En plena Guerra Fría, mientras los ojos del mundo estaban puestos en Berlín, Moscú y La Habana, México desempeñaba un papel mucho más discreto, aunque profundamente estratégico.
Pese a que la política exterior de México era oficialmente neutral y su discurso nacionalista lo mantenía al margen de los grandes bloques ideológicos, los documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos revelan que el país estaba inmerso en las dinámicas de espionaje liderado por Washington.
De acuerdo con el cable de la Embajada de Estados Unidos en México, titulado “Narcotics Affairs Section Mexico Monthly Report for June 2010”, liberado bajo el caso F-2011-06095, México fue socio clave durante décadas en las operaciones encubiertas de inteligencia.
La colaboración entre agencias mexicanas y estadounidenses no se limitó a la guerra contra las drogas, sino que incluyó también tareas de recolección de información, sistemas de vigilancia, reforma de instituciones de seguridad y el desarrollo de tecnología de punta para monitoreo y control social.
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El documento señala cómo, ya entrado el siglo XXI, seguía vigente el impulso por fortalecer los sistemas de inteligencia mexicanos, mediante proyectos financiados y diseñados en conjunto con agencias como la CIA y la DEA.
La red de espionaje
Una de las piezas más reveladoras es el proyecto para reforzar al Centro Nacional de Inteligencia (CISEN), órgano responsable de recolectar datos estratégicos a nivel nacional.
En junio de 2010, el gobierno mexicano recibió un informe técnico con requerimientos específicos para modernizar 10 centros de entrevistas confidenciales a lo largo del país, conectados mediante redes seguras.
Además, el cable describe la implementación de un sistema biométrico para el Instituto Nacional de Migración (INM), con estaciones de enrolamiento y verificación distribuidas por 28 puntos estratégicos del país.
Este tipo de infraestructura facilitaba el control migratorio pero también alimentaba las bases de datos utilizadas por agencias de inteligencia para mapear movimientos humanos, un recurso invaluable en contextos de conflicto geopolítico o amenaza transnacional.
Mientras que el programa “Desarrollo de Instituciones Confiables” incluía evaluaciones con polígrafo, investigaciones de antecedentes y la creación de unidades de asuntos internos dentro de las corporaciones policiacas mexicanas.
Iniciativa Mérida: fachada antidrogas, fondo estratégico
La Iniciativa Mérida, un programa de cooperación en seguridad entre Estados Unidos, México y varios países de Centroamérica, se desarrolló de 2007 a 2021. En México, el acuerdo fue pactado por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón y su homólogo estadounidense George W. Bush.
El documento indica que México desarrolló centros de comando y control diseñados para operar ante desastres naturales o ataques de gran escala, como el conocido “Búnker” de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), construido con asesoría estadounidense.
Aunque una gran parte de estos programas fueron justificados bajo el paraguas de la Iniciativa Mérida (el acuerdo bilateral para combatir el narcotráfico), el enfoque de muchos de estos esfuerzos tenía una dimensión claramente ligada al espionaje y la geopolítica.
En particular, la construcción de capacidades de vigilancia masiva, monitoreo de llamadas, sistemas de mensajes ciudadanos y controles biométricos forman parte del mismo arsenal de herramientas que históricamente se utilizaron durante la Guerra Fría para vigilar a posibles enemigos del Estado.
México se convirtió en un aliado silencioso en la estrategia hemisférica de control y contención, pues en territorio mexicano albergó las infraestructuras que permitieron a Estados Unidos extender su red de influencia.
Sin embargo, también perdió parte de su autonomía en temas clave de seguridad nacional y, aunque el documento no lo menciona directamente, México fue el país que escuchaba en silencio.
