hasta ese momento no se consideraba delito.
"Hasta donde yo sé, los documentos que presentó COESPRIS establecían que el negocio tenía permiso vigente. Ese es el dato que tengo y COESPRIS tendrá que responder porque hizo declaraciones en torno a que había hecho algunas revisiones. También eso vamos a investigar", comentó el fiscal general del Estado.
Por ello, Jáuregui moreno indicó que se iniciará una investigación también contra la propia Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), ya que personal del organismo declaró que el negocio contaba con los permisos vigentes.
Reiteró que ninguno de los cuerpos será cremado sin antes establecer su identidad y que las autoridades trabajarán para dar certeza a cada familia, así como tienen instrucciones de dar absoluta claridad sobre este caso.
